Suspendido el sorteo del servicio militar en Perú por “discriminatorio”

Un tribunal constitucional de Lima ha suspendido una de las medidas más antipopulares de Gobierno de Ollanta Humana: el servicio militar obligatorio para quienes no pueden pagar una multa de 700 dólares. El ministerio de Defensa iba a sortear mañana 12.500 plazas entre 706.688 jóvenes de entre 18 y 20 años, la mayoría pobres y alumnos de institutos técnicos, ya que los universitarios están eximidos de esa obligación según un nuevo reglamento aprobado este año.

El amparo contra el sorteo fue presentado el viernes pasado por la Defensoría del Pueblo. La respuesta del tribunal indica que obligaría a “un reclutamiento forzado en tanto que no responde a un acto voluntario”. La leva, o reclutamiento forzado, está prohibida en Perú.

“Las personas que sean sorteadas para el servicio militar estarán impedidas de oponerse a prestar el servicio militar, en tanto ello conllevaría a que sean sancionados con una multa y además la suspensión de los efectos legales del Documento Nacional de Identidad, es decir, se verían limitados en el ejercicio de otros derechos constitucionalmente protegidos, lo que constituye en cierto modo la muerte civil”, señala la resolución del juzgado.

El domingo, estudiantes de un instituto tecnológico, entrevistados por el programa de televisión Esnoticia, comentaban con tristeza que si fueran sorteados ni ellos ni sus padres tendrían dinero para pagar la multa y tendrían que dejar de estudiar. En otro instituto de clase alta, otro joven respondió: “Yo sí pagaría, bueno, no con mi plata (dinero) sino con la de mis papás”. De acuerdo al reglamento del servicio militar voluntario, los universitarios están eximidos de presentarse.

Pocos minutos después de conocerse la resolución judicial, consultado por la prensa en una actividad pública, el presidente Humala mostró su incomodidad ante el fallo. “Respetamos las reglas de la democracia, pero el que pierde es el pueblo peruano. Con el cuento de que el servicio voluntario solo lo hacen los más pobres, los de ‘arriba’ no van. Estaban reclamando que la multa es discriminatoria, pero ahora no hay ninguna excusa para que la gente que tiene plata haga servicio militar. No tenemos gente, soldados, para cubrir el territorio nacional. No les interesa la seguridad nacional”, afirmó.

El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, un político liberal que fue colaborador de Mario Vargas Llosa en la fundación del partido Libertad en 1990, criticó el lunes que la acción de amparo que presentó la Defensoría del Pueblo tenía un “tufillo político”. El procurador del ministerio de Defensa, Gustavo Adrianzén, informó tras conocerse que la justicia ordenaba suspender el sorteo, que presentaría un recurso de oposición a la medida.

Según la Defensoría del Pueblo, que ha realizado varios informes sobre las condiciones en las que se realiza el servicio militar voluntario y que documentó a mediados de la década sobre la existencia de las levas o reclutamiento forzado de menores y adultos, unos 26.000 reclutas han desertado del servicio en los últimos cuatro años, especialmente por el incumplimiento de las condiciones que ofrece el Estado cuando ingresan.

El servicio militar tiene una duración en Perú de dos años y el Estado paga poco más de 150 dólares mensuales a los reclutas, además de ofrecerles uniforme, atención médica y alguna formación técnica. Sin embargo, los medios han documentado que en algunos cuarteles, los soldados tienen que gastar el dinero que reciben mensualmente para comprar artículos de aseo o alimentos en los kioscos (tiendas) administrados por sus superiores de las fuerzas armadas, a precios sobrevalorados.

Según una encuesta de Ipsos Perú difundida el domingo pasado, un 57% de peruanos está de acuerdo con que el servicio militar sea voluntario y un 43% respalda el servicio obligatorio. Entre quienes están de acuerdo con la obligatoriedad, un 81% cree que de esa manera se aleja a los jóvenes de la delincuencia. En contraste, del otro universo, un 65% considera que los jóvenes deben tener libertad de elegir, un 52% ve preferible que estudien y un 29% alude a las malas condiciones en que se presta el servicio.