Una década de desafíos y castigos

El rifirrafe nuclear con Irán empezó en el verano de 2002. Ese país, como otros signatarios del Tratado de No Proliferación (TNP), recibía visitas periódicas de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para vigilar sus instalaciones, básicamente un reactor de investigación de Teherán y un proyecto para construir una central de energía en Bushehr, al suroeste. Pero entonces un grupo disidente reveló la existencia de un programa secreto. Eso hizo sospechar que la República Islámica buscaba la bomba.

La diplomacia estadounidense se movilizó para conseguir que el OIEA tomara cartas en el asunto. Un año después, ese organismo daba un ultimátum a Teherán para que demostrara que no tenía objetivos militares. En noviembre, Teherán anuncia que suspende sus actividades y que permitirá que los inspectores visiten las instalaciones descubiertas. El OIEA no encuentra inicialmente nada sospechoso, pero en su informe de junio de 2004 alerta de que Irán no está cooperando.

El aumento de la tensión, con frentes abiertos en Afganistán e Irak, lleva a una troika europea formada por Reino Unido, Francia y Alemania a buscar una salida negociada. Los esfuerzos europeos y el temor de Irán a ser el siguiente en la lista de Bush (que lo había incluido en su ominoso eje del mal), le llevan a aceptar suspender su programa de enriquecimiento de uranio (todavía por debajo del 5% y en pequeñas cantidades). El jefe negociador iraní era el hoy presidente Hasan Rohaní.

La suspensión se mantuvo hasta agosto de 2005. Acababa de tomar posesión un desconocido Mahmud Ahmadineyad cuando se reanudó el procesamiento de uranio en la planta de Isfahán. En una entrevista con esta corresponsal, Hossein Mousavian, que fue portavoz de los negociadores iraníes en aquel periodo, rechazó que esa decisión fuera cosa del luego notorio presidente y la atribuyó al incumplimiento del pacto alcanzado con los europeos “porque no tenían el respaldo de EEUU”. En cualquier caso, el OIEA declaró que Irán estaba violando el TNP.

En los meses siguientes, Irán retiró los precintos del OIEA en la planta de Natanz, donde se estaban instalando las primeras centrifugadoras para enriquecer uranio (el proceso por el que se purifica ese mineral y que eventualmente puede convertirlo en material fisible para una bomba). El OIEA envió el caso al Consejo de Seguridad de la ONU. Se inició entonces una espiral de provocaciones, resoluciones condenatorias, medios pactos, sanciones e intentos fallidos de negociación que sólo este fin de semana parecen haber llegado a su fin.

A cada nueva resolución (y han sido seis), un desafiante Ahmadineyad respondía con un nuevo avance del programa: el primer uranio enriquecido (abril 2006), producción industrial (abril 2007), aumentan las centrifugadoras, la planta de Fordo (septiembre de 2009) o el enriquecimiento de uranio al 20%, poco después. El trabajo de los inspectores se hace cada vez más difícil. No pueden probar que haya un programa militar, pero encuentran inconsistencias y pistas sospechosas.

Ni las cuatro resoluciones sancionadoras de la ONU, ni el esfuerzo de los europeos, a los que se han unido EEUU, China y Rusia, entonces bajo la batuta de Javier Solana, logran cambiar el curso emprendido por Irán. Hasta que a finales de 2011, Washington decide otra vía de actuación: atacar el sector financiero iraní hasta bloquear sus ventas de petróleo. En lugar de negociar laboriosos y a menudo frustrados acuerdos en el Consejo de Seguridad, presiona a los bancos que trabajan con dólares (todos). Poco a poco, se estrecha el cerco a Teherán.

La combinación de las sanciones y de la mala gestión de Ahmadineyad prepara el camino para que el pasado junio los iraníes elijan presidente al hombre que promete restablecer las relaciones con el mundo, y sus líderes hayan asumido que tienen que encontrar una fórmula de coexistencia que salve la República Islámica. Será la segunda vez que el futuro del programa está en manos de Rohaní.