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Pugna entre la justicia de EE UU y Moscú por una extradición desde Costa Rica

Maxim Chukharev está detenido en San José desde que se desmanteló la mayor operación de lavado de dinero en el mundo

El fiscal neoyorquino Preet Bharara explica los movimientos de Liberty Reserve.
El fiscal neoyorquino Preet Bharara explica los movimientos de Liberty Reserve. REUTERS

Dos semanas después de que un tribunal costarricense ordenara la extradición del ruso Maxim Chukharev a Estados Unidos, el Gobierno de Rusia activó sus gestiones políticas para evitar que Costa Rica ejecute el traslado. El Ejecutivo ruso pretende evitar que se le apliquen las leyes estadounidenses a la persona que, según la policía federal, fue el encargado de la plataforma cibernética de la empresa Liberty Reserve, acusada del mayor caso de lavado de dinero registrado en el planeta.

El jefe del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores ruso, Konstanín Dolgov, dejó claro este miércoles la contundente posición del Gobierno de Vladimir Putin contra la posibilidad de extradición de Chukharev. En una audiencia realizada fuera de agenda con el embajador costarricense en Moscú, Mario Fernández Silva, las autoridades rusas llamaron a evitar la “inadmisible” “aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense a ciudadanos rusos”, como se publicó en una nota de prensa divulgada antes de la reunión sorpresa en la mañana moscovita del miércoles.

La sentencia la emitió el Tribunal de Pavas, San José, el 3 de octubre y puede ser apelada hasta este jueves. De confirmarse, serán los tribunales estadounidenses los encargados de procesar al ciudadano ruso. Chukharev fue detenido en mayo en Costa Rica a la vez que se producían otras capturas en Nueva York y Madrid. En la capital madrileña está preso de forma precautoria Arthur Budovsky, quien lideraba Liberty Reserve, empresa registrada en Costa Rica. Hacia él apunta la máxima responsabilidad por 55 millones de transacciones ilegales que permitieron blanquear más de 6.000 millones de dólares, según los reportes publicados por la Fiscalía de Nueva York.

55 millones de transacciones ilegales sirvieron para blanquear más de 6.000 millones de dólares, según los reportes publicados por la Fiscalía de Nueva York

Chukharev y Budovsky, que montaron durante cinco años en Costa Rica una plataforma tecnológica y jurídica, se encuentran en situaciones similares. En una cárcel costarricense está el ruso y en la prisión de Navalcarnero, al suroeste de Madrid, permanece el estadounidense (de origen ucraniano y de segunda nacionalidad costarricense). Por él también presentó Estados Unidos una solicitud de extradición a España, aún en trámite.

La diferencia es que Rusia habló por el suyo. Lo hizo en la cita no anunciada para el embajador de Costa Rica, quien asistió a mitad de semana a un encuentro con otros diplomáticos centroamericanos y fue abordado por las autoridades rusas, que comenzaron advirtiendo su deseo de no convertir esta extradición en un conflicto bilateral ni de ver el tema publicado en la prensa, según fuentes diplomáticas en San José. Para ese momento, sin embargo, las agencias internacionales de prensa tenían en mano la nota oficial del Ministerio.

Lo que esa nota no decía es la comparación que, de acuerdo con esas mismas fuentes diplomáticas, hicieron en la reunión Konstantín Dolgov y Alexander Schetinin, responsable de América Latina. Ellos habrían comparado el caso judicial de Maxim Chukharev con el de Víctor Bout, conocido mundialmente como El Mercader de la muerte por sus multimillonarios negocios de tráfico de armas a todo tipo de grupos bélicos en tres continentes. El ruso cayó en una trampa de agentes estadounidenses en Tailandia, de donde fue extraditado a Estados Unidos y después condenado a 25 años por un Tribunal en Nueva York.

Bout, exmilitar soviético y exmiembro de la KGB, fue motivo de un conflicto diplomático entre Rusia y Washington desde que fue detenido en Bangkok, el 6 de marzo del 2008.

Para entonces, en Costa Rica se instalaba el andamiaje tecnológico y legal de Liberty Reserve. Budovsky ya había inscrito sus empresas en el seguro social y se aprestaba a casarse con una mujer que vende empanadas en las afueras del edificio de la Dirección de Migración, en San José. Sin amor, pero con un pago de $400, ella firmó los documentos que permitieron a Budovsky obtener en solo dos años la nacionalidad de Costa Rica, un país cuyas autoridades luchan por espantar cualquier acusación de ser un paraíso fiscal.

Chukharev no participaba en el 2008 con Liberty Reserve pero sí dos años después, según la sentencia de extradición que puede confirmarse esta semana. “En registros obtenidos con orden judicial, de proveedores de varios servicios que usaban Liberty Reserve en la operación de su sitio web y sistema de correo electrónico, se listaba a Chukharev como el punto de contacto técnico de Liberty Reserve”, según el documento, citado por el diario local La Nación.

El embajador costarricense habría apuntado en la reunión en Moscú a que se trata de un asunto de tribunales, no del Ejecutivo, una respuesta que podría entenderse como un “no” a la posibilidad de interceder para frenar la extradición. La opción de extraditar está sustentada en un tratado suscrito en 1982 entre Costa Rica y Estados Unidos, países que suelen tener una estrecha coordinación en asuntos policiales y judiciales.

El desmantelamiento de Liberty Reserve responde a esa colaboración. Agentes de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dirigieron la investigación en conjunto con autoridades policiales y entidades financieras. Estas incluso aceptaron transferir 12 millones de dólares a Chipre para poder captar las operaciones de Liberty Reserve y sus empresas subsidiarias, según el informe policial estadounidense del 28 de mayo de este año, cuando ejecutaron las capturas de Budovsky, de Chukharev y otros cinco colaboradores.

Chukharev fue detenido en mayo en Costa Rica a la vez que se producían otras capturas en Nueva York y Madrid

Ellos fueron los protagonistas de un proceso que duró cinco años, desde Budovsky llegó a Costa Rica sin hablar nada de español pero con premura por constituir las empresas de su negocio de comercio electrónico, banca por Internet o transferencia de dinero. “Algo de eso era, nunca estuvo muy claro”, recordaba un abogado contratado para registrar una de esas sociedades. Los fiscales estadounidenses catalogarían después a Liberty Reserve como “el núcleo financiero del cibercrimen”.

Trabajando entre la informalidad y la formalidad, instalaron su oficina en un complejo llamado Forum, en el oeste de la capital. Estaban al lado de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), ante la cual presentaron solicitud de registro, pero luego la retiraron. Algunas escrituras se firmaron de pie en el área de estacionamiento de ese mismo edificio, sobre uno de los automóviles de lujo que manejaban, como recordó una abogada entrevistada por La Nación.

“Era como de película, usaban camiseta sin mangas. Firmamos casi encima de la tapa del carro. Andaban con un perro raza pit bull”, narró sobre el día que firmó un acta apresurada, en el 2010. Un año después, Estados Unidos emitió una alerta contra Liberty Reserve, que cesó entonces sus operaciones en Costa Rica pero dejando pistas que llevaron a las capturas en mayo del 2013. Y a la solicitud de extradición de Chukharev a Estados Unidos. Y a la preocupación de Rusia. De nuevo, Moscú recela de Washington.