América Latina no renuncia a la justicia

A pesar de la anulación de la condena por genocidio contra el dictador guatemalteco Ríos Montt, América Latina sigue siendo, con todos sus fallos, una de las regiones del mundo que más se ha esforzado por investigar, juzgar y condenar a quienes violaron el orden constitucional y cometieron delitos de lesa humanidad en sus países. Ha habido procesos más eficaces o mejor gestionados que otros, pero la experiencia muestra que el continente, en el que hace tan solo 40 años campaban a sus anchas las dictaduras, ha sabido administrar justicia a pesar de la juventud de su democracia.

Argentina fue pionera en los juicios a los responsables de los años de plomo de la última dictadura (1976-1983), incluso puso en marcha el proceso cuando quizá su democracia no estaba lo suficientemente madura para resistirlo. Pero a pesar de sus leyes de amnistía, supo reabrir estos procesos y juzgar a sus criminales. Tal vez Jorge Rafael Videla no pasó en la cárcel todo el tiempo que debía, pero acabó sus días en una celda y no en su cama. Además, Argentina abrió hace poco la causa contra el Plan Cóndor, un juicio que dejará al descubierto la barbarie que supuso el pacto entre las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay para capturar y matar a sus enemigos.

Chile tardó en juzgar a Pinochet y su entorno. El dictador entre 1973 y 1990 sí murió en su casa, pero vivió sus últimos días a sabiendas de que él y su familia estaban siendo investigados por enriquecimiento ilícito. Es verdad que el calvario judicial de Pinochet empezó con la imputación que hizo el juez español Baltasar Garzón en 1998, pero tras librarse y regresar a Chile, la justicia del país andino no dio tregua al general golpista.

Perú es tal vez el caso más ejemplar en cuanto al proceso y el resultado. En apenas dos años, entre 2007 y 2009, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue sentenciado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y allí sigue, en una cárcel de Lima, esperando el indulto a sus 75 años.

En Uruguay el ajuste con el pasado está aún abierto. En Montevideo se suceden las marchas para exigir justicia por los opositores desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985). Pero la situación no es fácil, la Corte Suprema uruguaya declaró recientemente inconstitucional una ley que impide la prescripción de algunos delitos graves que el Gobierno de José Mujica, un exguerrillero, había excluido de una ley de impunidad promulgada en 1986.

Brasil está lidiando a su manera con una de las dictaduras más longevas (1964-1985). La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff —víctima de la represión ella misma—, estableció en mayo pasado la Comisión de la Verdad —la última de las puestas en marcha en América Latina— que debe determinar en el plazo de dos años responsabilidades sobre los crímenes de lesa humanidad. La cuestión es que en Brasil la imposibilidad de juzgar a los responsables tiene rango constitucional, por lo que se podrá saber que pasó pero no condenar a los responsables. A pesar de esto, en Brasil, como en Uruguay, Argentina, Chile o Perú, siempre pervivirá la convicción de que los delitos de lesa humanidad ni prescriben ni se negocian.