La seguridad del papa Francisco en Río aumenta la tensión entre Roma y Brasil

Las palabras están marcadas por la suavidad del lenguaje diplomático, pero no por ello dejan de traslucir una tensión real entre Roma y Brasil por la seguridad del papa Francisco durante su visita la próxima semana a Río de Janeiro. El papa argentino llega en un momento especial. Brasil vive una especie de revolución social y política sellada con manifestaciones de protestas contra los políticos en calles y plazas. 

Los servicios secretos brasileños han detectado que la presencia del primer papa de las Américas en Latinoamérica llevará a la calle de nuevo a miles de personas para reivindicar derechos sociales, y consideran las manifestaciones, que ya están siendo convocadas por las redes sociales, como “el mayor peligro para su seguridad”. Ese temor ha llevado a las autoridades a elevar de 10.000 a 14.000 el número de policías y militares que se encargarán de proteger al pontífice día y noche en una ciudad ya de por sí violenta. 

En Roma, el portavoz del papa, Federico Lombardi se ha limitado a destacar la “confianza total” en la seguridad de Brasil, al mismo tiempo que ha sido tajante: “no habrá cambios de programa durante la visita”. Fue su respuesta a la idea de las autoridades de Río de modificar algunos puntos del itinerario papal después de haber escuchado que arreciarán las protestas sociales. 

Las autoridades brasileñas querían evitar el encuentro de Francisco con la presidenta Dilma Rousseff, el gobernador de Río, Sérgio Cabral y el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes en el Palacio de Guenabara, sede del gobierno del Estado de Río, donde está prevista una manifestación de protesta contra el gobernador y el alcalde. Se había pensado que sería mejor que el Papa se encontrara con las autoridades en el aeropuerto de Galión a su llegada, lejos de la ciudad y de las manifestaciones, pero Francisco no ha cedido. 

Si las fuerzas de seguridad culpan a las manifestaciones de un posible peligro para la seguridad del Papa, desde Roma han mandado decir que las protestas en Brasil “no son contra el Papa sino contra los políticos”. Más aún, como ha afirmado el arzobispo cardenal de São Paulo, Odilo Scherer, Francisco “apoya las reivindicaciones sociales de los jóvenes” y hasta dedicará a ellas, ha confirmado, uno de los discursos que dirigirá al millón de jóvenes que se concentrará en Río con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

El Papa rechazó el papamóvil blindado y anunció que usará el jeep abierto que utiliza en Roma para el encuentro con los fieles. A Río ha llegado también el papamóvil blindado por si acaso, pero el Papa ha pedido que lo “desblinden”, es decir, que le quiten los cristales antibala.

Francisco ha hecho saber además que no desea “hombres armados de fusiles” a su lado cuando desfile por la calle para su encuentro con los jóvenes y con los fieles. El ministro de la Secretaría general de la Presidencia de la República, Gilberto Carvalho, también con lenguaje diplomático, ha respondido a Roma que en Brasil “será la gente quién protegerá la vida del papa Francisco”.

El alcalde de Río ha hecho esfuerzos para convencer a la población de que no aproveche la presencia del Papa y de cerca de 6.000 periodistas de todo el mundo para salir a la calle con sus reivindicaciones sociales. “El Papa no tiene culpa de los pecados de los políticos. Es un elemento de unión”, dijo en una rueda de prensa. El alcalde ha llegado a decir que los políticos acusados de corrupción por la opinión pública “deberían aprovechar la ocasión para confesar sus pecados con el Papa”.

Si los servicios secretos no se confunden, los deseos del joven alcalde carioca no serán escuchados. La gente presentará al papa Francisco sus reivindicaciones sociales a pesar del blindaje militar, y los políticos se quedarán con toda probabilidad con sus pecados bien escondidos en los bolsillos.

Como una respuesta a una de las acusaciones de las protestas populares contra el despilfarro de los políticos, el presidente del Senado, Renan Calheiros, ha decidido no sufragar los gastos de los muchos diputados y senadores que habían pedido para trasladarse a Río para encontrarse con el papa Francisco a cargo de el erario público.