La liberación de reos causa una crisis judicial en Costa Rica

Fue un error. Eso parecen estar aceptando las autoridades penitenciarias costarricenses al revertir la decisión de liberar reos antes de que cumplan su condena para poder apresar a otros delincuentes o indiciados en las saturadas cárceles costarricenses. Los policías ahora buscan a decenas de esos delincuentes que son, en su mayoría, asaltantes y que ahora circulan en las calles de un país donde el deterioro de la seguridad es una preocupación diaria, a pesar de una leve disminución en las tasas en los últimos dos años.

El Ministerio de Justicia, a cargo de los 14 centros donde se aglomeran 14.000 reos en espacios para menos de 9.800, ya logró volver a llevar tras las rejas a 40 de los 370 excarcelados en octubre, cuando se aplicó una resolución judicial que ordenaba traslados o regímenes especiales para combatir el hacinamiento. Más de 300 entonces, circulan libres como lo hizo Darío, un joven de 23 años que salió de la prisión con este beneficio y tres días después participó en el asesinato de un comerciante en la provincia de Puntarenas (costa pacífica), según la policía judicial.

La polémica resolución, dictada por un juez de la sección de Ejecución de la Pena de San José, quedó ahora suspendida mientras se revisan los criterios mediante los cuales se eligió a los beneficiarios de esa excarcelación. Esto lo anunció tras fuertes críticas la ministra de Justicia, Ana Isabel Garita, con el apoyo expreso de la presidenta Laura Chinchilla, cuyo gobierno ha tenido como prioridad combatir la delincuencia en este país, menos violento que sus vecinos centroamericanos pero más que hace 15 años. La tasa de homicidios es menor a 10 por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales, pero los delitos contra la propiedad siguen preocupando a una población que cada vez invierte más dinero a protegerse con rejas, cámaras, alarmas o vigilancia privada.

Los robos y asaltos preocupan a la sociedad costarricense

“Ahora los policías tienen que perseguir a esos delincuentes camuflados entre toda la gente o en los precarios donde viven protegidos por su entorno. Lo que es cierto es que tendremos algunos asaltantes más en la calle, mejor preparados para delinquir que antes por todo lo que ya aprendieron en la cárcel. Fue un error tremendo”, dijo este viernes un jefe de policial que prefirió no dar su nombre para no atizar el conflicto con otras autoridades. El debate está abierto entre jueces, policías, investigadores, además de ciudadanos que se debaten entre políticas de mano dura o el régimen garantista que ve la delincuencia como una expresión de la desigualdad económica creciente en una sociedad que se jactaba de su homogeneidad.

La solución a la saturación en las cárceles no está clara. El gobierno de Costa Rica sufre la presión de un déficit fiscal que en 2014 podría acercarse al 6% del Producto Interno Bruto y tampoco ha sido capaz de aprovechar un préstamo de $50 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ratificado a principios del 2012. Este crédito se negoció a mitad de 2011, pocos días después de un motín en la sección de máxima seguridad de La Reforma (a 15 kilómetros de la capital), cuando murieron dos reclusos y un custodio.

Costa Rica está en una encrucijada, pues por un lado intenta reprimir delitos y se felicita por un sistema de tribunales que permite juicios expeditos, pero por otro lado las cárceles están atiborradas y siguen recibiendo internos a un ritmo de 17 cada día. El hacinamiento provoca problemas de seguridad, pero también la violación de derechos básicos de los internos, como argumentó el juez Roy Murillo, autor de la resolución que ahora quedó suspendida.

Las cárceles de Costa Rica reciben 17 nuevos presos al día

De momento, la ministra de Justicia espera el avance de proyectos que permiten reformular el régimen legal de encarcelamiento cautelar y las penas de prisión en delitos menores, después de que fracasó al pedir a la Corte de Justicia evitar condenas de cárcel para no agravar el hacinamiento. Partidos opositores, sindicatos, Defensoría de los Habitantes y expertos piden al Gobierno declarar emergencia nacional la situación de las cárceles, pues se prevé que la población reclusa seguirá aumentando.