Los educadores panameños decretan un paro de 48 horas

El gobierno de Panamá aseguró que la respuesta a la huelga contra la privatización del sector educativo fue mínima. Pero los gremios de profesores decretaron este martes un paro de 48 horas prorrogables para exigir una serie de reformas en la gestión del presidente Ricardo Martinelli. El paro “comenzó este martes, proseguirá miércoles y es prorrogable al jueves de esta semana”, si no hay ningún tipo de respuesta del Gobierno, informó el panameño Juan Ramón Herrera, dirigente de la Asociación Nacional de Educadores Veragüenses, la principal organización sindical del magisterio de Panamá.

Herrera, responsable de la formación política de la Asociación, declaró en una entrevista telefónica con El País que están pidiendo una comisión del gobierno “y el jueves tendremos movilización en conjunto con campesinos, indígenas y otros sectores”. La ministra panameña de Educación, Lucy Molinar, advirtió que la actitud de los educadores “es irresponsable, inaceptable”, anunció que a los maestros y profesores que se nieguen a impartir lecciones se les hará el respectivo rebajo en su salario e instó a los docentes a “no dejarse arrastrar en un camino que no es saludable para nadie”.

Indígenas, campesinos, obreros, transportistas, maestros, universitarios y sindicatos  convocaron este martes una huelga nacional

Desde la víspera del movimiento y durante la mañana del martes, Molinar había exhortado a los padres de familia a enviar a los niños y jóvenes a las escuelas y colegios. Pero los líderes gremiales siguen exigiendo al gobierno de Martinelli que apruebe un ajuste salarial y derogue y suspenda el decreto y los programas oficiales que consideran “una amenaza al sistema educativo de Panamá”. Informes de medios panameños de prensa confirmaron que en algunos centros educativos de la capital y el interior del país hubo una afluencia normal de estudiantes pero en otros se registraron muchas ausencias. Efectivos policiales se mantuvieron vigilantes, pero no se registraron incidentes.

Los gremios de la educación se unieron a la convocatoria para rechazar los decretos emitidos por Martinelli (actualmente de viaje por Portugal) y Molinar con los que, según denuncian, ha comenzado el proceso para privatizar la educación en Panamá, así como los que amenazan la estabilidad laboral de maestros y profesores. Asimismo, la dirigencia gremial ha reprochado que falten educadores en aproximadamente el 20% de las escuelas panameñas y han denunciado que la infraestructura escolar está en condiciones “deplorables”.

Paralelamente, indígenas, campesinos, obreros, transportistas, maestros, universitarios, sindicatos y numerosos sectores populares de Panamá convocaron este martes una huelga nacional para rechazar los presuntos planes oficiales de privatizar la educación, la explotación minera e hidroeléctrica en comarcas donde viven etnias nativas y la ejecución de nuevos códigos sanitarios y de relación laboral.

Los trabajadores de salud anunciaron que se unirán en los próximos días al paro, en solidaridad con las demandas de otros sectores y para oponerse a la reforma del código sanitario que, según alegan, daña los derechos laborales y la libertad de asociación y pone en riesgo la atención a grupos de la población que están fuera de la seguridad social. Los indígenas panameños mantienen desde hace más de dos años una intensa operación de resistencia a la promoción de proyectos de explotación minera e hidroeléctrica, bajo el alegato de que se realizarán en comarcas indígenas y que son un peligro para los recursos naturales y culturales de sus etnias.

En este panorama, el gobierno pareció abrir otro foco de conflictos, ahora en materia petrolera. El ministro panameño de la Presidencia, Roberto Henríquez, presentó un proyecto de ley que “establece un nuevo régimen fiscal y condiciones más atractivas para la exploración y explotación de hidrocarburos en Panamá”. Hernández explicó que la propuesta establece un mecanismo en el pago de impuestos sobre la renta, fija un régimen de regalías e iguala las condiciones que mantienen los países en América Latina, por lo que es un proyecto “más atractivo, más competitivo y con mayores beneficios para el Estado”.