El caso de los desaparecidos en DF se cobra su primera víctima política

El caso de los 12 jóvenes desaparecidos hace 23 días en una discoteca del centro de México DF se ha cobrado su primera víctima política. El director del centro de personas extraviadas –que forma parte de la fiscalía de la capital, encargada de la investigación– dejó su cargo ayer lunes, según ha anunciado hoy la propia fiscalía. El fiscal, Rodolfo Ríos, no ha dado una razón clara del cambio. Ha dicho que se trata de un “rediseño” del centro, aunque en medios locales se menciona una razón que habría filtrado la propia fiscalía: que tardó varios días en avisar a sus superiores de que se había producido una desaparición colectiva.

La semana pasada, en medio de un aluvión de críticas a la labor del Gobierno en la investigación del caso de los desaparecidos, el alcalde del DF, Miguel Ángel Mancera, lanzó ante la prensa un aviso al fiscal jefe y al director de la policía de la capital. “La instrucción es muy clara. Tienen que dar resultados él [Ríos] y el secretario de seguridad. Ninguno tiene garantizada la permanencia en mi gobierno si no dan resultados”.

El revuelo del caso —la opinión pública se pregunta cómo pudieron ser raptadas 12 personas en el centro mismo de la capital, y si México DF no está tan blindado como parecía ante el crimen— ha puesto en el ojo del huracán al alcalde. Hoy mismo Mancera ha reconocido que el asunto ha dañado la “percepción” que se tiene del DF. Y, a diferencia del toque de atención que dio la semana pasada al fiscal, esta mañana ha dicho que respalda al 100% las decisiones de Ríos. El centro principal de las críticas al Gobierno local en las últimas semanas han sido los vaivenes de su política de comunicación en torno al caso.

Por lo tanto, de momento, la primera pieza institucional que se ha movido es este subalterno del fiscal, el director del centro de extraviados, llamado Carlos Trujillo. La labor de este centro al inicio del caso es cuestionable. Las familias de las víctimas afirman que entre el domingo 26 de mayo (los jóvenes fueron raptados en coches ese día por la mañana a la salida de un after-hours) y el lunes 27 fueron a este centro a dar parte de las desapariciones, y aseguran que explicaron que se trataba de una desaparición en grupo. La fiscalía, sin embargo, no abrió la investigación hasta el miércoles, cuatro días después, y no cateó la discoteca en busca de pruebas hasta la madrugada del miércoles al jueves.

Por la información que filtran hoy los medios mexicanos, el fiscal ha responsabilizado de este retraso al jefe del centro de extraviados, que supuestamente no habría dado a tiempo la señal de alarma. Pero la explicación que ofreció un portavoz de la fiscalía a EL PAÍS hace dos semanas era otra: decían que la apertura de la investigación como rapto colectivo solo se pudo abrir cuando los familiares lo denunciaron ante la prensa (el miércoles 29), dado que hasta ese momento a ellos cada denuncia les había llegado por separado, sin el hilo unitario de que todos los desaparecidos estaban en el after-hours.

Hasta la fecha la investigación sigue sin dar resultados. El fiscal, que se reunirá de nuevo esta tarde con los familiares, ha dicho que se ha podido comprobar con imágenes de cámaras de vigilancia que el rapto lo llevaron a cabo 17 personas, pero de momento ninguno de estos supuestos culpables ha sido detenido, ni se sabe si los 12 jóvenes desaparecidos siguen vivos.