La desaparición de 11 personas pone en jaque al Gobierno de México DF

La violencia mafiosa en México se relacionaba hasta ahora con tierras de provincia como Tamaulipas, en el polvoriento noreste, o como Michoacán, un Estado del suroeste con zonas sometidas a los carteles y en las que los vecinos de los pueblos han decidido armarse de fusiles y defenderse por su cuenta. Todo eso no pasaba en la capital, México DF, que pese a los problemas de seguridad consustanciales a una megalópolis como esta parecía un feudo blindado a los desbarres extremos del crimen organizado. Hoy, esta idea está en duda. Un grupo de 11 vecinos del barrio popular de Tepito supuestamente fue raptado a plena luz el domingo pasado a la salida de un after-hours del corazón de la capital, a medio minuto andando del bello y afrancesado Paseo de la Reforma, y todavía no se sabe nada de ellos: el Gobierno de la ciudad no confirma ni desmiente que se haya producido dicho rapto colectivo, pierde testigos por el camino, filtra a la prensa pruebas que ni siquiera habían visto los familiares de las posibles víctimas y, seis días después de lo ocurrido, no tiene ni por asomo una hipótesis sólida del caso de los 11 de Tepito.

Cada hora que pasa sin información oficial concluyente, la pregunta gana más peso: ¿en la capital de México también pueden abrirse los mismos agujeros negros que se abren en zonas menos poderosas de la República?

La idea no oficial de lo que sucedió el domingo por la mañana, construida por las versiones de los familiares, basadas en el supuesto testimonio de un joven que escapó del supuesto rapto, es que el grupo de desaparecidos –jóvenes entre los 16 años y la treintena- fue sacado de la discoteca a toda prisa por el dueño del local –con la excusa de que iba a haber una redada policial- y que afuera los esperaba un comando de tipos armados y encapuchados que se los llevó en tres furgonetas.

La versión popular se ramifica en matices: que si el comando eran policías uniformados, que si eran civiles con armas largas, que si las furgonetas llevaban logotipos policiales, que si eran tres furgonetas, que si eran cinco. Todo ese desbarajuste de rumores es lo que se espera que resuelvan las autoridades, pero de momento estas, a pesar del paso de los días, no logran más que balbucir inconcreciones.

Este viernes, el fiscal jefe de la capital, Rodolfo Ríos, cuyo organismo investiga el caso desde el miércoles pasado -es decir, desde cuatro días después de los hechos-, afirmó que no saben si hubo o no un rapto colectivo: “No hemos determinado aún si existió”. Todo lo que precisó Ríos es que sus investigadores habían entrado en la discoteca, que permanece clausurada, y que habían encontrado “diversas botellas, diferentes sustancias y huellas dactilares”. La fiscalía cateó el after-hours este jueves. Cinco días después.

Una prueba preciada eran las grabaciones de las cámaras de vigilancia que tiene la discoteca en la puerta de entrada, pero cuando fueron a por ellas, los investigadores se llevaron la decepción de que no estaba la memoria de almacenamiento de los vídeos.

Hasta el momento, las únicas imágenes de las que dispone la fiscalía, dependiente del Gobierno de la capital, son las de dos furgonetas de vidrios polarizados que fueron grabadas circulando por la zona de los hechos el domingo por la mañana. Estas imágenes han sido publicadas este sábado, pero no por la fiscalía, sino por un periódico al que se las filtró, lo que ha elevado aún más la rabia de los familiares de los desaparecidos.

El desbarajuste de la investigación no acaba ahí. La fiscalía ha perdido el rastro de uno de los jóvenes que al parecer pudo escapar de la supuesta emboscada. El fiscal Ríos dijo ayer que no sabían dónde estaba ese testigo, que en algún momento de la semana llegó a prestar declaración en el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Austentes, integrado en la fiscalía. El jueves pasado EL PAÍS estuvo en el barrio de Tepito y supo por los familiares de los desaparecidos que, en efecto, había un joven que se había salvado del supuesto rapto y que había declarado ante las autoridades.

-¿Y le han puesto protección policial? –preguntó este periódico.

-No, él anda por ahí –respondieron los familiares.

Media hora más tarde, a través de estos vecinos, EL PAÍS pudo hablar por teléfono con un hombre que decía ser el testigo en cuestión. Relató la misma versión de los hechos que manejan los familiares, que un grupo armado –de civiles, según él- se llevó a sus amigos en furgonetas sobre las once de la mañana, y dijo que él logró escapar por la azotea del after-hours. Además afirmó que había prestado declaración sin desvelar su nombre.

-¿Y cómo no le exigieron que les dijese su identidad?

-Les dije que no les daba mi nombre. Fui con una gorra y con gafas de sol –explicó el supuesto testigo.

Surrealista o no, este testigo no es la única vía de investigación que por el momento se le ha escapado de las manos a la fiscalía. Tampoco saben dónde está Ernesto Espinosa Lobo, el dueño de la discoteca. Un local que, para más confusión, tiene varios nombres: el que pone en un cartel en la fachada, Restaurante Bicentenario, el que aparece en los registros oficiales, After Heavens, y otros dos por los que lo conoce la gente: Mamá Grande y Amsterdam. La discoteca de los cuatro nombres era un lugar oscuro, según los testimonios recabados por este periódico entre vecinos de Tepito. Una familiar de uno de los desaparecidos, una chica joven cuyo nombre mantendremos en el anonimato, y que iba con frecuencia al local, lo describió así: “Abría a las cuatro de la mañana y cerraba a las seis de la tarde. La gente iba armada, los clientes y los vigilantes, pero nunca pasaban nada”. Esta chica cuenta que en la discoteca se vendía droga abiertamente: “tachas [pastillas] y perico [cocaína]”, y que iban allí a escuchar música electrónica –“minimal, house, progress”-. La joven dice que eran conscientes de que el After Heavens tenía un ambiente “muy pesado”, pero aclara que nunca se hubieran imaginado que pudiese pasar lo que supuestamente pasó: “Yo he estado en balaceras en antros con muertos, pero nunca había visto una cosa así, que lleguen y se lleven a la gente”.

En cuanto al perfil de los desaparecidos –gente joven, todos de Tepito, un barrio que es el mayor centro de comercio pirata de todo México y que está considerado como uno de los lugares más peligrosos de la ciudad-, por ahora solo ha trascendido que uno de ellos, de nombre Jerzy Ortiz, de 16 años, es hijo de un supuesto peso pesado del hampa de Tepito, hoy encarcelado, que se llama Jorge Ortiz y que es conocido como El Tanque, y que otro de los desaparecidos, Said Sánchez, de 19 años, es hijo de Alejandro Sánchez, alias El Papis, también preso y en su momento socio de El Tanque. De todos modos, las autoridades no han confirmado que la filiación de estos dos desaparecidos tenga que ver con lo que sucedió el domingo. Como tampoco se ha confirmado otro de los rumores que circulan y que vincula el caso de los 11 de Tepito con el asesinato, en la madrugada del viernes 24 de mayo, dos días antes del supuesto rapto colectivo, de un supuesto traficante de droga al por menor en la discoteca Black, en el acomodado barrio de La Condesa, a diez minutos en coche del After Heavens.

En medio de todo esta maraña de cabos sueltos, esta mañana se especuló con que hubiesen aparecido los cadáveres de tres de los 11 secuestrados en un municipio del Estado de México, que circunda a la capital, pero el Gobierno de este lugar lo ha desmentido.

El caso, por lo tanto, sigue abierto y confuso, y la reputación de islote de seguridad que tenía la capital en medio de toda la crisis de violencia criminal que sufre la República, está en tela de juicio. A finales de 2012, el exjefe del Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, dijo que su ciudad estaba a punto de convertirse en “la ciudad más segura del mundo”. La desaparición de 11 jóvenes en una crepuscular discoteca del centro mismo de la capital podría cortar en seco esa ilusión y poner ante los ojos de las autoridades un reto que en buena medida daban por sentado: la seguridad de la capital de México.