Una de cada tres mujeres ha sido agredida por su pareja en Latinoamérica

En un vergonzoso fenómeno que verdaderamente no conoce barreras geográficas ni clases sociales, una de cada tres mujeres en Latinoamérica ha sufrido agresión, física o sexual, a manos de sus parejas.

La violencia de género está tan extendida que se ha convertido en un problema de salud pública mundial y en un lastre para el desarrollo de los países, según datos de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial.

Se trata de 938 millones de mujeres agredidas en el mundo, una cifra que, de acuerdo a los expertos, sólo parece mostrar parte del problema porque muchos incidentes no son denunciados.

En América Latina los datos varían grandemente, con índices de agresión a la mujer que van desde el 18% en la República Dominicana, hasta más de 50% en algunos países de Centroamérica. En Perú, el porcentaje de mujeres entre 18 y 49 años agredidas por sus parejas era de 39% en el 2008. En Paraguay, el dato es 20% para el mismo período.

“La violencia de género es un ultraje global, y un desafío al desarrollo, que no conoce fronteras económicas o culturales”, afirma el especialista en género Renos Vakis, del Banco Mundial, y agrega que el costo económico y social de este tipo de agresiones es cada vez más alto.

Diversos estudios demuestran que las mujeres expuestas a violencia de género en el hogar y en el trabajo, ganan menos sueldo y exhiben un menor desempeño y estabilidad laboral.

Los efectos de la violencia doméstica son acumulativos y también impactan al crecimiento del país: desde pérdidas de productividad de 1.2% del Producto Bruto Interno (PIB) en Brasil o 1.6% en Nicaragua, hasta un 2% en Chile. (Para tener una idea de la magnitud de este costo basta compararlo con el gasto público en educación primaria que en Chile es, por ejemplo, 1.3% del PIB.)

¿Qué se está haciendo al respecto?

Muchos países han aprobado leyes contra la violencia doméstica pero aún hay una brecha muy grande entre la implementación y la legislación, según los expertos. Por ejemplo, Brasil aprobó recientemente la ley María da Penha, que refuerza la prevención y las penas a los agresores.

Otros esfuerzos tratan de conectar las soluciones convencionales con la oferta tecnológica del siglo XXI, como, por ejemplo, un hackathón de aplicaciones contra la violencia doméstica que produjo recientemente unas 300 apps, de las que se seleccionaron media docena, que ahora están siendo implementadas con el respaldo del Banco Mundial.

El acceso casi universal a los teléfonos móviles en Latinoamérica (107 aparatos por cada 100 personas) convierte a estos dispositivos en poderosos aliados en la prevención de la violencia contra las mujeres.

Esto es especialmente cierto en Centroamérica, donde el problema es agudo.

“¿Tienes novio? ¿Ya tuvieron relaciones? ¿Sí? ¿No?”. Estas preguntas que parecen sacadas de una encuesta de revista para adolescentes son, en realidad, parte de la iniciativa Actúa por la Vida, de Costa Rica, que busca detectar y ayudar a víctimas potenciales de violencia de género.

La encuesta se difundirá en canales como Facebook y otras redes sociales, y está diseñada para ayudar a las adolescentes a identificar patrones que les indiquen que pueden estar siendo víctimas de su pareja y alentarlas a buscar ayuda.

Javier Vindas, del equipo que desarrolló la encuesta, explica que esta nueva herramienta ayuda a los profesionales de prevención a superar un obstáculo muy importante. “Elimina esa brecha que tienen cuando llegan a hablar con las adolescentes, porque a ellas no les interesa, o porque piensan que no están en situaciones de violencia”, dice.

Este tipo de barrera generacional se amplifica en zonas rurales, donde se mezclan la brecha tecnológica y el aislamiento de las comunidades.

En ese caso funcionan mejor las iniciativas simples y adaptadas a la situación local. El proyecto Matilti, en El Salvador, consiste en enviar una palabra clave por SMS. Las alertas llegan directamente a la ONG Colectiva de Mujeres por el Desarrollo Local, pero ya se está trabajando en incorporar a autoridades, como la policía municipal.

Una idea similar se está probando en Panamá, donde crearon un “semáforo” para el celular. La usuaria de la aplicación selecciona a 10 personas o instituciones a las que les llegará la alerta. Cada uno de estos 10 receptores sabe cómo actuar según el color –verde, amarillo o rojo- de la alerta enviada. En enero estará disponible en sistema Android.

Los expertos admiten que la tecnología en sí misma no es la solución al problema, sino una herramienta importante que, eso sí, tiene una ventaja sobre las demás: permite pensar y actuar colectivamente.

“En cuanto se pueden juntar varios actores y realmente pensar en el problema y en la respuesta, y medir el impacto, ahí vamos a ver cuánto se puede reducir la violencia doméstica”, afirma la experta en género, María González de Asís, del Banco Mundial.

José Baig es editor online del Banco Mundial