Las protestas callejeras marcan el paro nacional en Chile

Con cortes de tránsito producto de barricadas y fogatas amanecieron 16 puntos de Santiago de Chile. Los hechos se enmarcaron en la jornada de paro nacional de actividades convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y se replicaron en Valparaíso y Concepción, las ciudades más grandes del país tras la capital chilena. El suceso más violento fue la quema de un autobús del sistema de transporte metropolitano cerca de Villa Francia, un barrio popular de la zona poniente de Santiago, donde se escucharon disparos y encapuchados se enfrenaron con la policía.

Los incidentes matinales terminaron pasadas las nueve y desde entonces los problemas se trasladaron a las oficinas de los principales servicios públicos como municipios o las oficinas del Registro Civil, entidad que funcionó solo para atender emergencias como defunciones, pero no a quienes pretendían solicitar un pasaporte. Lo mismo sucedió en los servicios públicos de salud, donde se aplicaron “turnos éticos” para recibir solo a pacientes graves.

El presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales, Raúl de la Puente, aseguró que “el país no estaba funcionando de modo normal”, gracias a que un 90% de los 100.000 miembros de la entidad se adhirió al paro. Sin embargo, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que solo un 6% de los empleados públicos se había sumado a la paralización. El portavoz de gobierno comentó que los incidentes matinales dejaron un saldo de 26 detenidos y enfatizó que no había razones para convocar un paro.

La movilización fue convocada por la CUT, la organización multisindical más importantes del país, y esgrimió como banderas de lucha principales una nueva institucionalidad laboral, reformas tributaria y al sistema de pensiones, y el aumento de los salarios. La presidenta de la colectividad Bárbara Figueroa, profesora de 34 años y militante del Partido Comunista, destacó que el 50% de los trabajadores en Chile –el país con mayor desigualdad salarial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)– gana menos de 307.000 pesos mensuales, poco menos de 600 dólares.

“Hay que devolverle el poder a los sindicatos para poder negociar y, más allá de eso, se requieren reformas urgentes para superar la desigualdad; las que tiene su origen en el mundo del trabajo y en el educacional”, señaló Figueroa, quien valoró el respaldo de la Confederación de Estudiantes de Chile pues, según dijo, el país requiere “una transformación estructural del sistema”.

Andrés Fielbaum, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), la pública más importante del país, aseguró que las demandas de los estudiantes –hoy 20 universidades se encuentran tomadas o en paro– se relacionan con las de los trabajadores, y que el apoyo prestado se basa en “la necesidad de crear redes sociales transversales para conseguir cambios estructurales del modelo”.

A ocho meses del fin del mandato del presidente Sebastián Piñera –quien según la encuesta de la empresa Adimark publicada ayer cuenta con un 39% de aprobación–, Bárbara Figueroa cree que la Administración de derecha ha significado “enormes” retrocesos para los trabajadores. “Esperamos que el próximo gobierno logre avances”, comentó la dirigente, quien pretende que la paralización logre instalar el tema laboral –hasta ahora ausente– en los discursos de los candidatos presidenciales, quienes se medirán en elecciones de noviembre próximo, y las que acorde a todos los estudios tendrán como vencedora a la expresidente socialista Michelle Bachelet.

Al cierre de este informe, tras el fin del acto final de la marcha –que convocó a 15.500 personas según la policía– realizado cerca de la Estación Mapocho, en el centro de Santiago, se producían nuevos enfrentamientos entre encapuchados y carabineros, barricadas y quemas de paraderos de autobuses.