Dos policías muertos en una emboscada en Michoacán

En los últimos meses, la palabra más repetida cuando se habla de violencia en México es Michoacán. En su frontera con Jalisco, al oeste del país, ha sido hallada una fosa con al menos 50 cuerpos (pero se teme que sean aún más). En sus pueblos más cercanos a la Sierra han germinado los grupos de autodefensa, civiles armados en pie de guerra con el cartel del narcotráfico que domina la zona. Y en sus caminos suelen ocurrir emboscadas contra los agentes federales que patrullan la región. Ayer hubo otra más. Murieron dos policías y otros nueve resultaron heridos.

La emergencia de seguridad ha causado que, en este año, sean destinados más militares y policías federales (el cuerpo que controla el Gobierno central y no los regionales) para intentar controlar la situación. No es nada nuevo. Michoacán fue el primer Estado mexicano al que Felipe Calderón envió al Ejército al inicio de su ofensiva contra el narcotráfico en diciembre de 2006. Pero la escalada de violencia de este año, aliñada con la aparición de los autodefensas y las continuas emboscadas en las carreteras (un vicealmirante fue asesinado en julio, el más alto cargo muerto en la guerra contra el narco) obligaron al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a destinar aún más oficiales. El secretario de Gobernación (ministro de Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, dijo ayer que las fuerzas se mantendrán hasta que “la sociedad tenga la seguridad que merece y reclama”.

La preocupación en el gabinete de Peña Nieto es evidente. El otro hombre fuerte del presidente, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció hoy que en Michoacán “está en riesgo el Estado mexicano”. Hay por lo menos cinco municipios que son controlados por los grupos de autodefensa, que expulsaron a los alcaldes por acusarlos de vínculos con el narcotráfico. Otro de los alcaldes de Michoacán, Ygnacio Mendoza, murió asesinado hace unas semanas después de que había denunciado presiones y amenazas de narcotraficantes y funcionarios en colusión con las bandas del crimen organizado.

Hay por lo menos cinco municipios que son controlados por los grupos de autodefensa

A la violencia creciente se añade una crisis de gobernabilidad: el gobernador actual, Fausto Vallejo Figueroa, dejó el cargo a unos meses de asumirlo en febrero de 2012, por una enfermedad que se ha negado a detallar. Dejó el cargo a su secretario de Gobierno, Jesús Reyna. Recuperado del padecimiento, retomó el poder en octubre. Michoacán es además el Estado del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que nació en Morelia (su capital), pero la paradoja es que durante su Gobierno mantuvo unas espinosas relaciones con el mandatario local, Leonel Godoy Rangel, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). El medio hermano de Godoy Rangel, Julio César Godoy Toscano, dejó su escaño de diputado en 2009 después de que fuera acusado de vínculos con el narcotráfico. Godoy Toscano está prófugo.

Los dos muertos de ayer se añaden a una sangría constante en Michoacán, que está aun paso de terminar un año en que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno mexicano. El Ejército desplazó a inicios de este mes a la policía local de Lázaro Cárdenas, en la costa pacífica, el puerto de carga más importante del país, por sospechas de que también colaboraban con el crimen organizado. En octubre, representantes de grupos de autodefensa organizaron una protesta (sin armas) en Apatzingán, la mayor ciudad de Tierra Caliente, la región más aquejada por el narcotráfico y una tierra pródiga en el cultivo de la marihuana y la producción de metanfetaminas. Los recibieron con granadas y tiros ante la mirada de militares y policías federales.

Los medios locales informan que los enfrentamientos continúan. Otro tiroteo en la carretera a Apatzingán, otro más en Los Reyes, uno en Buenavista. Otro día en Michoacán.