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domingo | reportaje

El pacto que durmió al diablo

Arranca en Palermo el proceso para aclarar hasta dónde cedió el Gobierno italiano para acabar con la sangrienta cadena de atentados de la Mafia contra políticos, jueces y sacerdotes

Un agente mira las flores por el juez Paolo Borsellino, en 1992. Ampliar foto
Un agente mira las flores por el juez Paolo Borsellino, en 1992.

A las dos de la tarde del jueves, en el pasillo que conduce al despacho del fiscal antimafia Vittorio Teresi, en la segunda planta del Palacio de Justicia de Palermo, hay 10 guardaespaldas que ya no saben qué hacer para matar el tiempo. Todos son jóvenes y calzan zapatillas de deporte. Tres de ellos llevan la pistola a la vista. Algunos juegan con sus tabletas electrónicas y otros con los teléfonos móviles. El jefe de la escolta, un tipo maduro, calvo, con un escáner en la mirada, está desde hace más de una hora sentado ante la puerta del fiscal Teresi. Cada vez que un funcionario necesita entrar en el despacho, tiene que pulsar el botón de un portero automático, ponerse delante de la cámara y esperar a que el magistrado le abra. El jefe de la escolta se pone entonces de pie y del despacho —pequeño, luminoso, atestado de legajos y ceniceros de recuerdo— se escapa una imagen que es una declaración en sí misma.

Bajo una gran fotografía en blanco y negro de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino —el primero susurrándole algo al segundo, sonrientes ambos—, el jefe Teresi y los fiscales antimafia Nino Di Matteo, Francesco Del Bene y Roberto Tartaglia preparan juntos la segunda jornada del juicio histórico que acaba de comenzar en Sicilia. Se trata de esclarecer los términos de la negociación que el Estado italiano y la Mafia siciliana sostuvieron desde 1992 a 1994. El objetivo, frenar la ola de atentados que sacudieron al país en aquella época y, de paso, salvar el pellejo de una serie de políticos que estaban en el punto de mira de la Mafia. Hasta el pasado lunes, nunca se habían sentado en un mismo banquillo los criminales más sanguinarios y las más altas autoridades del Gobierno. Entre los 12 acusados está la cúpula de la Cosa Nostra de aquella época con Salvatore Totò Riina a la cabeza —82 años, 13 cadenas perpetuas, 150 asesinatos— y también el ministro del Interior de entonces, Nicola Mancino. También están los altos mandos de los Carabinieri que presuntamente hicieron de puente entre el Estado y la Mafia y algunos de los sicarios más sanguinarios, entre ellos Giovanni Brusca, uno de los asesinos de Giovanni Falcone. Si quisieran, nadie mejor que ellos podría despejar una duda que envenena a la magistratura italiana desde hace dos décadas. ¿Qué pasó desde el asesinato de Falcone —el 23 de mayo de 1992— y el de su amigo y colega Borsellino, 57 días más tarde? ¿Qué hablaron el juez Borsellino y el ministro Mancino el día 1 de julio para que el magistrado saliera muy nervioso de la reunión, con un cigarro encendido en la mano y otro en la boca, gritando “¡están locos!”? Y, sobre todo, ¿por qué Mancino siempre negó haberse reunido con el juez a pesar de que hay testigos? Lo cierto es que el día 18 de julio Borsellino le confío a su esposa durante un paseo a solas por la playa: “No será la Mafia quien me mate, serán otros, y ocurrirá porque alguien lo permitirá”. Un día después lo asesinaron, en Roma, en la puerta de la casa de su madre. ¿Entraba el asesinato de Borsellino en los acuerdos secretos entre el Estado y la Cosa Nostra?

En junio de 1992 Totò Riina recibió un mensaje del Estado ofreciéndole negociar. Su guerra había tenido éxito

Después de dos horas de reunión, la puerta vuelve a abrirse y los tres fiscales abandonan el despacho del jefe, seguidos por sus escoltas, que se mueven por los pasillos del Palacio de Justicia como si estuvieran en el peor barrio de Palermo. Cualquier precaución es poca. Acaban de recibir nuevas amenazas de muerte por permitir la osadía, dos décadas después, de intentar adentrarse por uno de los callejones más oscuros de la historia de Italia.

—Siéntese. ¿Le importa que fume?

El fiscal Teresi abre las cortinas amarillas de su despacho. Se anda con tiento en las respuestas, pero el resultado es muy claro: “Nadie duda ya en Italia que existió una negociación. Ahora de lo que se trata es de entender hasta qué punto esa negociación, que tuvo lugar entre 1990 y 1994, vendió la libertad democrática a la Mafia a cambio de recuperar la tranquilidad. Se trata de ver, en suma, dónde situó el Estado el umbral de hasta dónde la Mafia era soportable para la democracia italiana. Y otro punto crucial es qué se entregó a la Cosa Nostra a cambio de que pararan los atentados…”. Las investigaciones del grupo de fiscales antimafia de Palermo van dolorosamente mucho más allá: “Algún servidor infiel del Estado llegó a señalar al juez Paolo Borsellino como un obstáculo para cerrar el acuerdo con la Cosa Nostra”. ¿Quién?

ACUSADOS DEL ESTADO

Mario Mori.
Mario Mori.

» EL EXMINISTRO NICOLA MANCINO. El democristiano estuvo al frente de Interior entre 1992 y 1994 con dos primeros ministros diferentes, Giuliano Amato y Carlo Ciampi, ambos del Partido Democrático. Pasó de ser un simple testigo a estar acusado por falso testimonio después de que la policía interceptara dos conversaciones de 2011 en las que exigía a un consejero del presidente de la República, Giorgio Napolitano, que frenara la investigación sobre el pacto entre Estado y Mafia. En estas grabaciones también hablaba de un “hombre que se había quedado solo” al que había que “proteger”.

» EL EXSENADOR MARCELLO DELL’UTRI. Tan íntimo de Silvio Berlusconi, al que acompaña en su carrera desde 1974, como de la jerarquía mafiosa. La acusación considera que él era el “garante político” de los intereses de la Cosa Nostra en la negociación entre la Mafia y el Estado. En otro proceso ya fue condenado a siete años de cárcel por asociación mafiosa.

» EL EXGENERAL DE CARABINIERI MARIO MORI. La acusación sostiene que estableció los primeros contactos con la Mafia y permitió que el capo Bernardo Provenzano estuviera a salvo durante años para “mantener la paz” en las filas de la Cosa Nostra. “Entendí que era un esfuerzo moral y profesional tratar de hacer algo más”, declaró ante un tribunal de Florencia en referencia a su acercamiento al exalcalde mafioso de Palermo.

» EL EXGENERAL DE CARABINIERI ANTONIO SUBRANNI. Era el responsable del grupo policial especializado en las organizaciones criminales creado en 1990. El fiscal sostiene que conocía y dio su beneplácito a los contactos con la Mafia de su subordinado Mori.

» EL ARREPENTIDO MASSIMO CIANCIMINO. El testimonio y los documentos de este arrepentido fueron claves para que la policía empezara a reconstruir las negociaciones entre el Estado y los capos. La fiscalía sostiene que su padre, el ya fallecido exalcalde de Palermo condenado por pertenencia a la Mafia, fue la primera persona con la que el Estado contactó para iniciar las negociaciones del pacto. Fue tachado de “cretino” y “loco” por Dell'Utri, al que incriminó con sus confesiones.

Tampoco esa preguntas ha podido responderse en los últimos 20 años. Sobre todo porque, al contrario que en la Cosa Nostra, donde hay decenas de arrepentidos, aún no hay ningún arrepentido entre las filas del Estado. Ningún político, militar o policía de la época ha decidido romper el pacto de silencio y contar la verdad de la negociación. Pero los hechos, tozudos, terribles, están ahí, puestos en orden, como diciendo: el que quiera entender, que entienda. La fecha clave es enero de 1992. Fue entonces cuando se confirmaron las condenas del llamado maxiproceso contra la Mafia celebrado entre 1986 y 1987 en un búnker construido ex profeso en Palermo. De los 475 acusados, 360 fueron condenados a penas que en total sumaron los 2.665 años de cárcel. Pero la mayoría de los mafiosos confió en que las apelaciones surtieran efecto, sobre todo por la presencia en el Tribunal de Casación de un juez llamado Corrado Carnevale, apodado El Matasentencias. De hecho, en 1989, solo 60 de los condenados continuaban en la cárcel. El punto de inflexión con el pasado se produjo porque los jueces Falcone y Borsellino se ocuparon personalmente de rebatir apelaciones de los abogados de la Mafia. Y, a principios de 1992, el Tribunal Supremo anuló las absoluciones del juez Carnevale y envió de nuevo a los mafiosos a prisión.

La reacción de la Mafia siciliana fue inmediata. Lo cuenta John Dickie en su libro Cosa Nostra (Debate): “El fallo representó un terrible golpe tanto para los planes de Riina [el entonces capo de capos] sobre el futuro de su familia como para su prestigio dentro de la Cosa Nostra. Era la prueba definitiva de que el capo más poderoso de toda la historia de la Mafia había hecho a la organización políticamente huérfana. Lo que estaba en juego ahora era la propia supervivencia de Riina (…). Riina eligió reafirmar su poder mediante una asombrosa escalada del conflicto entre la Cosa Nostra y el Estado italiano. La Mafia necesitaba influir más que nunca en el proceso político, pero solo le quedaba un medio de hacerlo: la violencia. Había que bombardear el Estado hasta que se retractara en aquello que más importaba a Riina y sus secuaces: el fallo del macrojuicio y la ley de 1982 que permitía a las autoridades confiscar las riquezas a la Mafia. Se dice que Riina declaró: “Debemos hacer la guerra para forjar la paz”. Las condenas a muerte de Falcone y Borsellino —pendientes desde hacía tiempo— se reactivaron a los pocos días de que se pronunciara la sentencia del Tribunal Supremo. Aquellos años 1992 y 1993 serían los más dramáticos en toda la historia de la Mafia siciliana. La confrontación de Riina con el Estado se tradujo en una campaña de atentados terroristas a gran escala”.

Hasta el pasado lunes nunca se habían sentado en el mismo banquillo los criminales y las autoridades

Ahora el rostro de Riina vuelve a estar ahí, en una de las pantallas instaladas en el búnker de Palermo para celebrar el juicio sobre la negociación Estado-Mafia. Ya tiene 82 años, pero sigue sin abrir la boca. El viernes, durante la segunda sesión del juicio, le dio un arrechucho y se lo tuvieron que llevar. Ya nadie duda de que al viejo criminal le llegará la muerte antes que el arrepentimiento. Se irá al infierno antes de convertirse en uno de sus odiados arrepentidos. “El problema son esos arrepentidos”, solía decir, “si no fuera por ellos, ni siquiera el mundo entero unido podría tocarnos. Por eso tenemos que matarlos y eliminar a sus parientes hasta el vigésimo, empezando por los niños a partir de los seis años”.

El cuerpo del político Salvo Lima, en 1992. ampliar foto
El cuerpo del político Salvo Lima, en 1992.

Durante aquella escalada de terror, Riina fue detenido —tal vez vendido por su heredero al frente de la Cosa Nostra, Bernardo Provenzano—, pero su estrategia de guerra al Estado siguió adelante. El 27 de mayo explotó un coche bomba en Via dei Georgofili, en Florencia, matando a cinco personas e hiriendo a 40. El 27 de julio otra bomba dejó otras cinco víctimas en Milán… Solo entonces, la Iglesia, que históricamente había sido muy condescendiente con la Mafia —en 1982 Juan Pablo II había visitado Sicilia sin hacer ninguna referencia—, tomó por fin partido. El mismo papa Wojtyla, durante un viaje a Agrigento en mayo de 1993, se olvidó del sermón oficial y clamó contra “la cultura mafiosa, una cultura de muerte, profundamente inhumana, antievangélica…”. Dos meses después llegó la primera advertencia de la Cosa Nostra mediante la colocación de dos bombas en sendas iglesias. Y el 15 de septiembre, el padre Pino Puglisi, un cura que siempre se había opuesto a los mafiosos, fue asesinado a la puerta de su casa. Como recuerda Dickie en su libro, uno de sus asesinos confesaría después que el padre Puglisi le había sonreído justo antes de que le disparara. “Lo estaba esperando”, le dijo. El pasado sábado día 25 fue proclamado beato en el Foro Itálico de Palermo ante decenas de miles de fieles. Es el pasado, que va y viene sin parar cuando se trata de Italia y sus misterios.

Otro de ellos tiene que ver con un personaje llamado Vito Ciancimino. En junio de 1992, tras el asesinato de Salvo Lima, un europarlamentario que había sido alcalde de Palermo y que se tenía como el puente entre Giulio Andreotti y la Cosa Nostra, Totò Riina recibió un mensaje del Estado ofreciéndole negociar. Su guerra había tenido éxito. El mafioso escribió en un papel sus 12 reclamaciones, entre las que destacaban la revisión de la sentencia del proceso a la Mafia, la supresión del nuevo régimen carcelario —extremadamente duro— y el acercamiento de los presos a Sicilia. Algunas de aquellas exigencias se fueron consiguiendo y el alto el fuego llegó. Uno de los más importantes mensajeros entre el Estado y Totò Riina fue Vito Ciancimino, un mafioso de Corleone que en los años setenta llegó a ser alcalde de Palermo. Hace unos años, su hijo Massimo decidió colaborar con la Justicia y desvelar las tropelías de su difunto padre. De ahí que el lunes, cuando llegó al juicio de la negociación entre el Estado y la Mafia, fue vitoreado por las asociaciones antimafia e incluso por Salvatore Borsellino, el hermano del juez asesinado. El problema es que entre la primera sesión del juicio, celebrada el lunes, y la segunda, celebrada el viernes, Massimo Ciancimino fue arrestado por una acusación de evasión fiscal abierta en 2009 en Bolonia. Salvatore Borsellino menea la cabeza, no se lo puede creer, ahora que por fin empezaba a encenderse la luz: “Es un arresto extraño, justo ahora que empieza el juicio de la negociación. Temo por su vida. Le aconsejo que se haga un certificado que demuestre que está bien de salud y con un corazón robusto. No me extrañaría que practicaran con él técnicas disuasivas. Que deje por escrito que no tiene intención de suicidarse y que no beba café…”.

ACUSADOS DE LA MAFIA

Giovanni Brusca.
Giovanni Brusca.

» SALVATORE TOTÒ RIINA. Este corleonese, en prisión desde 1992, fue el último de los grandes capos de la Cosa Nostra y el que dirigió las primeras negociaciones con el Estado. En su haber, más de 150 asesinatos, 40 de ellos ejecutados personalmente. A cambio de detener la masacre de los años noventa pidió la mejora de las condiciones para los mafiosos encarcelados y la revisión de sus condenas.

» BERNARDO PROVENZANO. Este capo tomó el relevo de Riina en 1992 al frente de la Cosa Nostra. Pasó 43 años en busca y captura hasta que fue arrestado en 2006. Según la fiscalía, los Carabinieri permitían su libertad. Desde su escondite, Tío Berna comunicaba sus órdenes a través de notitas que enviaban sus emisarios. Sus estrategias comerciales y sus contactos con el Estado permitieron sobrevivir a la Mafia. Algunos arrepentidos han asegurado desde prisión que Provenzano fue el que vendió a Riina a la policía.

» GIOVANNI BRUSCA. Conocido como el Matacristianos, por sus sangrientos antecedentes, o como El Cerdo, por su físico. Las confesiones desde la cárcel de este excapo arrepentido de la Cosa Nostra, asesino de Giovanni Falcone, también han servido para componer el puzle del supuesto contacto entre Estado y Mafia. Brusca fue el que contó a la policía que la muerte del gran juez anti-Mafia Paolo Borsellino se había “acelerado” por la oposición de este al pacto.

» LEOLUCA BAGARELLA. El cuñado de Riina se hizo cargo del ala militar de la Mafia tras la detención de este. Provenzano optó por la vía de la negociación, pero Bagarella lideró una facción de la organización criminal favorable a continuar con la estrategia de las grandes masacres. De hecho, formaba parte del comando que ordenó los atentados de la Cosa Nostra en 1993. La fiscalía sostiene que exigió al Estado una serie de “beneficios de naturaleza diversa” para los miembros de la Cosa Nostra.

» ANTONINO CINÀ. Médico de Provenzano y uno de los miembros del triunvirato que intentó liderar la Cosa Nostra después de que encarcelaran al capo. El escrito de acusación sostiene que fue él quien entregó al Estado el papel con las exigencias de la Mafia.

Por lo pronto, Massimo Ciancimino decidió no comparecer el viernes, en protesta por su extraña detención. Tampoco acudió a la segunda sesión del juicio el exministro Nicola Mancino, que ya el lunes había protestado por compartir banquillo con representantes de la Cosa Nostra: “No quiero ser proceso con los mafiosos”. El juicio será largo y lleno de sorpresas. Un día que, sin lugar a dudas, atraerá toda la atención será el que tenga que declarar Giorgio Napolitano, el actual presidente de la República. A Napolitano, de 87 años, le salpicó el asunto porque, durante 2012, el exministro Mancino, al sentir que los fiscales de Palermo le pisaban los talones, decidió llamar al palacio del Quirinal para intentar que Napolitano frenara a los investigadores. Mancino habló primero con Loris D’Ambrosio, un exmagistrado que hacía las veces de asesor jurídico del presidente, y no paró de dar la matraca hasta que se le puso al teléfono el mismísimo Napolitano. El problema es que las líneas telefónicas del que fuera titular de Interior desde el 28 de junio de 1992 al 19 de abril de 1994 —o sea, justo cuando sucedieron los hechos que se juzgan ahora— ya estaban pinchadas y todas sus conversaciones con el palacio del Quirinal fueron oportunamente grabadas. Como suele ser habitual, en cuanto los instructores del proceso dieron cuenta a las partes, las charlas fueron publicadas por los periódicos italianos. D’Ambrosio, un hombre de natural discreto, se convirtió durante 40 días en el centro de la atención mediática, diciéndole al exministro en apuros que Napolitano estaba trabajando en el asunto, que se lo había tomado a pecho y que hablaría con Pietro Grasso —por aquel entonces fiscal nacional antimafia, ahora presidente del Senado— para ver qué se podía hacer… Sin embargo, las cuatro conversaciones de Mancino con el presidente de la República no llegaron a publicarse. Napolitano se acogió a una ley de 2009 según la cual “las conversaciones del presidente de la República no pueden ser interceptadas ni siquiera de forma accidental y deben ser destruidas apenas se tenga consciencia de que existen, sin esperar siquiera a que un magistrado las escuche y decida si tienen o no valor”. El 26 de julio de 2012, un mes después del disgusto de las conversaciones, Loris D’Ambrosio murió de un infarto. Tenía 64 años. Ya nadie sabrá a qué se refería cuando hablaba de “acuerdos indecibles” entre el Estado y la Mafia…

El fiscal Vittorio Teresi sostiene que aquella negociación secreta “convirtió, de hecho, a la Cosa Nostra en un interlocutor institucional”. Entre él y sus compañeros van a intentar demostrar que el peligro de aquella decisión de algunos miembros del Estado —sin el respaldo del Parlamento y a escondidas de la opinión pública— trasladó el mensaje a la Mafia de que “aquella violencia atroz, aquellas masacres, eran útiles; gracias a los atentados, la Cosa Nostra logró que el Estado dejará en sus manos su más preciada aspiración, el control del territorio”.

Los coches del juez Falcone y sus escoltas tras el atentado, en 1992. ampliar foto
Los coches del juez Falcone y sus escoltas tras el atentado, en 1992.

Al salir de su despacho y enfilar la calle, un espectacular mecanismo de seguridad se pone en funcionamiento. Durante las próximas semanas, quizá meses, el fiscal Teresi y sus colegas vivirán entre el blindado Palacio de Justicia y la acorazada sala de audiencias construida para el maxiproceso y bautizada como el búnker. Aunque ya sus celdas están vacías, el recuerdo de aquella imagen en blanco y negro de decenas de mafiosos asistiendo al juicio que los llevaría de por vida a prisión todavía impresiona. Pero más aún que, a pesar del tiempo transcurrido, de las vidas pérdidas y de las jugarretas del Estado, haya un puñado de hombres y mujeres valientes que, bajo la foto en blanco y negro de Falcone y Borsellino, sigan buscando la verdad.

—¿Qué poder tiene la Mafia hoy en Italia? ¿El bajo número de crímenes quiere decir que mantiene su control?

—Yo como fiscal me dedicó a investigar hechos ya pasados. El conocimiento del presente me sirve para intentar entender el pasado e incluso para tratar de prever lo que puede pasar en el futuro.

—Entonces…

—No le puedo hablar del presente.