Inocente para la Justicia mexicana, culpable en Chihuahua

“Me amenazaron con violar a mi esposa y a mi hijo y matarlos. Ahí ya dije que aceptada todo lo que ellos decían”. Israel Arzate, de 28 años, confesó bajo tortura en febrero de 2010 su participación en una de las peores masacres que se recuerdan en la fronteriza Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua, y en todo México. Fue encarcelado hasta que este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró nula la confesión y exigió su inmediata liberación.

La decisión del mayor órgano judicial del país ha caído como una losa sobre las autoridades del Estado de Chihuahua, que en los tres años y medio de encierro de Arzate han cacareado su culpabilidad hasta la saciedad pese a no existir ninguna sentencia en su contra. La decisión de la Corte presenta ahora como inocente a quien ya todos señalaron como culpable del asesinato de 15 jóvenes en la colonia Villas de Salvárcar, pero en Chihuahua se resisten a aceptar la Justicia.

Este mismo jueves el fiscal estatal Jorge González Nicolás anunció que buscaría reabrir el caso y solicitar una orden de aprehensión contra Arzate porque, según él, la decisión de liberarlo se debe a las torturas, “no a que sea inocente”. Para la historia quedan ya las palabras del gobernador César Duarte, que a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos probó en 2011 las torturas contra el joven, dijo públicamente que Arzate “debía estar pagando 200 años en la cárcel”.

Israel aseguró este jueves en la Ciudad de México, a donde viajó junto a su madre tras saberse libre, que no espera nada del Gobierno de Chihuahua. “Obtuve lo más valioso, que es la libertad, con eso me basta”. El joven confesó no saber qué iba a hacer a partir de ahora, pero sí dijo no tener miedo a volver a Ciudad Juárez. “Más miedo tenía de pagar por un delito que no cometí”.

Arrancarse el estigma de culpable va a ser lo más difícil de lograr. Los familiares de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar también criticaron este jueves la decisión judicial y la liberación de su vecino, que vivía desde hace un año bajo arresto domiciliario en su propia casa. “Sí los entiendo, en parte siento su dolor, pero a quien tienen que exigirle justicia es a las autoridades, a mí ya me criminalizaron y se ha demostrado que soy inocente como siempre dije”, explica Israel por teléfono.

Su abogado y miembros de organizaciones de derechos humanos que le han brindado apoyo han exigido desde la capital del país a todas las autoridades de Chihuahua que “cesen tajantemente toda forma de criminalización sobre Israel”. “Es muy preocupante que se pretenda hacer un juicio mediático paralelo y criminalizar a un inocente. Mienten deliberadamente y están polarizando a la población”, denunció el abogado Simón Hernández en entrevista con EL PAÍS.

La masacre de los 15 jóvenes asesinados mientras disfrutaban de un cumpleaños en una casa de Juárez sigue impune casi cuatro años después. Las autoridades señalaron como autores del crimen a un comando de unos 12 hombres, pero hasta ahora solo cuatro personas cumplen condena en una prisión estatal. Para los padres, la liberación de Arzate, al que durante todo este tiempo creyeron culpable, solo significa que los asesinos de sus hijos siguen en la calle.

Antes de ser presentado como un asesino, Israel se ganaba la vida con un puesto callejero de CD piratas y ropa. El 3 de febrero de 2010 volvía a su casa después de un día de trabajo cuando varios militares le dieron el alto en la calle. Fue llevado a una base militar donde pasó las siguientes 30 horas sin ser presentado ante ninguna autoridad judicial. Salió del encierro con una confesión bajo el brazo y el cuerpo marcado por los golpes. Recibió descargas eléctricas, le quemaron los testículos y le pusieron bolsas de plástico en la cabeza.

La juez nunca tuvo en cuenta las declaraciones de su mujer y su cuñado, que aseguran que Arzate estaba con ellos y su hijo de ocho años el día de la masacre. Tampoco quiso ver las señales de la tortura y esgrimiendo su confesión envió al joven a prisión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos probó en 2011 que una vez encarcelado el joven fue sacado de la cárcel en un par de ocasiones y entregado a los militares, que volvieron a torturarlo.

Un año después de su encierro el caso seguía sin ser juzgado y Arzate debía ser puesto en libertad, pero otro juez decretó su arraigo domiciliario. La casa pasó a ser custodiada por varios agentes de forma ininterrumpida, que pasaban las horas en la entrada y el techo de la vivienda. El propio gobernador llegó a quejarse de que la vigilancia le costaba 20.000 pesos al día (1.650 dólares) y que Arzate debía de estar en la cárcel y no en su casa.

Israel pasó los días leyendo y viendo películas (le prohibieron tener ordenador) mientras esperaba la resolución de la Corte, que decidió estudiar el caso hace poco más de un año. Su madre, Lupita Meléndez, se convirtió en su única compañía. “Esta es otra cárcel, estamos prisioneros, pero aunque a veces es estresante yo le doy gracias a Dios por tenerlo conmigo”, dijo a EL PAÍS el pasado mes mayo.

Este jueves las caras de felicidad no eran completas. Las voces que llegaban desde Chihuahua hasta la Ciudad de México enturbiaron lo que debía ser una celebración. Arzate y su madre, asesorados por los abogados, tratan ahora de decidir qué hacer en un futuro próximo. El letrado Hernández cree que en Chihuahua “no se dan las garantías mínimas, aunque la decisión de volver o no es de la familia”. “Yo no quiero dejar mi Ciudad Juárez, pero si corremos riesgo pues sí. Las autoridades tienen que estar muy molestas”, afirma Lupita. Hasta ahora ni la Justicia les deja ser completamente libres.