La derecha francesa clama por un endurecimiento de la ley de ciudadanía

La derecha francesa va a aprovechar el caso Leonarda Dibrani para dinamitar uno de los cimientos del pacto republicano: el ius solis, el derecho a obtener la nacionalidad de los que nacen en el país. Usando la controversia creada por la detención y la deportación a Kosovo de la adolescente romaní nacida en Italia y de su familia, varios dirigentes de la UMP proponen suprimir el acceso a la nacionalidad francesa “a los hijos de los clandestinos”.

El líder del principal partido de oposición, Jean-François Copé, ha anunciado que su grupo presentará antes de fin de año una propuesta de ley para abolir la concesión de la nacionalidad a los niños nacidos en Francia de padres extranjeros. “¿Es normal que un niño nacido en Francia de padres llegados irregularmente al país se convierta automáticamente en francés?”, se preguntó Copé. “Mi respuesta es no”, respondió.

Iniciativa para abolir la naturalización por nacimiento en

El movimiento de la UMP, que aproxima a los exgaullistas a las ideas del Frente Nacional —la familia Le Pen propone esta idea desde hace 25 años—, había sido esbozado en mayo por Copé en una entrevista a la revista de ultraderecha Valeurs Actuelles, cercana a Nicolas Sarkozy, diciendo que ayudará a reducir la inmigración clandestina y la legal.

El caso Leonarda es solo un síntoma más, y ahora un nuevo motor, de la deriva emprendida hace algunos años por los políticos conservadores para limitar los derechos de los inmigrantes, los refugiados y los peticionarios de asilo político, metiendo a los tres grupos bajo un mismo saco, la “inmigración ilegal”.

Bruselas evita pronunciarse sobre el caso de la menor deportada a Kosovo

La deportación de la familia Dibrani ha mostrado que el contagio y la legitimación de las ideas de la extrema derecha ha llegado ya hasta los socialistas. El ministro del Interior socialista, Manuel Valls, no ha dudado en abrazar las tesis xenófobas y racistas que defiende Marine Le Pen sobre los gitanos y los inmigrantes rumanos y búlgaros ante el avance electoral del Frente Nacional.

Irónicamente, Valls ha salido reforzado del asunto, según indican los sondeos, mientras en el Elíseo un consejero admite que el presidente, François Hollande, ha quedado en “situación difícil” tras exponerse personalmente, contra la opinión de algunos de sus asesores, y ofrecer a la joven romaní que volviera a Francia sin su familia.

Tras una semana de bronca, los socialistas se han impuesto la ley del silencio, en una muestra de la fractura creada en la mayoría, mientras en el Gobierno se ha abierto una brecha irreconciliable entre el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, y el ministro del Interior, Valls.

El portavoz del PS David Assouline criticó la propuesta de Copé, olvidando que entre los hermanos de Leonarda Dibrani recién deportados a Kosovo, la menor, Medina, nació en Pontarlier (Francia) en junio de 2012, y tendría derecho a ser ciudadana francesa a los 18 años si hubiera podido pasar cinco en el país.

Aunque el caso de los Dibrani ha recorrido toda Europa y refleja el desprecio de muchos países de la UE a los derechos de la minoría romaní, Bruselas evita entrar en el debate con el argumento de que se trata de un caso individual. “No nos pronunciamos sobre casos concretos”, alega un portavoz de la Comisión Europea. Las instituciones comunitarias, asegura este responsable, no tienen competencias para pronunciarse sobre política de inmigración. Por tanto, traslada a Francia la responsabilidad de decidir.

A la Comisión le corresponde asegurarse, eso sí, de que Francia cumple las leyes y de que estas se ajusten a la normativa europea. Ambas condiciones se cumplen en este caso, según el diagnóstico comunitario. Bruselas recuerda que las personas afectadas por una medida migratoria que consideren desfavorable pueden dirigirse a la justicia del país y es ahí donde reside la decisión definitiva.

Con esta interpretación, el Ejecutivo comunitario ve en este episodio un asunto exclusivamente de inmigración sin papeles, no de demanda de asilo. La familia lo pidió hasta tres veces en Francia, pero no les fue concedido, con lo que no gozaban ya de la protección que se otorga a quienes solicitan ese estatus. Así que más allá del rechazo que genera la imagen de una niña a la que se obliga a abandonar un autobús escolar para enviarla de vuelta a un país en el que nunca vivió, Bruselas no tiene nada que objetar a la ley francesa ni al modo en que la ha aplicado en este caso.

El presidente Hollande, durante un acto oficial en el Palacio de los Inválidos en junio pasado. / martin bureau (afp)