Empresarios mexicanos y extranjeros, contra la reforma fiscal de Peña Nieto

Las voces críticas contra la reforma hacendaria, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados de México, se multiplican y enturbian su tramitación en el Senado. Los empresarios piensan batallar hasta el final porque se incorporen sus demandas y hasta los legisladores del PRD, partido que apoyó el texto en la Cámara Baja, están decididos ahora a introducir modificaciones. Empresarios y políticos trabajan esto días contrarreloj para definir el texto, que tendrá que aprobarse, o no, antes del 31 de octubre. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha tratado de quitar hierro al asunto y defiende que es normal que se “genere polémica” porque la reforma es de “gran calado” y toca “algunos intereses”.

La presidenta de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en México, María Fernanda Garza, alerta de que con el texto actual “México pierde competitividad y va a quedar en una desventaja terrible en la región porque muchas empresas extranjeras van a escoger otros países para invertir”. En el interior del país, la sensación no es mucho mejor. Entre las principales preocupaciones de los empresarios mexicanos está el incremento de la tasa de tributación, la no deducibilidad de las prestaciones laborales como el seguro social o el incremento del IVA, que sube en las zonas fronterizas del 11 al 16% para unificarse con el resto del país.

“Todos esperábamos medidas para formalizar el sector [del empleo] y, por el contrario, muchas pequeñas empresas se van a ir a la informalidad”, dice la presidenta del ICC, un argumento que comparte la Confederación Patronal de la República Mexicana. Actualmente el 59% de los mexicanos trabaja en la informalidad, ajenos al sistema de impuestos. La queja generalizada en la calle es que la reforma, tal y como está, recae con mayores impuestos sobre las clases medias.

Precisamente contra eso se ha erigido líder la bancada del PRD en el Senado, consciente de que tiene la llave de los cambios. Solo con los votos del PRI – el partido del Gobierno- no es suficiente para sacar adelante la reforma. El PAN está manifiestamente en contra, pero antes de la aprobación en la Cámara de Diputados los líderes del PRI y el PRD sellaron una alianza, por lo que nadie esperaba tantos peros de los perredistas. Un cambio sustancial de la reforma ya aprobada por los diputados o la no aprobación del texto en el Senado supondría un escenario que hasta ahora no se había contemplado y podría dañar seriamente al Pacto por México, que aún tiene reformas importantes pendientes como la política o la energética.

El líder de la bancada de la izquierda, Miguel Barbosa, convertido en el centro del debate, ha dicho que su grupo “será leal con las clases medias y los que menos tienen”. El senador perredista Armando Ríos Píter, miembro de la comisión de Hacienda, dijo en una entrevista telefónica que el PRD quiere introducir “un impuesto de control de la renta para garantizar un pago mínimo del 5% de los ingresos brutos de los consorcios o megaconsorcios”, bautizado como un “impuesto para ricos”. Ríos Píter, además, pone condiciones al apoyo de su partido: “El PRD no votará una reforma fiscal que no incluya principios de transparencia, fiscalización y de rendición de cuentas”.

Los empresarios del sector azucarero y de los refrescos también se han levantado en contra del aumento de impuestos a las bebidas azucaradas y a la comida basura, que el Gobierno defiende como un motor de lucha contra los altos índices de obesidad del país. El líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, critica en un vídeo colgado en la web de la organización que “la política fiscal no es la forma de resolver problemas sociales o de la salud”. La medida también es objeto de debate en el Senado, pero no a favor de los empresarios, ya que los perredistas quieren aumentar el gravamen.

La protesta de la iniciativa privada contra la reforma hacendaria ha traspasado fronteras y ha alcanzado ya a ocho países. Las cámaras de comercio de EE UU, España, Francia, Italia, Finlandia, Alemania, Suiza y Reino Unido han enviado cartas al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en las que advierten de que México perderá atractivo para las empresas extranjeras con la actual reforma.

La presidenta la ICC en México explica en una entrevista telefónica que la deducibilidad de las empresas extranjeras se verá “gravemente disminuida” y que la intención del Gobierno federal de aumentar el déficit fiscal y la deuda pública “prende los focos rojos de las empresas para reconsiderar las inversiones en México”.

Otro de los puntos que ha levantado resquemor entre los empresarios es la consolidación fiscal, que obligará a los grupos empresariales a tributar de forma independiente por cada una de sus empresas. Hasta ahora, el mecanismo era utilizado por algunos conglomerados para pagar menos impuestos, pero Garza critica que la medida “desincentivará las inversiones de las empresas legalmente establecidas”, que se lo pensarán antes de crear una nueva empresa en el país.

Empresarios de dentro y fuera del país han unido sus fuerzas y tratan estos días de hacer presión para que los senadores puedan incluir algunos cambios en la reforma. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón, advirtió en una entrevista con el diario El Financiero que los senadores tienen días para hacer “las correcciones pertinentes o de lo contrario la planta productiva del país comenzará a tener serios problemas”. Garza, que ha mantenido reuniones con los legisladores, asegura que “están bastante abiertos al dialogo”. El fin de semana que viene por delante se espera largo.