El Senado mexicano rompe un tabú y aprueba la reelección de políticos

El Senado mexicano levantó la madrugada de este miércoles el veto a la reelección consecutiva, un tabú que había dominado la vida política del país desde 1933. Los legisladores modificaron 29 artículos de la Constitución en una sesión que duró 14 horas. La reforma político-electoral fue aprobada con 106 votos a favor, 15 en contra y una abstención. La hoja de ruta de esta reforma fue dictada por la oposición, el Partido Acción Nacional (PAN, de derechas) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que deseaban dar más certidumbre a los procesos electorales y tratar de resquebrajar el poder que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ejerce a través de algunos gobernadores en los estados del país. Varios integrantes de la izquierda, sin embargo, criticaron la reforma en el pleno asegurando que muchos de sus puntos protegían el status quo del régimen político y de partidos.

La reelección consecutiva será una realidad a partir de 2018. Después de ochenta años de estar prohibida, los diputados y senadores podrán volver a aspirar a repetir mandato hasta por 12 años. Los alcaldes podrán reelegirse un periodo más. El presidente de la República y los gobernadores no cuentan con este beneficio, lo que sigue obedeciendo al reclamo de “no relección” surgido en la Revolución mexicana. La releección se reintroduce, según el dictamen, para que los legisladores tengan “un vínculo más estrecho” con los electores. La propuesta ha causado polémica porque solo permite al candidato que desee reelegirse a ser postulado “por el mismo partido” con el que ganó la primera vez. EL PAN defiende el candado asegurando que es “para evitar el transfuguismo”. La izquierda, en cambio, afirma que mantiene “el mismo status quo” de los partidos políticos al obstaculizar la posibilidad de que un ciudadano se reelija o no como candidato independiente o por otro organismo. Algunos ciudadanos se manifestaron en contra esto en la sesión del pleno y fueron expulsados violentamente del Senado.

La oposición logró la creación de un Instituto Nacional de Elecciones (INE) que asumirá tareas de organización de tres mil elecciones y capacitará consejeros de los institutos estatales, restando poder a los caciques locales. El INE “amarrará las manos a los gobernadores que quieran manejar a su antojo los institutos locales”, explicó la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo.

La reforma permitirá a los partidos políticos en México formar gobiernos de coalición. La finalidad es “contar con un gobierno unificado” donde el Congreso designará a los funcionarios del gabinete. Esto pretende mejorar el escenario de un país que ha sido polarizado en sus últimas dos elecciones presidenciales. La primera de ellas, en 2006, donde el candidato ganador, Felipe Calderón, tuvo poco margen de gobernabilidad tras haber obtenido un cuestionado triunfo por una diferencia de 0.56% de los votos. La segunda, en 2012, en la que Enrique Peña Nieto triunfó en medio de señalamientos de irregularidades. La izquierda logró meter a la reforma el tema de la nulidad de las elecciones que excedan por un mínimo del 5% el techo de financiamiento de las campañas cuando haya una diferencia de cinco puntos o menos entre los candidatos en disputa.

Las senadoras mexicanas lograron garantizar que los partidos políticos postulen al mismo número de hombres y mujeres para puestos de elección popular. La reforma convirtió la Procuraduría General de la República en una Fiscalía general y otorgaron autonomía al CONEVAL, un organismo que evalúa la eficacia de los programas sociales.

Las modificaciones político-electorales eran el último paso antes de discutir la reforma energética, el pináculo en el proyecto reformista de Enrique Peña Nieto. Las comisiones encargadas de dictaminarla estaban convocadas para trabajar la tarde de este miércoles en medio de un aparatoso operativo de seguridad que blinda las instalaciones de la cámara con vallas de dos metros de alto. En la calle, un grupo de representantes de la izquierda, que se oponen a la apertura de los hidcrocarburos a la inversión privada, impide el paso al Senado. El Gobierno pretende votarla antes de que finalice la semana.