AI defiende la vivienda como derecho fundamental en la Constitución

Amnistía Internacional (AI) defiende la vivienda adecuada omo un derecho fundamental. La organización promoverá una reforma de la Constitución para que este derecho sea considerado "fundamental". Así lo anunció ayer en Madrid el director de la ONG en España, Esteban Beltrán, durante la presentación del informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el planeta, un acto simultáneo en varias ciudades del mundo. Acompañado de Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Beltrán aseguró que la ONG llevará a cabo una investigación sobre el derecho a la vivienda. El objetivo es analizar las medidas legales que se pueden llevar a cabo y que reclama la sociedad española.

Los efectos de la crisis económica, y los recortes asociados a ella en España, preocupan a Amnistía Internacional. La organización temía que las políticas de austeridad llevadas a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy desembocaran en una “crisis de los derechos humanos. Por desgracia ha ocurrido y nos encontramos ante retrocesos en los derechos de salud y vivienda”, aseguró en Barcelona Imma Guixé, coordinadora de la ONG en Cataluña. También criticó que se “estigmatice a defensores de los derechos humanos” en clara alusión a la PAH, “cuando sus reivindicaciones por el derecho a la vivienda son legítimas y las protestas que llevan a cabo con los escraches son pacíficas”.

“La reforma que limita la asistencia sanitaria gratuita a los sin papeles pone en peligro sus vidas y las del resto de la población

Guixé se mostró muy crítica con el Real Decreto de 2012 que “limita la asistencia sanitaria gratuita a los sin papeles, porque pone en peligro sus vidas y las del conjunto de la población”. También con la reforma de la ley hipotecaria llevada a cabo recientemente por el Gobierno. “Solo aliviará a pequeños colectivos y durante únicamente dos años. Para el grueso de los afectados por los desahucios la situación seguirá igual. La reforma es demasiado restrictiva y no garantiza el derecho a una vivienda adecuada”, insistió Guixé, que también lamentó los desalojos forzosos en la Cañada Real y del asentamiento romaní en Puerta de Hierro, ambos en Madrid.

Amnistía Internacional también lamenta el uso “repetido” de la fuerza y de material antidisturbios por la policía en las manifestaciones contra los recortes y la ausencia de “voluntad” para evitar la tortura. “Aunque no sea una práctica sistemática, tampoco son casos aislados” y las denuncias suelen “terminar archivadas”. La pasividad frente a la violencia de género: “de las 48.000 denuncias sobreseídas, en 40.000 de ellas se rechaza la versión de las mujeres”, dijo Guixé. Finalmente la ausencia de datos sobre el racismo y la xenofobia en España, porque es de los “pocos países de la UE que no los recoge, esperemos que la próxima ley de transparencia lo resuelva”, completan las preocupaciones de la organización sobre el estado de los derechos humanos en España. En el lado de las alegrías, pocas pero importantes: ningún atentado de ETA, el aval del Tribunal Constitucional al matrimonio homosexual y el liderazgo de las autoridades españolas en el tratado internacional sobre el comercio de armas.