Peña Nieto indultará a Alberto Patishtán

Es posible que Alberto Patishtán, preso desde hace 13 años, nunca haya visto Twitter, pero un tuit acaba de cambiar su vida. La mano del presidente (o la de sus asesores) escribió en la red social: “Este mismo jueves, la Reforma entrará en vigor e indultaré a Alberto Patishtán Gómez”. La reforma de la que habla es la del código penal sobre el indulto, aprobada por el Congreso esta semana, y Alberto Patishtán es el maestro tzotzil condenado por matar a siete policías en un proceso judicial plagado de irregularidades.

La firma del presidente el próximo jueves acabará en un minuto con 13 años de derrotas judiciales en todas las instancias posibles, incluida la Suprema Corte. Con el indulto, el maestro nunca recibirá justicia pero tendrá libertad. La noticia le llegó a Patishtán, de 41 años, en un hospital del Distrito Federal, donde recibe tratamiento por el tumor cerebral que padece y desarrolló en la cárcel.

El anuncio de su inminente libertad habrá llegado también a 900 kilómetros de la residencia presidencial de Los Pinos en la Ciudad de México, hasta el humilde penal de San Cristóbal de las Casas donde el maestro se había convertido en casi un profeta. Su lucha por proclamar su inocencia había calado desde hace años en México y había traspasado las fronteras del país. La iconografía con su rostro dio la vuelta al mundo y numerosas organizaciones de derechos humanos internacionales adoptaron su lucha.

"Soy inocente. Este no es mi lugar, no es mi casa, pero nunca he pensado en el tiempo que me queda, pienso en que tarde o temprano tiene que llegar mi libertad”, dijo en el mes de marzo en una entrevista con EL PAÍS en la zona de visitas de la cárcel. Ya entonces el indulto del presidente se tornaba como la última oportunidad para romper con los 47 años que aún le restaban entre rejas. Una condena de 60 años de cárcel por llevar a cabo en solitario una emboscada contra un convoy policial y matar a siete federales en una zona montañosa de Chiapas, corazón del levantamiento zapatista. 

El abogado especialista en derechos humanos Leonel Rivero, que lleva su caso desde julio de 2012, siempre ha sostenido que se produjeron múltiples irregularidades durante el proceso judicial, especialmente tras su detención. Entre otras cosas, se incorporaron al caso pruebas de manera ilegal, como una fotografía del maestro que el presidente municipal le entregó a la fiscalía cuando ni siquiera era sospechoso, se violó su presunción de inocencia y no se tuvieron en cuenta las contradicciones de los dos únicos testigos.

Las evidencias esgrimidas por la defensa nunca calaron en ningún juez, que a lo largo de estos 13 años han ido dando carpetazos al caso. Lo que nunca tumbaron fue la esperanza del maestro. "La cárcel no me mata a mí", dijo en abril.