China juzga a tres activistas que pidieron que los funcionarios revelen sus activos

El Gobierno chino no está dispuesto a consentir la más mínima disidencia, aunque esta pretenda contribuir a la lucha contra la corrupción, bandera enarbolada por los nuevos dirigentes chinos desde que llegaron al poder en noviembre del año pasado. Tres activistas chinos –Liu Ping, Li Sihua y Wei Zhongping- se han sentado este lunes en el banquillo bajo la acusación de “reunión ilegal” por haber pedido que los funcionarios hagan públicos sus activos. Se enfrentan a una pena máxima de cinco años de cárcel si son condenados.

Al menos 15 disidentes implicados en esta campaña para que los dirigentes revelen sus propiedades han sido detenidos en los últimos meses, según la organización de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Nueva York. Esta reforma es considerada crucial por algunos expertos para poner freno a la corrupción y los sobornos, una práctica que afecta a todas las capas de la sociedad china, y que, según el propio presidente Xi Jinping amenaza la supervivencia del Partido Comunista Chino (PCCh).

Los tres activistas fueron arrestados en abril pasado en la provincia de Jiangxi, una de las más atrasadas del país. Están relacionados con el Movimiento de los Nuevos Ciudadanos, que defiende trabajar por el cambio desde dentro del sistema. Su fundador, el prominente activista Xu Zhiyong, fue detenido en agosto.

Wang Cheng, un abogado amigo de los tres detenidos que no está directamente involucrado en el caso, cree que el Gobierno quiere enviar un claro mensaje, que no tolerará las actividades de este tipo de grupos. “Están utilizando este caso para avisar a otros, para situar estas actividades bajo control. Muestra lo nerviosos que están”, ha afirmado a la agencia Reuters. Las autoridades probablemente temen que demasiadas revelaciones de corrupción sean fuente de inestabilidad social y una amenaza aún mayor para el PCCh.

Animados por la petición de mayor transparencia efectuada por Xi Jinping cuando llegó al poder, los disidentes se fotografiaron con pancartas y carteles que decían: “Instamos encarecidamente a los funcionarios a que revelen sus activos” y “Xi Jinping, pon fin de inmediato a la dictadura”. Las fotos circularon ampliamente en Internet.

Ha habido algunos ensayos piloto entre funcionarios de bajo nivel para que hagan públicas sus propiedades en la provincia sureña de Guangdong, pero no han ido mucho más allá, y la discusión de los activos de los altos líderes y sus familiares es un tema tabú.