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Polémica por la censura de un libro que revive una matanza en la selva ecuatoriana

'Una tragedia ocultada' recuerda la matanza de 20 miembros de una tribu amazónica y el secuestro de dos niñas el pasado mes de marzo

Todavía no hay culpables

Miguel Ángel Cabodevilla, uno de los autores de 'Una tragedia ocultada'.
Miguel Ángel Cabodevilla, uno de los autores de 'Una tragedia ocultada'.

Un libro que revive la matanza de al menos 20 miembros de una tribu amazónica no contactada y el secuestro de dos niñas, de 3 y 7 años, tomadas como trofeos de guerra, ha sembrado la polémica en Ecuador. En más de 220 páginas, la publicación cuenta cómo los agresores se adentraron en la selva y realizaron una cacería humana el pasado 30 de marzo. Se titula Una tragedia ocultada, justamente porque –según sus autores- el Estado ha puesto un velo de misterio sobre este hecho y hasta ahora no ha sancionado a los culpables. Como remate, un amago de censura de la obra por parte de la Defensoría del Pueblo ha desatado la indignación. 

Los atacantes fueron los waorani, pueblo que fue contactado por una misión evangélica en los cincuenta, poco antes de que la petrolera Texaco entrara a sus territorios ancestrales. La evidencia son las fotos que ellos mismos se sacaron durante la expedición y que luego circularon como una prueba de su hazaña. Las víctimas eran miembros de los tagaeri-taromenani, pueblos nómadas que han rechazado el contacto con la civilización occidental y que viven en las profundidades de la Amazonía.

No era la primera vez que estos pueblos se enfrentaban. La matanza de marzo pasado tuvo un antecedente en mayo de 2003, cuando los waorani dieron con la casa de los tagaeri-taromenani y ajusticiaron a 10 mujeres y cinco niños con armas de fuego y lanzas. La noticia trascendió las fronteras de la selva, pero el Estado ecuatoriano se mantuvo al margen.

En 2003, los waorani ajusticiaron a 10 mujeres y cinco niños tagaeri-taromenani

La comunidad waorani argumentó que manejaría todo bajo sus leyes y que perdonaba a los asesinos por ser la primera vez. Nunca se supo el origen de las armas y el fiscal encargado del caso hizo un informe en el que llegó a argumentar que las víctimas –tribus no contactadas- no tenían un documento de identificación y, por tanto, no era posible avanzar en la investigación.

El libro Una tragedia ocultada quiere que la segunda matanza de los taromenani-tagaeri no pase de puntillas, por eso en sus primeras páginas se señala con contundencia que han pasado más de seis meses y que hasta ahora no ha habido una explicación oficial sobre las muertes de marzo pasado.

Miguel Ángel Cabodevilla, uno de los autores del libro y quizás el mayor conocedor de las tribus de la zona por su labor de misionero capuchino en la Amazonía, sugiere que hay más interés en silenciar los pormenores de la matanza que en desvelarla. "A mi me parece ilógico que en un sitio tan pequeñito, donde todos se conocen, donde todos saben qué hizo el otro, no se haya averiguado nada", dijo a EL PAÍS. 

A Cabodevilla también le preocupa el mensaje que se está mandando a los secuestradores de las niñas taromeni-tagaeri. "Si a un secuestrador, el Estado le permite quedarse con las niñas raptadas, la mente de ese señor no va entender cuál es la ley ecuatoriana, la situación de las niñas debería llamar la atención", dice el misionero.

La matanza de las personas no contactadas, muchos de ellos niños, aumenta la polémica por la supervivencia de estos pueblos. En esta discusión también está la inminente explotación de los dos bloques petroleros del Parque Yasuní, que se debate en el órgano legislativo de Ecuador. Los taromenani-tagaeri viven en una parte de esta reserva natural, en una zona declarada intangible en 1999, aunque sus límites se fijaron en 2007. Los pozos petroleros que se abrirán están en los bordes de este área.

El pasado miércoles, día del lanzamiento de Una tragedia ocultada, llegó hasta el lugar del acto una providencia judicial que prohibía su distribución. Este documento había sido firmado 15 minutos antes y los asistentes en seguida calificaron la acción judicial de "censura". La resolución había sido motivada por la Defensoría del Pueblo, argumentado que en la promoción del libro aparecía la foto de una de las niñas secuestradas y que esto vulneraba sus derechos. Además había la sospecha de que en el libro aparecían más fotografías y datos que podrían llevar a la identificación de las niñas, pero lo cierto es que las menores aparecen con rostro velado y no se citan sus nombres. La primera reacción en la sala tras escuchar lo que decía el oficio judicial fue descalificar al Gobierno. "Fascista", gritó una voz entre la audiencia. Esto se reflejó inmediatamente en las redes sociales, donde se llegó a distribuir la versión digital del libro.

La lectura que hicieron los medios de comunicación locales fue política y hablaban de un caso de censura inédito. Todo cambió cuando el presidente Rafael Correa se solidarizó con los autores del libro por "la imposición de una ilegitima censura previa" y expresó su desacuerdo con la acción judicial en un comunicado en cuyas líneas finales se leía: "Quienes estamos comprometidos con la promoción de la educación, el pensamiento y la razón no podemos silenciarnos ante la censura, desde ningún punto de vista".

La Defensoría del Pueblo se limitó a subir un comunicado en su portal en el que indicaba que sus competencias eran la promoción y defensa de los derechos humanos y que había solicitado la medida cautelar porque las niñas en cuestión están dentro del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía y que por esto ni su nombre ni su imagen pueden aparecer en un medio de difusión masivo.

Las críticas contra este organismo de Derechos Humanos no se hicieron esperar, sobre todo, porque hasta ahora no se había pronunciado sobre la matanza de los clanes no contactados ni sobre el secuestro de las niñas sobrevivientes. Gina Benavides, coordinadora del Programa de Derechos Humanos en la Universidad Andina Simón Bolívar, dijo que le sorprendió la actuación de la justicia y más de la Defensoría del Pueblo. "La Defensoría no ha dicho nada sobre que las niñas sigan en manos de sus captores y es cuestionable que vaya en contra de los derechos de las personas que quieren difundir la situación de las comunidades indígenas y de las niñas raptadas".

Con toda esta presión social y política, la Defensoría del Pueblo no tuvo más remedio que recular. Este viernes su delegado se reunió con los autores del libro y cuando se comprobó que en la portada no salía la foto de una de las niñas y que en las páginas interiores se ocultaba su rostro y sus datos, pidió la revocatoria de las medidas cautelares. El libro ya está en las librerías.

Milagros Aguirre, periodista y coautora del libro, lamentó durante estos días que la polémica se armara en torno a la censura de la publicación, cuando su intención era que la sociedad discuta sobre la matanza de los taromenani-tagaeri y que el Estado cumpla con el mandato de proteger a estos pueblos en aislamiento voluntario, que son una riqueza etnológica.

El primer efecto de la publicación del libro ha sido la citación del misionero capuchino a la Fiscalía General. Su testimonio y toda la documentación que reunió para escribir el libro serían claves dentro de la investigación. Cabodevilla ha prestado declaración toda la mañana y espera que su aporte sirva para esclarecer el caso, que lleva parado seis meses.