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La oposición venezolana denuncia ‘in extremis’ el fraude electoral

La reclamación se produce a 24 horas de que Caracas abandone el sistema interamericano de Derechos Humanos

Maduro, este lunes en el Palacio de Miraflores.
Maduro, este lunes en el Palacio de Miraflores. EFE

La oposición venezolana buscó sacarle partido a las últimas 24 horas en las que su país permaneció bajo la jurisdicción del sistema interamericano de derechos humanos. El Secretario Ejecutivo adjunto de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Ramón José Medina, llevó este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington DC, un documento para denunciar que las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, en las que resultó favorecido Nicolás Maduro, fueron “fraudulentas”.

La propia noche de los resultados electorales el candidato opositor, Henrique Capriles Radonski, avisó que se negaría a reconocerlos, aduciendo múltiples irregularidades que podrían haber afectado una cantidad mayor del 1% de los votos que esos resultados otorgaron como ventaja a la candidatura oficialista de Maduro. El pasado 8 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ampliamente dominado por el chavismo, declaró inadmisibles las impugnaciones presentadas contra los comicios.

A partir de allí, el recurso a instancias internacionales se convirtió para la oposición en una carrera contrarreloj. El difunto presidente Hugo Chávez había formalizado en septiembre de 2012 la solicitud del gobierno venezolano de retirarse del sistema interamericano, que incluye a un órgano ejecutivo, la Comisión, y uno judicial, la Corte –con sede en San José de Costa Rica-, amparados por la Convención regional de derechos humanos, suscrita en 1969. Chávez se mostraba entonces insatisfecho por la serie de medidas cautelares emitidas para proteger a opositores venezolanos, y porque su régimen aparecía de manera repetida –junto a Cuba, Honduras, Haití y, hasta 2012, Colombia- en el Capitulo IV del Informe Anual de la Comisión de Derechos Humanos, que agrupa a los países de más deteriorada situación en el hemisferio.

Los estatutos del organismo dan un año de plazo para que sus países miembros puedan hacer efectivo el retiro. En el caso de Venezuela, ese plazo se extingue a la medianoche de este lunes, según la hora de la Costa Este norteamericana. Así que este era el último día en que la Comisión podía conocer de algún caso venezolano.

“Vinimos a una instancia que conoce de violaciones de derechos humanos”, dijo Medina, también un reputado abogado, al hacer entrega del documento de 250 páginas, en el que se pide a la Comisión se restituyan derechos que, a su juicio, habrían sido conculcados en Venezuela, de índoles política y judicial. ““Desde la convocatoria a las elecciones, la constitución de la lista de personas inscritas, el acto de votación, hasta el proceso judicial de impugnación electoral han demostrado el claro ventajismo del candidato del gobierno y el continuo deterioro de la democracia venezolana. Confiamos en que la CIDH haga valer el derecho de los venezolanos”.

El hoy presidente Nicolás Maduro era ministro de Relaciones Exteriores cuando Chávez ordenó el retiro de Venezuela de las instancias hemisféricas de derechos humanos. Hoy, a pesar de los llamados a la rectificación por parte de diversas organizaciones internacionales, como Human Rights Watch y Amnistía International, así como de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas –que calificó como “devastador” un eventual retiro de Venezuela-, Maduro reafirmó la voluntad de su gobierno: “Se le acabó el tiempo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo en una rueda de prensa ofrecida para periodistas locales y extranjeros en el Palacio de Miraflores de Caracas.

Maduro recordó que ese organismo habría reconocido a los golpistas que, en 2002, desalojaron a Hugo Chávez del poder por 47 horas, y apeló a los argumentos que con frecuencia sus aliados de la región, como los gobiernos de Ecuador y Nicaragua, utilizan para denostar del sistema: aseguró que, mientras Estados Unidos no lo reconoce, la burocracia que en él trabaja “está capturada por los intereses de Washington”. Desestimó la diligencia realizada por Medina, a quien llamó “brazo derecho del fascista mayor” –en una punzante alusión a Capriles Radonski-, aunque advirtió contra sus posibles consecuencias: “Ellos aspiran a que la CIDH diga que Nicolás Maduro no es Presidente de Venezuela. ¿Para qué? ¿Para justificar una invasión, será?”.

El canciller venezolano, Elías Jaua, también ratificó la posición oficial: “No somos nosotros los que tenemos que rectificar como quieren algunas llamadas organizaciones de derechos humanos, son la CIDH y el sistema interamericano los que tienen que rectificar”.

Tanto Maduro como Jaua manifestaron su propósito de fortalecer la participación venezolana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que consideran menos sesgado que la CIDH en sus críticas a la autodenominada revolución bolivariana, y en el que Venezuela cuenta con un puesto desde febrero pasado.

Voceros de la oposición venezolana han adelantado que también acudirán a Ginebra para presentar sus denuncias sobre las elecciones del 14 de abril ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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