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Texas ejecutará a su reo número 500 la semana que viene si falla el último recurso

Kimberly McCarthy, 52 años, se enfrenta a la inyección letal si un juzgado de apelaciones rechaza que su juicio estuvo teñido de racismo

Kimberly McCarthy.
Kimberly McCarthy. AFP

Texas está a punto de batir un penoso récord. Si el próximo miércoles ese Estado ejecuta a Kimberly McCarthy tras agotar todos sus recursos de apelación, el número de homicidios legales cometidos en Texas desde que en 1976 se reinstaurase la pena de muerte en Estados Unidos ascenderá a 500. El hito alcanzará también a Rick Perry, que con la muerte de McCarthy se convertirá en el Gobernador –no solo de Texas, sino de toda la Unión- con mayores ejecuciones consumadas bajo su rúbrica.

Por su parte, McCarthy será la quinta mujer que ese Estado del sur ejecuta desde 1854 y la tercera que es negra. Desde 1976 y hasta el pasado martes –con la ejecución en Oklahoma de James DeRosa-, EEUU había acabado con la vida de 1.336 personas, 12 de ellas mujeres. Desde 2010 no se ejecuta a ninguna.

La del miércoles será la tercera cita que McCarthy, 52 años, tiene con la muerte en menos de cinco meses. En las dos anteriores -29 de enero y 3 de abril-, su abogada logró parar su traslado desde el corredor de la muerte hasta el patíbulo donde se le aplicará la inyección letal que parará su corazón tras impedirle respirar debido a los barbitúricos que se le administrarán por vena alegando que su clienta tuvo una mala asesoría legal una vez que fue condenada y que su juicio estuvo marcado por prejuicios raciales que llevaron a que sólo un jurado de los 12 fuera de raza negra.

McCarthy era adicta al crack cuando cometió el crimen que la llevó al corredor de la muerte por el asesinato en 1997, cerca de Dallas, de su vecina Dorothy Booth (de raza blanca), 71 años, a quién engañó haciendo creer que necesitaba pedirle azúcar prestada para entrar en su casa y apuñalarla hasta la muerte para roberle un anillo y varias tarjetas de crédito, además del coche. Aaron Michaels, fundador de los New Black Panther y exmarido de McCarthy, testificó durante su juicio a pesar de que la pareja ya estaba divorciada cuando se cometió el crimen.

El hito alcanzará también a Rick Perry, que con la muerte de McCarthy se convertirá en el Gobernador –no solo de Texas, sino de toda la Unión- con mayores ejecuciones consumadas bajo su rúbrica

Según Maurie Levin, abogada de la condenada, cuando se llevó a cabo el proceso contra su representada la cultura de la discriminación racial seguía imperando en el proceso de selección del jurado. Una investigación del diario Dallas Morning News establecía que los fiscales todavía tendían a excluir a personas de raza negra en los jurados, a los que elegían dos veces menos que a los blancos. Entre los años sesenta y los ochenta, dos manuales usados por los fiscales recomendaban –en los sesenta- “no elegir para jurado ni a judíos, negros, mexicanos o algún miembro de una minoría racial" por muy rico que fuera o bien educado que estuviera y “no seleccionar a personas con múltiples cadenas de oro en su cuello o aspecto de librepensador” –en los ochenta-.

Según el director del Centro de Información de la Pena de Muerte (DPCI, siglas en inglés), Richard Dieter, “un caso como el de McCarthy casi seguro que en la actualidad no hubiera acabado con una sentencia de muerte”. “Con su adicción a las drogas y otras circunstancias atenuantes,el juicio  hubiera concluído de otra manera”, finaliza Dieter. Además, añade el activista que cuando McCarthy fue condenada Texas dictaba 40 sentencias a muerte por año y hoy esa cifra ha descencido a ocho.

La última ejecución de una mujer fue en septiembre de 2010. Teresa Lewis fue ejecutada en el Correccional de Greensville (Virgina) con una inyección letal, método que la condenada a muerte prefirió a la silla eléctrica. El caso de Lewis provocó la indignación de quienes reclamaban clemencia para la condenada debido a que su coeficiente intelectual rozaba el límite establecido para considerar a una persona discapacitada mental (Lewis poseía un 72 y el límite está en 70). En el año 2002, el Supremo declaró inconstitucional aplicar la pena de muerte a personas con discapacidad mental.