Polémica en Perú por la elección del coordinador de derechos humanos

El 31 de octubre, día de Halloween y de la Canción Criolla en Perú, tres congresistas se reunieron para instalar el grupo de trabajo sobre derechos humanos -parte de la Comisión de Justicia del Parlamento- y elegir al coordinador. Solo asistieron tres de seis miembros y votaron por Martha Chávez, expresidenta del Legislativo durante el Gobierno del presidente Alberto Fujimori y una de las más vigorosas defensoras del político. Desde que se conoció la designación no cesan las quejas, debido a que la parlamentaria defendió la amnistía a los Colina, la fuerza de tarea del Ejército que ejecutaba extrajudicialmente en el marco de la lucha antisubversiva.

Tras las críticas, la parlamentaria señaló que es un “honor” que las ONG de derechos humanos pidan su salida, pues desde hace dos décadas cree que esas organizaciones defienden los derechos de los terroristas. También dijo que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, un estudio de los 20 años de violencia entre 1980 y el 2000, “no sirve para nada y hay que desterrarlo de la faz de la tierra”.

En el Congreso existía el grupo de trabajo de derechos humanos de los peruanos en el exterior, “pero en una sesión de la Comisión de Justicia, el 27 de agosto, se suma la propuesta que hice para que se vea también el seguimiento a las conclusiones de la Comisión de la Verdad, y la propuesta de Martha Chávez de monitorear las respuestas del Estado peruano ante instancias internacionales de derechos humanos”, explica el congresista Heriberto Benítez a EL PAÍS, uno de los tres que votó por la parlamentaria.

“El grupo de trabajo tiene seis miembros, el día de la votación uno pidió licencia y, por reglamento, tiene que haber la mitad más uno. De cinco, éramos tres. Yo voté por ella porque se trata de un grupo de trabajo con labor dictaminadora, administrativa, de estudio, no puede fiscalizar. Pero ahora que la congresista ha sacado la chaveta, con su posición permanente, he pedido que se desactive el grupo de trabajo y los temas los absorba la Comisión de Justicia”, añade Benitez, cuyo voto por Chávez ha sido cuestionado dado que en el pasado fue defensor en casos de violación a los derechos humanos, como la masacre de La Cantuta.

Gisela Ortiz y Raida Cóndor, dos familiares de las víctimas del caso La Cantuta -el asesinato de nueve estudiantes y un profesor en julio de 1992 a manos del grupo Colina- se reunieron el lunes con el presidente del Congreso, Fredy Otárola, para manifestarse contra la designación de la parlamentaria fujimorista.

“El problema son los antecedentes de la congresista Martha Chávez. Ella se ha dado cierta autoridad para decir que va a investigar las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Queremos que quienes integran ese grupo de trabajo sean personas idóneas y consecuentes con el tema de derechos humanos y lamentablemente ella, desde el año 93, solo ha tenido palabras agraviantes para las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos”, afirmó Ortiz a la prensa en el Congreso.

Cuando en un noticiario de Canal N le preguntaron a la congresista si consideraba renunciar, contestó: “¡Para nada, por favor! Ya he empezado a recibir líneas de investigación de la Comisión de la Verdad”. La Comisión de la Verdad fue creada durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua en 2001 y trabajó hasta el año 2003. Fueron parte de ella académicos –algunos con militancia previa de izquierda–, una exministra fujimorista, tres sacerdotes católicos, un militar en retiro y un pastor evangelista. Investigaron las causas y consecuencias de la violencia terrorista y de la contrasubversión. En sus conclusiones, afirma que Sendero Luminoso ocasionó la mayor cantidad de muertos y perjuicios a la sociedad peruana en 20 años de violencia.

El presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Eguren, del Partido Popular Cristiano, consultado al día siguiente del nombramiento de Chávez, comentó que si “las personas que la han designado han considerado que es la persona adecuada, solo puedo respetar la decisión. Yo no soy miembro de ese grupo de trabajo”.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha sido otro de los blancos de la parlamentaria fujimorista, quien comentó que hay otras organizaciones con quienes trabajar si estas se oponen a su designación. En conversación con EL PAÍS, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, lamentó que Chávez haya conseguido los votos para cumplir ese encargo. “Esto ocurre porque no le dan importancia a nada de los derechos humanos, en la primera sesión solo asistieron tres de seis miembros”.

Chávez critica a la Coordinadora como una de las organizaciones que defiende a terroristas. “Somos 81 instituciones en el colectivo y defendemos a todo tipo de víctimas. Ahora estamos trabajando con el Movimiento de Homosexuales de Lima para documentar más muertes que ocasionó Sendero Luminoso a gays. Es más de lo que cualquiera imagina. Que esta controversia sirva para poner estos temas en debate otra vez. El tiempo de la violencia es una caja de pandora”, acotó Santisteban.

Al final de la tarde del martes, agrupaciones de jóvenes realizarán un plantón en la plaza San Martín de Lima contra la designación. Ante el escándalo, el presidente del Congreso, Fredy Otárola, se ha apurado a precisar en un comunicado que “no tiene ninguna injerencia en la designación” de Chávez, pues un grupo de trabajo adscrito a una Comisión “goza de autonomía en su labor”.