El caso del caso ‘mensalão’ entra con muchas incógnitas en su fase definitiva

“Este juicio, más que la condena de personas, es la condena de un modelo político”, ha afirmado el miércoles por la tarde el magistrado Roberto Barboso, que acaba de ser nombrado nuevo miembro del Supremo de Brasil. Lo afirmó en la apertura de la última fase del proceso del mensalâo, iniciado hace seis años y conocido como el soborno a políticos y partidos por parte del Partido de los Trabajadores (PT) para conseguir entre 2003 y 2005, una mayoría parlamentaria al primer Gobierno del expresidente Lula da Silva.

Según Barroso, el juicio se debe “a la incapacidad de la política institucional de ir al encuentro de los deseos de la sociedad”. El magistrado, cercano a las ideas del Partido de los Trabajadores (PT) ha alertado que “o se hace una reforma política o todo volverá como antes”. Según él todos estos escándalos forman parte de la “cultura de la corrupción de la sociedad brasileña” y las instituciones políticas “son un reflejo de la sociedad”.

El Supremo en su sesión del miércoles por la tarde rechazó todos los preliminares presentados por los abogados de los 25 condenados a la cárcel y también los recursos concretos de los primeros cuatro casos examinados Los próximos días seguirán analizando las objeciones a las condenas del resto delos condenados.

El punto más delicado y polémico es la decisión que deberá tomar el Supremo Tribunal Federal (STF) sobre los llamados embargos infringentes que se dan si los condenados tuvieron cuatro votos de absolución. En este caso, hay once implicados que tuvieron cuatro votos en contra de su condena, entre los que figuran altos dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) como José Dirceu, exministro de Lula, el diputado José Genoino, expresidente del partido, y Joâo Paulo Cunha, expresidente del Congreso.

El tema es polémico porque no existe consenso sobre si el Supremo debe o no admitir que esos condenados puedan tener un nuevo proceso. Estaba previsto en el antiguo reglamento del Supremo, pero más tarde desapareció en la nueva ley.

De aceptar esos embargos, once de los procesados podrían ver disminuidos los años de cárcel a los que fueron condenados, lo que les permitiría cumplir el resto de la condena en régimen semiabierto, durmiendo en la cárcel y trabajando durante el día en una colonia agrícola.

Una de las acusaciones a nueve de los reos fue la de ‘formación de cuadrilla’ – una figura jurídica que acusa a por lo menos a cuatro personas de ponerse de acuerdo para cometer un delito - que no tuvo el consenso de todos los miembros de la Corte. En el caso mensalâo, Dirceu, por ejemplo, fue acusado de formado parte de una cuadrilla para sobornar al Congreso.

La sociedad sigue con atención las posibles decisiones de los magistrados ya que, de admitir dichos recursos, se abriría el proceso para esos once de los 25 condenados con un nuevo instructor y un nuevo relator, lo que podría suponer más años de discusión y espera y hasta la prescripción de los cargos.

Los magistrados afirman que, en su decisión, no se dejarán influenciar por el “grito de la calle” que pide que los condenados ingresen ya en la cárcel como había solicitado desde el principio el Fiscal General Roberto Gurgel, que acaba de jubilarse. Sin embargo, algunos de los magistrados que se habían ya demostrado favorables a aceptar un nuevo proceso para esos once condenados, han empezado a replantearse su posición, según ha informado el diario Folha de Sâo Paulo. Una de las incógnitas es la postura que tomarán dos nuevos magistrados del Supremo nombrados recientemente por la presidente Dilma Rousseff para sustituir a los dos que acaban de jubilarse y que actuarán por primera vez en sus puestos.

Todo el proceso, con sus discusiones y tomas de decisión de los miembros del Supremo, está siendo retransmitido desde la tarde de este martes por televisión.

La primera parte de esta última parte del proceso debería ser breve y resolverse en el plazo de un par de semanas. Se trata sólo de analizar algunos puntos que, según los abogados de los reos, no quedaron claros y presentan contradicciones. Los magistrados consideran que se trata más bien de una maniobra para ganar tiempo antes de que sus clientes ingresen en prisión.

Más complejo sería si la Corte decidiera aceptar el examen de los embargos,ya que supondría rehacer de nuevo el proceso para esos once condenados.

Los políticos del PT condenados en el mensalâo siempre han considerado el proceso como un “juicio político” contra el expresidente Lula da Silva, aunque éste acaba de admitir que su partido “ha podido cometer errores” y podrá “seguir cometiéndolos”, pero que no por eso dejará de seguir siendo el mayor partido de izquierdas de América Latina.

Un nuevo caso de corrupción

Justo en esta fase final del escándalo del mensalâo la prensa ha sacado a la luz otro presunto escándalo de corrupción que esta vez golpea al mayor partido de la oposición, el PSDB. Se trata de lo que ya ha sido apellidado de trensalào, porque se refiere a las acusaciones de formación de cartel de varias empresas en las licitaciones del metro de Sâo Paulo y de los trenes del servicio público. Las acusaciones, aún sin probar, apuntan que pudo haber connivencia en la licitación y propinas a favor de los que ocupaban desde el año 2000 hasta la actualidad el Gobierno del Estado de Sâo Paulo, en manos del PSDB. El PT ya ha pedido que se cree una investigación parlamentaria para estudiar el caso.

La reapertura del juicio del mensalâo ha coincidido con las nuevas manifestaciones callejeras del martes en Sâo Paulo convocadas por 22 entidades exigiendo que se examinen los contratos de licitaciones de las obras del metro y de los demás transportes públicos de la ciudad, después del último escándalo levantado por la alemana Siemens en relación con las licitaciones en la construcción del metro.

El problema se ha agravado porque, al parecer, esas licitaciones a través del presunto cartel tuvieron lugar en cinco Estados del país y en obras licitadas por el gobierno federal. Todo ello ha hecho que la fase final y decisiva del mensalâo se haya teñido de una tensión especial y que la atención de la opinión pública esté ahora especialmente puesta en las decisiones del Supremo.