Maduro ocupa otra empresa para evitar el desabastecimiento

La cadena de electrodomésticos Daka, donde comenzó la ofensiva económica del presidente Nicolás Maduro para combatir la inflación, ha sido ocupada temporalmente por el Gobierno a través del Indepabis, el órgano estatal para la defensa del consumidor. Son cinco sucursales ubicadas en puntos clave del país que, en lo sucesivo y por tiempo indeterminado, serán administradas por un militar, el coronel Hermes Carreño, para garantizar la reposición del inventario.

A medida que se profundiza la confiscación y remate de mercancías de todos los bienes que oferta la empresa privada también han bajado significativamente las existencias. El viernes pasado, en una de las sucursales de Daka, ya no quedaban televisores, lavadoras y neveras y los encargados de manejar la tienda desconocían cuándo serían repuestos. A esa escasez se añade la preocupación del Gobierno por no provocar con sus decisiones el cierre de un negocio de capital privado, mucho menos antes de las cruciales elecciones municipales que se celebrarán el próximo 8 de diciembre, que serán una prueba para medir la fortaleza del liderazgo de Maduro. Dos datos ilustran esta inquietud no reconocida. En los últimos trece años han cerrado 107.000 empresas en Venezuela. Y el número de industrias ha caído un 36% desde 1998, según cifras del Instituto Nacional de Estadística.

El Gobierno, a pesar de esto, ha conseguido disimular las cifras de desempleo incluyendo a los trabajadores temporales en el cálculo del índice y a aquellos sumados a la burocracia del Estado bajo la figura de las Misiones, los programas sociales fundados con la asesoría castrista desde 2003. En octubre, esa cifra mantuvo su promedio –el índice de desempleo fue de 7,6%- pero no son pocos los analistas que anticipan que ese indicador subirá si se cumple el vaticinio de cierre hecho por los gremios empresariales tras la radicalización de los controles.

En lo sucesivo los empresarios se regirán por la Ley Orgánica para el Control de Costos, Precios y Ganancias y la Protección de la Familia Venezolana, que establece topes a la utilidad máxima que puede obtener un negocio. “Nosotros jamás podríamos pedirle al empresario que venda a pérdida”, ha respondido el vicepresidente Jorge Arreaza para contestar a las críticas que auguran que las decisiones del Gobierno quebrarán al sector privado.

Esa sola posibilidad, no obstante, ha provocado que el Ejecutivo comience a moverse para mantener las tiendas abastecidas. El mayor general Hebert García Plaza, jefe del Órgano Superior para la Economía, aseguró durante una intervención televisada en la estatal Venezolana de Televisión que el viernes la cadena volvería a abrir con suficiente oferta para que los venezolanos puedan adquirir electrodomésticos “a precios justos”.

“Tenemos que garantizar la continuidad laboral y el trabajo de tres cooperativas asociadas con esta empresa. Tengan la seguridad de que va a haber productos. A partir del próximo fin de semana habrá venta para todo el pueblo venezolano”, agregó. También el viceministro del trabajo estaba presente en la tienda Daka y garantizó que los trabajadores cobrarán su salario el último de noviembre y la diferencia del aguinaldo, que no incluía en el cálculo inicial el pago de comisiones sobre el salario. Todo forma parte de un latiguillo que suelen emplear los funcionarios públicos cada vez que expropian una empresa privada: “La estabilidad de los trabajadores está garantizada”.

Todo esto ocurre mientras prosiguen las inspecciones para obligar al comercio a rebajar los precios. Este miércoles, el brazo implacable del Gobierno llegó hasta una conocida tienda de instrumentos musicales en Caracas, llamada La piña musical, donde se presentó el ministro de Cultura, Fidel Barbarito, para denunciar el sobreprecio de los instrumentos y accesorios. “Los hombres de las artes tienen derecho a precios justos en sus herramientas de trabajo”, explicó antes de anunciar una multa al negocio. Más tarde, un grupo de visitantes de la tienda protestó contra la medida. Otros esperaban la rebaja en los precios para gastar su dinero.

En los últimos trece años han cerrado 107.000 empresas en Venezuela. Y el número de industrias ha caído un 36% desde 1998

Hay un antecedente nada auspicioso para entender la efectividad de las ocupaciones temporales. El 21 de septiembre, el Gobierno se instaló en Manpa, una empresa productora de papel higiénico, con la esperanza de regularizar el suministro de ese insumo. Al cierre de ese mes, en 79 de cada 100 establecimientos comerciales de Caracas no se conseguía ese producto, mientras que en diciembre de 2012, el número de locales desabastecidos se ubicaba en 17, según el índice de escasez publicado por Banco Central de Venezuela. Dos meses después de la decisión cuesta ubicar el producto y, cuando los clientes lo consiguen, se llevan el máximo de empaques permitidos. En Venezuela, la gente comienza a acaparar comida y bienes de cuidado personal previendo que los próximos meses serán complejos y difíciles por los bajos inventarios.

Para que esa sensación de desasosiego se acreciente basta escuchar los partes de los gremios empresariales. “Algo más de 30% cayeron los inventarios de las unidades durante el tercer trimestre de 2013 en comparación con el mismo período del año anterior”, informó el presidente del Consejo Nacional de Comercio (Consecomercio), Mauricio Tancredi, en el marco de un evento que celebraba el Día Nacional del Comercio y los Servicios en Caracas. Mientras los empresarios siguen sacando cuentas para evaluar la viabilidad de su negocio con las nuevas regulaciones, el Gobierno incursiona en nuevos sectores de la economía. Ahora se ha convertido en un importador de electrodomésticos. A cualquier precio quiere evitar que el fin de los inventarios arruine la promesa de los precios justos.