Las prisiones mexicanas se especializan en extorsión telefónica

El 20 de junio una joven respondió al teléfono en una casa de Cancún. Le dijeron que la estaban vigilando, que saliese a comprar un celular nuevo y que no volviese al edificio. Mientras deambulaba siguiendo órdenes, permanentemente en contacto con los extorsionadores, a su padre le exigían un rescate. La agonía duró casi 24 horas y una cantidad indeterminada de dinero, hasta que la chica fue localizada. Se llama secuestro virtual y la sufrieron también diez alumnos de una guardería mexicana el pasado 2 de julio. Esta modalidad de extorsión es la especialidad de las prisiones en México, donde, en teoría, no se pueden siquiera hacer llamadas libres al exterior.

Los chantajes tienen forma de amenaza - a veces tan realista que incluye gritos del supuesto secuestrado- o de petición de auxilio de un falso conocido. En México prácticamente todo el mundo conoce al menos un caso, pero saber la cifra exacta es complicado. El Instituto Nacional de Estadística (Inegi) registra 4,4 millones de extorsiones generales en 2011, pero asociaciones contra la inseguridad creen que los ciudadanos denuncian solo tres de cada 100.

En el Distrito Federal, donde más llamadas de extorsión se reciben, el Consejo Ciudadano del DF registra unas 10.000 al mes. En los últimos cuatro años ha recopilado 56.000 números de extorsionadores, muchos de ellos aparatos robados. Una joven del DF cuenta cómo hace años a su madre la telefoneó un supuesto pariente pidiendo recargas telefónicas y dinero porque le habían retenido dinero y equipaje en la frontera de EE UU. Al devolverle la llamada, saltó el buzón de voz de un conocido periodista mexicano.

El fenómeno de la extorsión telefónica, que nació hace una década, sigue en plena ebullición a pesar de un ambicioso decreto aprobado el año pasado para frenar a los reclusos que operan estas redes. La ley no se ha aplicado y hoy el 80% de estas llamadas salen de los penales, según algunas organizaciones civiles. "En las cárceles no tendría siquiera por qué haber celulares. Si entran es porque hay corrupción", explica María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común. Tampoco se llevó a cabo la instalación de bloqueadores de señal. Ni la geolocalización que prometía encontrar al momento a los chantajistas. Ni la cancelación de líneas sospechosas, responsabilidad de compañías telefónicas que, según los activistas no cooperan, y que además se mueven en el terreno pantanoso del derecho a la privacidad.

"La ley es muy buena, pero no la han implementado", señala Miranda de Wallace, madre de un joven asesinado por secuestradores, excandidata del Partido Acción Nacional por el DF y presidenta de la asociación Alto al secuestro. Los Estados van por libre. "Acabamos de ver que Tamaulipas ocupa la mayor numero de llamadas de extorsión nacional, aproximadamente el 40% del total", apunta. De allí salió supuestamente la llamada que provocó el secuestro virtual de los diez niños de Morelos. ¿Y cómo van las exigencias al Gobierno? "Con Enrique Peña Nieto hemos tenido encuentros y hemos pedido que se implemente una campaña específica", comenta. La nueva reforma penal, que todavía se está perfilando, también podría endurecer las sanciones.

A los ciudadanos les falta información sobre cómo funcionan los chantajes, aunque actualmente "la gran mayoría cuelga el teléfono", afirma Morera. Los expertos recomiendan saber dónde están los hijos en cada momento, instalar identificadores de llamada, no dar información de primeras... Y aprender a distinguir los secuestros virtuales. "Por ejemplo: en las negociaciones reales nunca te piden que no sueltes el teléfono", asegura Morera.

Una búsqueda en YouTube arroja muchos ejemplos de ciudadanos que no se dejaron amedrentar. Muchos se precian de haber dado "una lección" a los delincuentes. Un supuesto afectado se envalentona y le grita al hombre que amenaza con presentarse en casa: "Anda, preséntate, aparécete de la nada, desde el bote [la cárcel] donde estás".

Fuera de Internet abunda más la vergüenza. Como la de una mujer que pagó más de 250.000 pesos (casi 20.000 dólares) a los desconocidos que la mantenían pegada al teléfono, hasta que su esposo la encontró sana, salva y sumamente asustada. .