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La UE se plantea lanzar una misión militar contra el tráfico de inmigrantes

Italia pide a Catherine Ashton reforzar la vigilancia y el salvamento en el Mediterráneo

Lucía Abellán
Soldados italianos portan el cadáver de un inmigrante ahogado.
Soldados italianos portan el cadáver de un inmigrante ahogado.ROBERTO SALOMONE (AFP)

La tragedia de Lampedusa ha elevado el rango que algunos países europeos quieren dar a la lucha contra los naufragios en el Mediterráneo. La Unión Europea discutirá el próximo lunes una propuesta impensable hasta el momento: establecer una misión militar en el Mediterráneo para evitar tragedias como la que a principios de octubre costó la vida a más de 300 personas que intentaban alcanzar la isla italiana. Los ministros de Exteriores evaluarán la medida, reclamada por Italia, que en principio se enfrenta a los recelos de una buena parte de los Estados miembros, según las distintas fuentes consultadas.

Europa tiene poca tradición de operaciones militares conjuntas, ya que los países recelan de cooperar en un terreno considerado eminentemente nacional. En una carta dirigida a la alta representante de la Política Exterior comunitaria, Catherine Ashton, la ministra italiana de Exteriores, Emma Bonino, anima a superar esas barreras e invoca el único precedente de misión militar conjunta en las costas de la UE: la Operación Atalanta, establecida en 2008 para luchar contra la piratería en Somalia.

Los Estados recelan de cooperar en un ámbito que consideran nacional

Aunque en principio las políticas migratorias dependen de cada Estado y los encargados de coordinarlas son los ministros de Interior, Bonino cree que la política exterior y de seguridad europea debe poner en marcha una operación para perseguir a las mafias que trafican con los inmigrantes para llevarlos ilegalmente a las costas europeas.

Fuentes comunitarias dudan de que la idea consiga el respaldo necesario y advierten de que hay otras soluciones más sencillas. Antes de pedir la intervención militar europea, Italia ya ha lanzado su propia operación, Mare Nostrum, para reforzar la vigilancia de las costas y ayudar en potenciales rescates, algo que también reclama a la UE.

Los ministros de Exteriores podrían optar también por lanzar una misión de carácter civil, con una ventaja —al menos a efectos presupuestarios— respecto a la militar. Mientras la coordinación militar requiere que sean los Estados miembros quienes aporten todos los recursos, la civil podría contar con financiación de la política europea de seguridad.

Ashton abordará este asunto con los ministros durante el almuerzo previsto dentro del Consejo de Exteriores que se celebrará el lunes en Bruselas. Más allá de las decisiones que emerjan de ese encuentro, la estrategia conjunta para prevenir naufragios en el Mediterráneo se aborda en un grupo especial que lanzó la Comisión Europea justo después de Lampedusa y que se reunirá el próximo miércoles. Ese foro intenta habilitar una ambiciosa operación de vigilancia conjunta que permita salvar vidas en el Mediterráneo. En este caso, Europa se enfrenta a sus propias contradicciones respecto a la inmigración. Muchos Estados miembros se oponen a reforzar el salvamento por el temor a que ese mensaje de que Europa rescatará a todo el que se acerque a sus costas provoque un efecto llamada que nadie quiere asumir.

Del grupo de trabajo deben salir también propuestas para financiar mejor a los Estados con elevada presión migratoria (en buena medida los del sur). La Comisión intenta igualmente —con poca receptividad de los Estados— ampliar los canales legales para entrar en la UE, de forma que la vía ilegal pierda atractivo. Los Estados ven poco realista esta opción y se niegan a cualquier opción aperturista, muy condicionados también por el populismo que gana terreno en el continente con un discurso contrario a la inmigración.

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Sobre la firma

Lucía Abellán
La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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