Clarín denuncia ante los tribunales el intento del Gobierno de acallar a la prensa

Los abogados del organismo regulador de medios audiovisuales de Argentina y del Grupo Clarín, principal conglomerado de televisión, radio y prensa escrita de este país, se vieron cara a cara este jueves en una audiencia pública que convocó la Corte Suprema. El máximo tribunal argentino, que debe fallar sobre la constitucionalidad o no de cuatro artículos de la ley que desde 2009 regula a los medios audiovisuales, bombardeó a preguntas a los letrados de ambas partes. A partir de sus respuestas y de las opiniones de expertos consultados el día anterior en otra sesión, los siete magistrados se expedirán sobre esos cuatro artículos, que se refieren a los límites a la cantidad de licencias de radios, canales y operadores de televisión de pago que pueden tener los grupos en Argentina y a la consiguiente necesidad de que Clarín y otros competidores deban desinvertir para adecuarse a la norma. Mientras que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sostiene que la ley favorece la desconcentración de los medios y la diversidad de voces, el grupo propiedad de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, que es el único que objeta la legislación en los tribunales, ha argumentado que se atenta contra la sustentabilidad económica de la autodenominada “única” voz crítica contra el Ejecutivo y, por tanto, contra la libertad de expresión.

Los abogados de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) explicaron que este organismo ya había aprobado el plan de desinversión de 14 grupos de medios, había recibido la propuesta de otros 15, mientras que hubo diez que ya estaban de por sí adecuados a la ley de 2009. La norma fue impulsada por el kirchnerismo, después de que se iniciara su pelea con Clarín en el conflicto del Gobierno con las patronales agrarias de 2008, pero también fue votada por fuerzas de centroizquierda en el Congreso. Los letrados de la AFSCA dijeron que solo Clarín no había presentado una propuesta de adecuación a la ley. Telefónica y PRISA (editora de EL PAÍS), dueños de grupos de menor tamaño que Clarín, comparecieron en 2012 ante la AFSCA con un plan de ajuste a la norma. El abogado y director de la AFSCA, Daniel Larrache, explicó además que en los últimos cuatro años el Gobierno había otorgado cientos de licencias de radios, canales y operadores de televisión por cable a municipios, universidades, cooperativas, ONG y comunidades indígenas.

“Todos los grupos han presentado planes de adecuación. No creo que sean empresas que quieran suicidarse o fundirse", alegó el presidente de la AFSCA, Martín Sabbatella. "El grupo que viene a cuestionar la ley no es cualquier grupo, es un grupo muy poderoso: posee Internet, televisión, agencias de noticias, maneja en forma monopólica el papel", argumentó Sabbatella, pese a la ley que desde 2012 regula el mercado de papel para periódicos. La norma de medios audiovisuales había sido aprobada en su totalidad por un juez de primera instancia, pero un tribunal de apelaciones determinó en diciembre pasado que dos artículos clave eran inconstitucionales. El Gobierno apeló ese fallo ante la Corte Suprema y Clarín también lo hizo por otros dos artículos que aquel tribunal había aceptado como válidos. “No es una ley hecha a medida del Grupo Clarín”, intentó responder Sabbatella a sus críticos. "Se habla del Grupo Clarín porque es el más grande, el que más se excede, y el único que cuestiona la ley. Tiene que haber nuevas voces, pero hoy no tienen espacio””, añadió el presidente del organismo regulador.

Los jueces preguntaron a los abogados del Gobierno: “¿Por qué razón la conformación actual del Grupo Clarín obstaculiza los fines de la ley en cuanto a garantizar la pluralidad de voces y opiniones?”. La letrada Graciana Peñafort respondió: “El Grupo Clarín, por la magnitud que tiene, genera barreras a la entrada de competidores, marca precios y condiciones de competencia y ha llevado adelante practicas predatorias, con la compra de competidores para cerrarlos. La concentración económica que llevó adelante esta empresa no sólo no cumple esta ley, tampoco cumplía la anterior”. Se refirió así a la norma que regía desde tiempos de la última dictadura militar (1976-1983).

Los magistrados le preguntaron a los abogados del Gobierno por qué el sector audiovisual requería una norma antimonopólica específica, distinta de la general. Peñafort distinguió entonces entre el "valor de mercado", que regula la legislación de defensa de la competencia, y el "valor simbólico" de la libertad de expresión, "que no está resguardado por esa ley".

Uno de los defensores de Clarín, Damián Cassino, razonó que "cuanto más usuarios existen, los costos se reducen y hacen más posibles las inversiones, y si se reduce la escala, no se puede mantener la estructura tecnológica". “Si se altera la red actual, la sustentabilidad del grupo se va a perder y se va a perder la única voz crítica que existe en nuestro país", opinó otro abogado de Clarín, Alejandro Carrió, pese a que en emisoras de otros grupos también trabajan periodistas de reconocida opinión contraria al kirchnerismo. También es cierto que empresarios amigos del Gobierno de Fernández han comprado medios y han eliminado de su plantilla a profesionales críticos. María Angélica Gelli, también letrada de Clarín, dijo que su representado era “el único medio en condiciones de hacer periodismo de investigación, ya que el restante 80% vive de pauta" publicitaria del Estado.

"Su argumento (el de Clarín) es que(con la ley) no es sustentable, eso es absolutamente falso de toda falsedad”, respondió el presidente de la AFSCA. “No es suficiente si lo que se pretende es tener una empresa de comunicación audiovisual para extorsionar, decidir el rumbo de un país y poner y quitar presidentes. Si quieren eso, no deben tener una empresa de comunicación audiovisual, sino armar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas", añadió Sabbatella.

Clarín sostiene que no se requiere quitarle licencias a él para que otras voces consigan su radio o su canal. “Sostenemos que la ley puede buscar medios alternativos si se quiere sustentar a otros", opinó Gelli. "El cooperativismo tiene ventajas impositivas, otros se financian con publicidad oficial", ejemplificó Gelli.

"El Gobierno dijo que entregó 600 nuevas licencias. ¿Para qué quiere las de Clarín? ¿Es para silenciar una voz crítica?", preguntó Cassino. Los abogados del grupo recordaron que el Gobierno de Fernández ha retirado propaganda de los medios de Noble y Magnetto y ha presionado a los supermercados para que dejaran de anunciar en los periódicos, lo que supuso un varapalo para Clarín y La Nación, también crítico del kirchnerismo. "Con esta ley se pretende disimular que lo único que se persigue es desguazar al Grupo Clarín", opinó Cassino.

Los abogados de Clarín argumentaron que la ley vulneraría su libertad de expresión porque dejaría a ciertos territorios de Argentina sin acceso a los contenidos de sus medios audiovisuales. Los jueces les preguntaron: “Si la libertad de expresión requiere un volumen económico como el del Grupo Clarín, ¿qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad? ¿No tendrían libertad de expresión? ¿Deberían ser subsidiados para equipararlos al Grupo Clarín? ¿Cómo se explica que otros medios hayan presentado un plan de adecuación (a la ley) sin invocar este agravio (a la libre expresión)?”. “Seccionando el tronco del Grupo Clarín y de cómo se presta Cablevisión (operador de televisión por cable y principal empresa del conglomerado) en todo el país, esa red tiene que dejar de operar y esa es la afectación a la libertad de expresión", contestó uno de los abogados.