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Asesinados 560 activistas indígenas en Brasil en los últimos 10 años

La lucha por hacer respetar los derechos de los pueblos originales ha sido vista como la explicación del aumento en el número de homicidios de líderes comunitarios

En los últimos 10 años, que coinciden con los gobiernos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y de la presidenta Dilma Rousseff (2003-2013), han sido asesinados en Brasil 560 indígenas, un aumento de 168% en relación con los ocho años del gobierno del exmandatario Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

Ello no significa, dicen los expertos, que Lula y Rousseff se hayan desinteresado de la cuestión indígena, sino una terrible consecuencia del hecho de que los líderes de las etnias indígenas, que suponen hoy una población de 600.000 personas, han ido adquiriendo mayor conciencia política y han pasado a ser más activos en sus reivindicaciones.

Esa nueva beligerancia en defensa de sus derechos como primeros pobladores de este país, les ha enfrentado no sólo con los terratenientes que han ocupado a veces sus tierras, sino incluso con el mismo Gobierno, por ejemplo, oponiéndose a la construcción de hidroeléctricas en la Amazonia como la de Belo Monte en el Estado de Pará.

Otro de los factores que explican el aumento de asesinatos de indígenas por parte de los terratenientes es que a la llegada de Lula al poder, las comunidades indígenas esperaban una acción más progresista de su gobierno —en la defensa de sus derechos— que lo que vivieron en las administraciones de sus predecesores.

Según ellos, tanto Lula como Rousseff acabaron fortaleciendo los intereses de los terratenientes y los gestores de la agricultura, que es hoy, por otra parte, la punta de lanza del desarrollo económico del país. 

Mientras tanto la tensión en Sidrolandia (MS), palco de enfrentamientos entre terratenientes e indígenas en los que resultó muerto un indígena por parte de la policía, sigue viva. El Gobierno ha recibido ya a varias delegaciones de indígenas y les ha prometido ayuda del Estado. Sin embargo, el ministro Gilberto Carvalho ha alertado de que el gobierno de Rousseff no va a desistir de la construcción de las nuevas hidroeléctricas, son fundamentales para asegurar energía a un país en pleno desarrollo.

En tanto que el Ministerio de Justicia ha enviado a 120 hombres de la Fuerza Nacional para reforzar la seguridad de los terratenientes.

Este viernes dimitió la presidenta de Funai (Fundación Nacional del Indio). Dicha organización ha tenido hasta ahora mucha autonomía en la demarcación de las tierras indígenas y hasta ha sido acusada de demarcar tierras en las que ni existían indígenas. El Gobierno quiere recuperar una parte del derecho de intervenir en un tema tan delicado cuyas resoluciones han acabado muchas veces en el Supremo.

Los indígenas han salido de los encuentros del gobierno, dicen, con un 50% de acuerdo, pero en otro 50% de los temas anuncian que seguirán luchando. Por su parte los terratenientes están cerrando carreteras para impedir la llegada de los indígenas que reivindican tierras que están en manos de propietarios privados desde hace más de 80 años.

El Gobierno ha prometido también ayuda financiera a los terratenientes que se vean obligados a ceder sus tierras a las comunidades indígenas que se dicen propietarias de las mismas.