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Amnistía acusa a Turquía de impunidad policial en las protestas de los indignados

Un informe de la organización humanitaria internacional destaca las 'brutales violaciones de derechos humanos'

Una manifestante en la plaza de Taksim de Estambul, el 22 de junio. Ampliar foto
Una manifestante en la plaza de Taksim de Estambul, el 22 de junio. AFP

"Vi algunos policías antidisturbios a unos pocos cientos de metros. Primero, me dieron con el cañón de agua. Luego, una lata de gas lacrimógeno me golpeó en el estómago pero no me caí. Unos cinco agentes vinieron y empezaron a pegarme repetidamente en la cabeza. Uno de ellos puso un objeto duro en mi ojo y sacó el globo ocular de  dentro". Este es el testimonio de Hakan Yaman, un conductor de minibús de 37 años de Estambul. El ataque que narra ocurrió el 3 de junio, al poco de iniciarse una ola de protestas contra el Gobierno que fue reprimida con violencia policial en Turquía. "Escuché decir a uno de ellos, 'Éste ya está acabado, ahora vamos a acabarlo del todo'. Me arrastraron entre 10 o 20 metros y me echaron en un fuego. Se fueron y me arrastré fuera del fuego".

El caso de Yaman es seguramente el más gráfico de todos los recopilados por Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado hoy y que ha sido presentado en Estambul. En él, esta ONG acusa duramente al Gobierno turco de no permitir el derecho de manifestación, de impunidad policial y de "brutales violaciones de derechos humanos" a "gran escala" en su violenta respuesta a estas protestas. Las manifestaciones se iniciaron el 30 de mayo precisamente tras el brutal desalojo de decenas de activistas que querían detener la demolición del parque Gezi en el centro de Estambul.

Hakan es una de las al menos 11 personas que han perdido un ojo, además de las 104 que han sufrido "heridas graves en la cabeza" debido a la actuación policial, según un recuento del 15 de julio de la Asociación Médica Turca (TTB, en turco), también recogido en el informe de AI, que se alarga hasta las 72 páginas.La ONG indica que un manifestante murió por disparos de bala y otro a resultas de las palizas que recibieron muchos de los que se encontraban en las calles durante las protestas. AI añade que hay indicios claros de una tercera muerte debida a la actuación policial. En este caso, la víctima habría muerto por el impacto de un bote de gas lacrimógeno en su cabeza.

AI asegura que la policía "disparó rutinariamente" estos botes de gas "a manifestantes, a otra gente en la calle y, en ocasiones, a edificios residenciales y a instalaciones médicas, lo que produjo cientos de heridas". Estas acciones también fueron comprobadas en su momento en el terreno por este diario, como lo fue el uso de productos químicos abrasivos mezclados con el agua que se lanzaba a los manifestantes, algo que también destaca Amnistía en su informe.

Amnistía también ha documentado numerosos casos de abusos sexuales a mujeres detenidas durante las protestas. Estos concuerdan con otros testimonios, como el de Pinar, una joven que fue detenida y golpeada repetidamente en un autobús policial. Allí, un agente le dijo: "Ahora que las luces [del autobús] están apagadas, te voy a doblar y te voy a follar aquí mismo", según publicó hace unos días el diario turco Hurriyet, uno de los principales del país.

AI: "Los niveles de violencia usados por la policía durante las protestas del parque Gezi muestran claramente lo que ocurre cuando se instruye a oficiales del policía poco entrenados y con poca supervisión que usen la violencia, y se los anima a que la usen generosamente"

Al menos seis civiles y un policía murieron en las manifestaciones, y más de 8.000 personas resultaeon heridas, decenas de ellas de gravedad, según la TTB. Ha habido cerca de 5.000 detenciones, aunque sobre la cifra real no hay información clara, y AI denuncia que un gran número de estas detenciones se realizaron de forma ilegal. Por su parte, el Gobierno ha señalado que unos 600 agentes también resultaron heridos.

Además, las personas acusadas de haber organizado las protestas están siendo investigadas bajo la legislación antiterrorista turca. Esta norma define vagamente el concepto de terrorismo, permite a las autoridades encarcelar a los sospechosos sin juicio durante largos periodos de tiempo y ha sido criticada repetidamente por organizaciones defensoras de los derechos humanos como, precisamente, AI y también por Human Rights Watch.

El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, y otros miembros del Gobierno, aseguraron públicamente que los manifestantes eran "extremistas" que habían sido manipulados por "elementos terroristas", abriendo así la puerta a la aplicación de esta polémica ley. Además, Erdogan también culpó de las protestas a una conspiración internacional en la que participaban agentes extranjeros, incluidos periodistas, y un supuesto "lobby de los tipos de interés", aunque nunca llegó a ofrecer ninguna evidencia para basar estas acusaciones.

En este sentido, el informe denuncia que la policía también atacó a propósito a "periodistas de medios internacionales y de medios opuestos [al Gobierno] en Turquía, a usuarios de redes sociales, a médicos que proporcionaron primeros auxilios en las manifestaciones y a abogados". "Los niveles de violencia usados por la policía durante las protestas del parque Gezi muestran claramente lo que ocurre cuando se instruye a oficiales del policía poco entrenados y con poca supervisión que usen la violencia, y se los anima a que la usen generosamente", resume el texto de Amnistía.

AI destaca que, a finales de agosto sólo una de las víctimas de todos los casos documentados por AI que habían denunciado la actuación policial había sido llamada para testificar. "La fiscalía de Estambul anunció el 11 de junio que que había iniciado una investigación policial sobre la violencia en la ciudad. Sin embargo, tres meses después no había signos de que la investigación hubiera progresado o de que algún oficial de policía hubiera sido llamado a declarar", se asegura en el informe.

A los pocos días de iniciarse las manifestaciones, el viceprimer ministro Bulent Arinc se disculpó públicamente por "el uso excesivo de la fuerza contra aquellos que habían iniciado originalmente las protestas", refiriéndose solo a los activistas que inicialmente habían intentado detener la demolición del parque. Además, desde hace poco las autoridades está investigando "a 32 jefes de policía y 164 miembros de la policía antidisturbios por un presunto uso excesivo de la fuerza durante las protestas", según recordó hoy el diario turco Today's Zaman, considerado generalmente cercano al Gobierno.

 Sin embargo, y aunque no ha habido una respuesta inmediata del Gobierno a este informe, durante estos meses la línea general de las autoridades ha sido la de alabar la actuación policial. "En una actitud desafiante, [Erdogan] declaró que la policía usaría una fuerza aun mayor [durante las protestas], y más adelante describió la respuesta policial como 'legendaria", añade el texto de AI.

Sobre este punto, la ONG concluye: "Aunque el uso abusivo de la fuera por parte de la policía ha sido ampliamente documentado, la posibilidad de que los responsables sean llevados ante la justicia sigue siendo remota". "El Gobierno turco debe aprender a tolerar opiniones en su contra expresadas a través de protestas en las calles y asegurarse de que la policía está adecuadamente equipada y entrenada y que es instruida para vigilarlas de acuerdo con la ley", declaró durante la presentación del informe Andrew Gardner, investigador sobre Turquía en AI.