Rusia confiscará los bienes de familiares y amigos de condenados por terrorismo
La medida, propuesta por el antiguo KGB, pretende obligar a los allegados a aislar a los criminales
La Duma Estatal (cámara baja del parlamento ruso) aprobó el martes en primera lectura una enmienda legal que permite la inspección y eventual confiscación de los bienes de los parientes, amigos y seres queridos de los terroristas con el fin de pagar compensación a las víctimas de éstos. La enmienda, que vincula las actividades de un terrorista a sus eventuales consecuencias para los allegados de éste, parece destinada a provocar que los familiares y amigos de un terrorista presionen sobre él o lo aislen por miedo a verse afectados por sus delitos.
La iniciativa forma parte de un paquete de enmiendas destinadas a reforzar la lucha antiterrorista, que afectan al Código Penal, el Código de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Lucha contra el Terrorismo. El conjunto fue elaborado por el Servicio Federal de Seguridad (SFS) —el sucesor del KGB soviético— y enviado al Parlamento por el presidente Vladímir Putin por soprpresa a fines de septiembre. El proceso de aprobación es acelerado y su segunda lectura tendrá lugar dentro de tres días. En su defensa intervino ante el Parlamento el vicedirector del SFS, Yuri Gorbunov, quien justificó la necesidad de serias modificaciones legales para “perfeccionar la lucha contra el terrorismo y contra los delitos económicos”. Para entrar en vigor, las enmiendas tienen que ser aprobadas en tres lecturas, tras lo cual pasan al Consejo de la Federación (cámara alta) y son firmadas luego por el presidente.
En relación a las compensaciones a las víctimas del terrorismo, los órganos de seguridad podrán inspeccionar el patrimonio de parientes, amigos y otras personas próximas a los terroristas y, en caso de que la información sobre la legalidad del patrimonio y bienes sea insuficiente, remitir el tema a la Fiscalía. Si hubiera “suficiente base” para suponer que las rentas del terrorismo son el origen del patrimonio y bienes, éstos pueden ser confiscados. El problema, sin embargo, son las ambigüedades tanto en lo que se refiere al concepto de allegados afectados como sobre la información considerada suficiente para suponer que bienes y patrimonios podrían haber sido adquiridos con rentas del terrorismo. En la actualidad, el Estado ruso compensa a las victimas del terrorismo y éstas pueden pedir compensación moral solo a los mismos terroristas. La nueva fórmula, que evoca principios tribales y colectivistas, se presta a interpretaciones arbitrarias que pueden ser utilizadas como instrumentos de presión. Como mínimo, puede causar problemas para parientes, amigos y conocidos de los terroristas, a quienes los servicios de seguridad podrán exigir certificado de origen de sus ingresos y patrimonio, según señalaba la comentarista parlamentaria Marina Ózerova en el periódico Moskovski Komsomólets.
La legislación aprobada prevé también castigar con penas de cinco a 10 años de prisión a quienes se entrenen en actividades terroristas y con penas de seis años a los rusos que participan en formaciones armadas ilegales en territorios de otros Estados y en contra de los intereses de la Federación Rusa. Contra el régimen de Siria luchan unos 400 ciudadanos de la Federación Rusa, según los servicios de seguridad de este país.
Asimismo, la Duma ha aprobado la posibilidad de que los órganos de seguridad encuentren un “atajo” para saltarse el dictámen del Tribunal Supremo, que es la institución responsable de decidir si una organización tiene carácter terrorista o no. Ahora, a este procedimiento se le une la posibilidad de que, en casos concretos, sea un simple juez el que determine si una organización es terrorista o no.
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