Maras sí hay más que una

El pasado 28 de mayo las dos principales maras (pandillas) hondureñas, Salvatrucha (M-13) y M-18, anunciaron un cese de la violencia criminal, “cero homicidios”, como precisó en rueda de prensa en la cárcel de San Pedro Sula el portavoz de la Salva, a cambio de la reinserción de sus miembros con oportunidades de empleo, programas de rehabilitación, y fin del acoso policial. Honduras es el país más peligroso del planeta, con 85 homicidios por 100.000 habitantes al año, cuando en Europa occidental apenas se llega a dos. Un año antes, las maras (“grupo de amigos” en la parla local) habían acordado en El Salvador, segundo clasificado en ese ranking, un pacto de no agresión junto al compromiso de no atacar a la Fuerza Pública, como prenda para que sus líderes fueran trasladados de prisiones de máxima seguridad a penitenciarías donde pudieran recibir visitas, como así se hizo. Las autoridades salvadoreñas, que no reconocen haber acordado nada, se jactan, sin embargo, de que el índice de letalidad delictiva ha caído de 14 asesinatos a 5,5 diarios. ¿Es un cambio histórico? ¿Acaso valdrá la vida más que el plomo invertido en acabar con ella?

En Guatemala, Honduras y El Salvador operan unas 900 maras con 70.000 pandilleros de marcada inclinación narcotraficante. El nacimiento de esta ocupación criminal se produjo en California entre los inmigrantes latinoamericanos en los años 70, que así se defendían de la discriminación ambiental. La M-18 toma su nombre de la calle 18 que daba acceso al barrio latino de Los Ángeles, y tras el endurecimiento de la política migratoria norteamericana en los 90 muchos de esos hijos de inmigrantes fueron deportados o regresaron a su país de origen, y a ellos se sumaron guerrilleros y soldados desmovilizados, tras los acuerdos de paz en Centroamérica. Pero la razón de fondo que explica su existencia es la inoperancia del Estado. Allí donde no reina la Justicia prolifera una maraña inextricable de legalidades contradictorias, como en el caso del expresidente golpista guatemalteco Efraín Ríos Montt, que después de ser condenado a 80 años de cárcel, ha visto como se anulaba el juicio por razones de procedimiento, sin que haya garantía alguna de que vuelvan a condenarlo.

Cuesta creer que las maras dejen la violencia porque están cansadas de la clandestinidad”

Y ese vacío de poder lo llenaron las maras, que se convirtieron —como la Mafia en Sicilia un siglo antes— en cajas de resistencia para socorrer económicamente, como hoy hacen, a familias de pandilleros en prisión. El periodista Marco Lara subraya que ante esa ausencia “el pandillerismo es la prosecución del poder por otros medios”. Y por eso, aparte de buscar trabajo al sicariato, hay una gran limpieza a efectuar en las instituciones. Arabeska Sánchez, del Observatorio de la Violencia de Naciones Unidas en Honduras, advierte que es necesario “un rescate del Estado porque los organismos de seguridad y justicia están contaminados por la delincuencia”. El antiguo presidente guatemalteco Álvaro Colom (2008-2012) tuvo que despedir a dos jefes de policía relacionados con el narco.

El diario digital salvadoreño El Faro dio la noticia en marzo de 2012 de que el Ejecutivo había mantenido conversaciones con líderes de las maras que cumplían condena en el penal de Zacatecoluca (Zacatrás en salvadoreño coloquial), en virtud de las cuales 30 de ellos fueron trasladados a cárceles ordinarias. El Gobierno niega que pactara nada, pero admite que hubo traslado “por motivos humanitarios”. Y el pasado abril en una ceremonia celebrada en Washington la OEA —que financiaba la visita de los mareros— y la Iglesia —que hacía de garante de la operación— daban carácter público a la tregua que aparentemente tan buenos resultados estaba procurando. Así comenzaba una segunda fase de los acuerdos que consistía en asegurar la observancia de los mismos municipio por municipio, con los alcaldes en funciones de vigilante en jefe. En ambos países, Honduras, donde el presidente Porfirio Lobo se ha pronunciado en favor del proceso, y El Salvador, se han creado comités para controlar el seguimiento de esta proto-paz.

Cuesta creer, como fuentes oficiosas apuntan, que las maras pactan hoy porque están exhaustas de clandestinidad, cuando el narcotráfico por su volumen de recursos constituiría, según un informe de la ONU, una de las 20 mayores economías del planeta, con un 3,6% del PIB mundial. Si unas maras dejan el negocio otras las sustituirán, y solo un nuevo pensamiento parece capaz de desenquistar el problema. El presidente guatemalteco, Otto Pérez habla de “opciones de mercado”, eufemismo por un tratamiento penal diferente del comercio de la droga.