La fiscalía de Venezuela pide congelar las cuentas de dos editores periodísticos

Primero fue Leocenis García, el polémico editor del grupo Sexto Poder, y luego llegó el turno de Miguel Henrique Otero, presidente-editor del diario El Nacional, uno de los matutinos más influyentes de la opinión pública venezolana. La Fiscalía General de la República ha solicitado a los tribunales que impida a ambos disponer de sus cuentas bancarias porque sospechan de hechos de corrupción relacionados con sus actividades.

Los dos procesos avanzan a distintas velocidades. En el caso de García, un tribunal ya acogió la petición fiscal lo que ha causado, según ha denunciado el propio editor, “el cierre técnico” de los seis medios de comunicación pertenecientes al grupo. El más conocido de ellos es el semanario Sexto Poder cuyas portadas han provocado gran polémica. Los fotomontajes publicados en sus portadas son recordados por escandalosos y reñidos con la ética periodística. En uno de ellos, tal vez el más célebre, García representó a seis altas funcionarias - entre ellas las presidentas del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral - como bailarinas de cabaret. En ese caso, un tribunal prohibió la circulación del medio durante seis días.

Es la última batalla de la larga disputa que este periodista ha mantenido con el Gobierno bolivariano o con poderes fácticos relacionados. Antes de eso, en 2007, fue acusado de participar en la extorsión al empresario petrolero Wilmer Ruperti cuando trabajaba como columnista del diario Reporte; entre 2008 y 2010 estuvo detenido durante más de dos años después de destrozar la recepción del medio regional El Periódico exhibiendo una pistola al cinto. Y el pasado mes de junio, fue arrestado frente a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones mientras protestaba por el cierre de Atel televisión, una planta que pensaba sumar a su grupo de medios.

Defensores de derechos humanos y abogados que le han defendido explican que los reiterados problemas de Leocenis García demuestran el doble rasero con el que actúa la justicia bolivariana, diligente para defender la reputación del Gobierno e indiferente para garantizar el derecho a la honra sus enemigos. En todo caso, ni las temporadas en prisión o la asfixia económica sobre los medios que dirige le han hecho retroceder en su modo de actuar. Tal vez por ello el peligro de desaparición de Sexto Poder y los medios editados por García no cuenta con el duelo unánime del gremio periodístico venezolano.

El caso de Miguel Henrique Otero, sin embargo, es apenas un anuncio hecho en las redes sociales por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Hasta la noche de este lunes, el dueño mayoritario de El Nacional no había recibido todavía una notificación oficial sobre el delito que le imputan. De acuerdo con una nota de prensa, el Ministerio Público ha solicitado a un tribunal no sólo la congelación de las cuentas de Otero, sino también la prohibición de que grave y enajene bienes muebles e inmuebles “a propósito de una investigación que se le sigue por una demanda civil del exalcalde metropolitano Alfredo Peña.

La fiscalía presume que en la acción judicial puede haber un hecho punible debido a la cantidad de dinero que Peña reclama al demandante: tres millones y medio de dólares más los intereses generados y los honorarios de los abogados que le asisten en su querella. Son diez millones de dólares que Otero se niega a reconocer. En su escrito el antiguo alcalde asegura que le hizo un préstamo personal, de 3, 5 millones de dólares en enero de 2003. Era una época especialmente difícil para el rotativo. Un mes antes, Fedecamaras -el gremio de los empresarios- se había sumado al paro de la industria petrolera. El diario apenas sobrevivía con la venta de los ejemplares. Mientras duró el paro no hubo ingresos por publicidad y se redujo el número de páginas de las secciones. Uno de cada tres empleados dejó de trabajar en el periódico y se pospusieron los pagos relacionados con los aguinaldos.

El pasado 25 de julio, al contestar la demanda, el presidente editor de El Nacional descartó la validez de ese reclamo: “Resulta insólita la pretensión del actor [Peña] si se considera que dicha suma [el capital del préstamo accionado en el libelo] excede, aun utilizando la más viva imaginación, lo que un periodista y funcionario público puede haber devengado durante toda su vida, incluso sin descontar los gastos propios de alimentación, etc., más aún si dicha persona ha sido funcionario público, caso en el cual en su declaración jurada de patrimonio - y considerando los ingresos devengados en un cargo de esa naturaleza - se demuestra la imposibilidad de tan siquiera haber tenido dicha suma de dinero en su patrimonio para haber podido darla en préstamo”.

Un alto directivo de El Nacional confirmó a EL PAÍS que el dinero que reclama Peña jamás pasó por las arcas del periódico. “Hubiese sido de mucha ayuda”, explicó. Otero no duda que la decisión de congelar sus cuentas obedece a un plan de desprestigiar al periodismo independiente. “No hay manera de convertir una demanda civil en un asunto de persecución política”, agrega.

Hasta que se conoció la demanda, a finales de diciembre de 2012, Peña y Otero mantuvieron para el gran público una sólida amistad. Peña trabajó como columnista estrella y director de El Nacional durante muchos años en los cuales dejó una huella como denunciante de oficio. La candidatura de Hugo Chávez en 1998 colocó a ambos frente a la posibilidad de empujar el cambio que entonces encarnaba el comandante. Ambos apoyaron la candidatura y contribuyeron a ese triunfo. Dos meses después de la toma de posesión, Peña fue propuesto por Chávez como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente y abandonó para siempre el periodismo. Posteriormente fue designado como candidato oficialista para la alcaldía metropolitana.

Tras el golpe de Estado de 2002, Peña ha vivido exiliado entre Uruguay y Miami. El Gobierno lo considera como el responsable de la matanza que antecedió la breve salida del poder del presidente Chávez. Dos periodistas venezolanos que viven en Estados Unidos lo han visto muy disminuido a causa del cáncer que la aqueja y con muchos problemas económicos derivados de su resentida salud.

El Gobierno parece haber aprovechado esa disputa para meter en cintura a uno de los medios más críticos. Las medidas contra Leocenis García y Miguel Henrique Otero representan una nueva forma de amordazar a la prensa impresa que aún conserva su visión crítica del poder. Poco a poco, y mediante varias estrategias, el Gobierno ha venido tomando el ontrol del contenido transmitido por los medios de comunicación en Venezuela. Ya doblegó a la televisión. La prensa escrita sigue en la lista de espera para terminar de construir la “hegemonía comunicacional del Estado”. Se trata de un concepto acuñado por el exministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, para ilustrar el plan de someter a los medios independientes y que ha sido refrendado por Ernesto Villegas, el actual titular de la cartera.