La Iglesia de Brasil pide a Rousseff que reciba a los indígenas
Los obispos denuncian que la mandataria sí ha encontrado tiempo para reunirse con representantes de los terratenientes
![Juan Arias](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F5a86bcd5-e5fc-49ab-b292-f3043b0fbfd4.png?auth=2d48be4f56908c68f3c88d7da3c4bd83b9078e68267346b6bac73e371847252d&width=100&height=100&smart=true)
![Manifestación de los indígenas para defender sus tierras.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/M6PJHNM3XC4MAVYNZQO2DFFW6I.jpg?auth=e10630a3e2339f4bc7d4b4401e59b4a0e9de88ca847879740c5ac0374ba995c9&width=414)
La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) ha querido intervenir en la guerra abierta entre las comunidades indígenas y el Gobierno.
El secretario de la Conferencia Episcopal, Leonardo Steiner, en un encuentro con la ministra de la Casa Civil, Gleisi Hoffman, brazo derecho de la mandataria Dilma Rousseff, le ha reprochado que la presidenta no haya recibido oficialmente a una delegación de representantes indígenas desde que tomó posesión en 2011. Steiner, en nombre de los obispos, ha pedido a través de Gleisi que lo haga.
En una nota el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), vinculado a la Conferencia Episcopal, se queja de que mientras la presidenta no celebrado todavía este encuentro, “en el mes de mayo encontró tiempo en su agenda para por lo menos cinco reuniones con representantes terratenientes, enemigos históricos de los pueblos indígenas”.
La ministra Gleisi, que apoya un proyecto polémico para que no solo la Funai (Fundación Nacional del Indígena), sino también el Gobierno, puedan participar en las decisiones de las demarcaciones de tierras indígenas, ha prometido al representante de los obispos que recibirá ella misma a los indígenas, pero se reservó de comentar la posibilidad de que también la presidenta Dilma lo haga.
Sin duda la mandataria no aceptará presiones de la Iglesia, por lo que los analistas piensan que por el momento el encuentro con los representantes de las comunidades indígenas quedará, si acaso, limitada a la ministra de la Casa Civil.
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