Kenia abandona la Corte Penal Internacional

El Parlamento de Kenia ha aprobado este jueves una moción para abandonar la Corte Penal Internacional (CPI). En los próximos treinta días será aprobada una ley para ratificar la marcha. La medida tardará algo más en ser efectiva, pero es la primera de su clase desde la apertura de la Corte en 2002. En esencia, refleja el rechazo político a los procesos en contra del presidente del país, Uhuru Kenyatta, y de su vicepresidente, William Ruto, por crímenes contra la humanidad, a punto de comenzar en la Haya, sede de la CPI. Ambos están acusados de la violencia desatada tras las elecciones de 2007, que causaron un millar de muertos y al menos 600.000 desplazados. “La decisión no altera el curso de la justicia”, ha señalado la Corte.

La votación parlamentaria no impedirá la apertura de ambos juicios, (Ruto, el 10 de septiembre; Kenyatta, en noviembre) pero puede sentar un precedente para otros países africanos descontentos con la labor de la CPI. En el caso de Kenia, la Unión Africana abogaba por un proceso a domicilio. El hecho de que los otros siete casos abiertos por la Corte se refieran también a África (Uganda, República Democrática de Congo, República Central Africana, Darfur (Sudán), Libia, Costa de Marfil y Malí) ha llevado a sus dirigentes a asegurar de que se trata de “un foro dedicado a cazar africanos”.

La medida tardará algo más en ser efectiva, pero es la primera de su clase desde la apertura de la Corte en 2002

“Estados Unidos no ha firmado el Estatuto de Roma (texto fundacional de la CPI) porque defiende a sus soldados y ciudadanos de persecuciones políticas. Hagamos lo mismo. Defendamos nuestra soberanía nacional”, ha dicho Adan Duale, jefe de Jubilee, formación mayoritaria de la que forman parte Kenyatta y Ruto. La Coalición para la Reforma y la Democracia, en la oposición, ha abandonado el hemiciclo en muestra de desacuerdo.

La CPI ya ha tenido problemas con sus acusados en el pasado. Uno de los más señalados, el presidente sudanés Omar el Bashir, acusado del genocidio de Darfur (400.000 muertos y dos millones de desplazados), sigue sin ser detenido. Por su parte, Said el Islam, hijo del depuesto líder libio Muamar Gadafi, y buscado por crímenes contra la humanidad, no será extraditado. Trípoli quiere juzgarle en su tierra.