El Salvador procesará a 21 exfuncionarios por corrupción

La fiscalía persigue a los empleados públicos por tejer una red para beneficiar a una empresa privada con dinero público

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador ha ordenado a un tribunal de la capital, en una acción sin precedentes, el procesamiento de 21 exfuncionarios por delitos de corrupción que habrían costado al Estado unos 1.000 millones de dólares. Entre los acusados están el exministro de Economía, Miguel Lacayo, el expresidente de la compañía estatal de electricidad CEL, Guillermo Sol Bang, y José Antonio Rodríguez Rivas y Pedro José Escolán, cuñados respectivamente de los exmandatarios salvadoreños Francisco Flores y Armando Calderón Sol, quienes gobernaron entre 1994 y 2004.

El Fiscal General, Luis Martínez, anunció que no ha girado órdenes de captura contra los acusados. “Queremos que se acerquen a los tribunales y no salgan huyendo”, apuntó el fiscal. El fiscal espera que no ocurra como en el caso reciente de un ex ministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, a quien se acuso de graves malversaciones de fondos públicos en la construcción de una carretera, pero que en vez de enfrentar a la justicia se encuentra prófugo y es buscado por la Policía Internacional (Interpol).

Los 21 ex funcionarios acusados están involucrados en una madeja de supuesta corruptela que se generó a partir de una negociación entre la estatal CEL y la empresa italiana ENEL para crear una tercera llamada GEO. Esta explotaría el vapor del subsuelo (geotermia) para producir electricidad. En la trama se modificaron leyes y pactos entre los accionistas de la GEO, para que las inversiones de ENEL se convirtieran en acciones y que con el tiempo se convirtiera en accionista mayoritaria y dominara el asocio público-privado.

Además de enviar a instrucción formal por el delito de peculado al Juzgado Séptimo de Paz el caso, el fiscal Martínez ordenó un reclamo civil contra los acusados por 1.000 millones de dólares, por lo que serán embargados los bienes de todos los acusados.

En medio de la campaña presidencial 2014

Este escándalo afecta básicamente al partido derechista Alianza Republicano Nacionalista (ARENA), ya que los más importantes involucrados, como Sol Bang y Lacayo, son prominentes militantes de este partido que gobernó El Salvador entre 1989 y 2009, por lo que no ha faltado quien diga que es una acción de persecución política, con vistas a las elecciones de 2014.

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Incluso, el abogado de ENEL, Francisco Beltrand Galindo, denunció ante las cámaras de televisión que el presidente Mauricio Funes había sobornado y presionado, con 600.000 dólares, al Fiscal General para que procesara a los involucrados.

El fiscal Martínez aseguró que demandaría a Galindo por difamación, mientras que el presidente Mauricio Funes, negó cualquier presión ni acción política electoral, pero aseguró que con la investigación presentada por el Fiscal General “se ha puesto al descubierto un mecanismo perverso con el que grupos económicos afectaron al Estado durante los gobiernos anteriores”.

“Lo más importante es que se ha puesto al descubierto el mecanismo de como se operó en estos 20 años, un modus operandi donde grupos económicos y, a veces mafias, se hacían de los bienes del Estado pagando precios risibles”, finalizó Funes.

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