La decisión saudí de expulsar a cientos de miles de inmigrantes inquieta la región

La decisión de Arabia Saudí de expulsar a los inmigrantes que no tengan la documentación en regla está causando enfrentamientos dentro del reino y poniendo en aprietos a los países de origen de los trabajadores. Tres ciudadanos etíopes y un sudanés murieron el mes pasado cuando policías y agentes de paisano buscaban sin papeles en Riad. Etiopía, uno de los más pobres de África, ha anunciado hoy que ya ha repatriado a 100.000 nacionales y otros 50.000 esperan en campos de detención. Yemen, Sudán y Pakistán, también se están viendo afectados por este repentino aluvión.

“Los regresados de Arabia Saudí alcanzaron 100.620 la pasada noche”, ha informado esta mañana el ministro etíope de Asuntos Exteriores, Tedros Adhanom, en un comunicado. “Todos los ciudadanos que estaban detenidos en campos de deportación en Riad están de vuelta”, añadía. No obstante, su departamento aún espera a otros 50.000 etíopes que no pudieron regularizar su situación antes de que, el pasado 4 de noviembre, concluyera la amnistía para que los inmigrantes arreglaran sus visados, o se fueran voluntariamente del país.

Los etíopes no han sido los únicos afectados. Por lo menos 11.000 trabajadores han regresado de forma voluntaria a Sudán, según informaba la prensa de ese país la semana pasada. También han sido expulsados 54.000 paquistaníes de los cerca de un millón que trabajan en el reino. Pero quizá la comunidad más afectada sean los yemeníes, entre 200.000 y 300.000 de los cuales se estima que residen de forma irregular en Arabia Saudí y se sumarán al ejército de desempleados entre los que recluta Al Qaeda. Además, hay indios, bangladeshíes, filipinos, nepalíes y hasta 14 nacionalidades en las mismas circunstancias.

Sin embargo, numerosos vídeos clandestinos difundidos a través de las redes sociales muestran a los etíopes como los más activos en las protestas contra su expulsión que se han producido sobre todo en Riad. Los saudíes les asocian con redes delictivas dedicadas al tráfico de bebidas alcohólicas y la prostitución, ambos prohibidos en el reino. Etiopía es el segundo país más poblado de África con 91 millones de habitantes y uno de los más pobres del continente. Cada año decenas de miles de sus ciudadanos se juegan la vida cruzando el golfo de Adén en pateras con el objetivo de llegar a Arabia Saudí en busca de trabajo y mejores oportunidades de futuro.

Aunque la falta de transparencia del sistema saudí hace difícil saber cómo surgieron las protestas, todo indica que fueron violentamente acalladas por la policía y civiles armados con palos. Las manifestaciones de todo tipo están prohibidas en Arabia Saudí.

El Gobierno etíope ha dicho que tres de sus ciudadanos murieron en esos enfrentamientos. También ha reconocido que hay algunos detenidos, sin precisar su número. La prensa saudí se ha hecho eco de la muerte de un sudanés el 13 de noviembre, y de un saudí y otros dos hombres de los que no precisa la nacionalidad cuatro días antes.

Human Rights Watch (HRW) ha criticado la violenta represión y pedido a las autoridades que investiguen la violencia. La organización de defensa de los derechos humanos advierte del riesgo que suponen las condiciones en las que están confinando a los trabajadores que van a deportar en centros de detención provisionales sin alimentación ni servicios sanitarios adecuados. Algunos han dormido a la intemperie a pesar de las fuertes lluvias que hace un par de semanas afectaron a Riad.

“Durante meses, las autoridades saudíes han estado tachando de delincuentes a los inmigrantes en los medios de comunicación y agitando los sentimientos contra ellos para justificar la represión”, ha declarado Joe Stork, el vicedirector para Oriente Próximo de HRW. “Ahora el Gobierno saudí tiene que contener a los ciudadanos saudíes que están atacando a los trabajadores extranjeros”.

La violencia que estalló el mes pasado contra los etíopes sigue a meses de informaciones en la prensa saudí responsabilizando a empleadas del hogar etíopes de ataques brutales contra las familias saudíes para las que trabajaban. El pasado julio, funcionarios saudíes anunciaron la detención de 200 mujeres etíopes por “problemas psicológicos”, lo que permitió al Ministerio de Trabajo prohibir temporalmente la contratación de trabajadores de esa nacionalidad.

Hasta ahora casi 9 millones de los cerca de 30 millones de habitantes de Arabia Saudí son extranjeros. Constituyen más de la mitad de la fuerza laboral, sobre todo en el sector servicios, la industria y la construcción. Las autoridades han justificado la persecución de los inmigrantes como un esfuerzo por combatir el elevado paro entre los saudíes, aunque muchos observadores dudan de que éstos vayan a aceptar ese tipo de empleos.

Desde que empezó la operación contra los trabajadores irregulares en marzo, un millón de yemeníes, indios, paquistaníes, bangladesíes, nepalíes y filipinos han abandonado el país. Se espera que la actual persecución de quienes no han aprovechado la amnistía para regularizar su situación permita expulsar a otro millón más.