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“No existe una cultura de la denuncia en México”

Alfredo Castillo, fiscal de la Procuradoría Federal del Consumidor (Profeco), fue nombrado tras el escándalo de tráfico de influencias de su predecesor El abogado promete renovar el organismo y la confianza de los ciudadanos

Raquel Seco
Alfredo Castillo, fiscal de Profeco.
Alfredo Castillo, fiscal de Profeco.

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto ordenó el pasado mes de mayo la destitución de Humberto Benítez Treviño, el entonces titular de la Procuraduría (fiscalía) Federal del Consumidor (Profeco), acusado de trato de favor hacia su hija al sancionar un restaurante. Su sustituto es Alfredo Castillo, abogado de 38 años, antes subprocurador de Procedimientos Penales de la PGR. A punto de completar un mes al frente del organismo de defensa de los consumidores, habla para EL PAÍS.

Castillo reconoce que uno de los puntos clave de su gestión va a ser poner en valor el nombre de Profeco, "recuperar la confianza y la credibilidad en una institución que es un baluarte para todos los mexicanos". Muchos ciudadanos se han quedado, reconoce, con la imagen de una institución "caprichosa y frívola" tras el escándalo de 'Lady Profeco'. Lo sucedido fue "una sacudida no solo para Profeco, sino para toda la Administración Pública", apunta el fiscal. Y se suma al presidente de la República en su promesa de no tolerar "ningún abuso".

El organismo también quiere fomentar la cultura del consumidor en México. "En general no existe cultura de la denuncia ni de la participación ciudadana", reconoce Castillo. Y lo atribuye a varios factores: la gente pone en una balanza la denuncia con el tiempo que puede perder. "El activo más valioso que tiene la gente es el tiempo", señala. Y emplear tres o cuatro citas, tiempo, dinero en estacionamiento, taxi... no está al alcance de todos. Otro factor es "la simulación" en la que cayeron las inspecciones. Finalmente, dice el fiscal, influye la desconfianza ciudadana hacia la Administración pública y los altísimos datos de impunidad del país.

Profeco, creado en 1976, tiene más problemas. Castillo reconoce que la labor de la institución se fue "desdibujando" y que gran parte de la ciudadanía no conoce sus funciones. Y asegura que insistirán en la parte "operativa", porque muchas de las inspecciones se empezaban a convertir en rutina. "Creo que en los últimos años confundimos lo que es la revisión (checar, poner hologramas)... no quisiera llamarle simulación pero no es un tema que realmente persiga el cumplimiento de la norma o de la ley, sino que es... como del día a día".

A día de hoy toda la procuradoría cuenta con 4.000 trabajadores, pero solo 280 de ellos son inspectores. A la espera de poder ampliar personal, la apuesta del fiscal es "dar golpes de precisión que sean mensajes contundentes para todas las demás áreas o aparatos comerciales, que sepan que efectivamente hay una institución que está actuando". "En las gasolineras empezamos a detectar que de un litro se daban antes 750 mililitros y las últimas están en 900 mililitros. Se cuidan un poco más [...] Ven que Profeco va en serio", comenta. En estos 25 días de labor, Castillo presume de haber cerrado total o parcialmente 21 gasolineras en el centro del país, algo "inédito".

Profeco, que actúa por denuncias individuales (la inmensa mayoría) pero también de forma preventiva cuando detecta abusos, recibe reclamos también desde Internet. Y para las próximas semanas quiere lanzar una aplicación experimental. 'Profeco en 30' desplazará a inspectores en moto para que, en caso de denuncia, lleguen en menos de media hora a unos 1.400 establecimientos de la capital.

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Sobre la firma

Raquel Seco
Periodista en EL PAÍS desde 2011, trabaja en la sección sobre derechos humanos y desarrollo sostenible Planeta Futuro. Antes editó en el suplemento IDEAS, coordinó el equipo de redes sociales del diario y la redacción 'online' de Brasil y trabajó en la redacción de México.

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