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Renuncia el director designado para la última televisión opositora en Venezuela

Vladimir Villegas, nombrado el lunes para limpiar la cara a la venta de Globovisión, no llegó a concluir la jornada en el cargo

Estudio de Globovisión.
Estudio de Globovisión. EFE

De último bastión opositor en la televisión venezolana a papa caliente del oficialismo: tal es el tránsito que Globovisión, el canal 24 horas de noticias, recorrió en justamente un solo día.

El lunes por la mañana se anunciaba desde Caracas que la venta del canal a un grupo de inversionistas cercanos al Gobierno, se había completado. Así un hombre del medio bursátil, Juan Domingo Cordero, y dos abogados, Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, se hicieron con el control de la mayoría accionarial del canal televisivo en frecuencia UHF que, con sus luces y sombras periodísticas, supo constituirse en una irritante bestia negra para el chavismo.

Pero todavía no terminaba la jornada cuando, al filo de la medianoche, los nuevos propietarios experimentaron su primer revés. Fue cuando el director designado por ellos, Vladimir Villegas, renunció a un cargo que todavía no empezaba a desempeñar.

Villegas era la baza fundamental para lavarle la cara a una transacción comercial a la que la dividida sociedad venezolana, en pleno, entiende como una operación de descafeinamiento de la línea editorial del canal. Experimentado periodista, hombre de izquierda, Villegas fue constituyente en las listas del chavismo, director del principal canal del Estado y funcionario de la cancillería venezolana, antes de romper lazos con el oficialismo en 2007 y pasar a engrosar las filas de la disidencia.

Al nombrar a Villegas como director, se enviaba un mensaje de que todavía se tendrían en cuenta criterios periodísticos en la gestión de la emisora. A la vez, su historial político, y el vínculo familiar con el actual ministro de Información y Comunicación, Ernesto Villegas, su hermano y también ex reportero, representaban un guiño de comprensión a las necesidades de difusión del gobierno. De hecho, desde que hace casi dos semanas había trascendido su nombramiento, a través de su cuenta de Twitter y en entrevistas con medios locales Villegas se había dedicado a repetir como un mantra su apego al periodismo y a la posibilidad de dar cabida en Globovisión “a todas las voces”, en un ánimo de mediación.

Sin embargo, ese propósito se quebró el lunes, tras una larga reunión con la nueva junta directiva. Interrogado sobre el motivo de su dimisión prematura, Villegas dijo en una breve declaración telefónica a EL PAÍS que “no quedaba claro cuál sería mi capacidad de incidencia en la toma de decisiones sobre programación y línea editorial, ni se me garantizaba autonomía en la dirección, tan necesaria en un ambiente tan polarizado como el nuestro”.

La coordinadora de Investigaciones del canal, Lysber Ramos Sol, había renunciado antes, “luego de intercambiar, por varias horas, impresiones y reflexiones con quienes serán los nuevos dueños”, según una carta que hizo pública. La sempiterna vicepresidenta y rostro emblemático de Globovisión, la periodista María Fernanda Flores, había iniciado la ola de deserciones apenas se supo del cambio de manos en la dirección.

Si bien reina el hermetismo en torno a las últimas alternativas en la gestión del canal, las renuncias que siguieron a reuniones decisivas con los accionistas no auguran nada bueno para la preservación de su independencia editorial.

Sin embargo, los flamantes propietarios no las tienen todas consigo. Se trata de una de las tomas de control más expuestas a la luz pública en la historia del negocio de la prensa en Venezuela. La fiel audiencia del canal, que suele solaparse con los sectores más radicales de la oposición, escruta minuto a minuto las señales que emite para denunciar por las redes sociales cualquier matiz de autocensura. Las anclas más populares –incluyendo a Leopoldo Castillo, conductor de un programa de opinión vespertino y codirector encargado por los próximos tres meses de transición- no han dudado en afirmar en pantalla que renunciarán apenas perciban que desde la sección ejecutiva se les impone una línea de acción. “La Globovisión que tuvimos durante estos años no es la Globovisión que vamos a vivir de ahora en adelante”, adelantó Castillo, con franqueza, en la emisión de su programa la tarde del lunes.

Este punto muerto sorprende a los nuevos accionistas en medio de la discusión pública, toda una novedad para hombres de negocios que cultivaron el bajo perfil como fórmula para el éxito empresarial, en medio de los rigores infligidos por la revolución bolivariana a la iniciativa privada. Cordero, Gorrín y Perdomo figuran también como accionistas de una empresa aseguradora, La Vitalicia, con escasa participación de mercado. De acuerdo a las estadísticas publicadas el mes de marzo por la autoridad reguladora del sector, La Vitalicia ocupaba el lugar 23 entre 49 empresas de seguros, en términos del número de primas cobradas.

Los inversionistas dieron además un paso al frente para adquirir un negocio que, a la luz de la lógica convencional, luciría inviable. El gobierno ha tejido en torno a Globovisión un cerco tan inexpugnable como asfixiante, que incluye la apertura de diez procedimientos administrativos (con que haya lugar a tres de ellos, se pudiera despojar de la licencia al canal), la exclusión de su señal de la plataforma digital (el apagón analógico está previsto para 2020) y, sobre todo, el cese de la actual habilitación para el uso del espacio radioeléctrico (que vence en 2015). El accionista saliente, Guillermo Zuloaga, ha admitido que los costos de la operación sobrepasan con creces los ingresos, mermados además por las vacilaciones de unos anunciantes privados que procuran no aparecer como enemigos del Gobierno.

Según ha declarado Villegas, hasta su inesperada renuncia había pactado con Cordero –presidente de la nueva junta directiva- “una línea de equilibrio”. Pero mientras eso se ratifica, o se evidencia un cambio de timón en la señal de Globovisión, la dirección del medio transmite nuevas y ominosas señales para la libertad de prensa en Venezuela, que atraviesa uno de sus momentos más oscuros.

El periodista Nelson Bocaranda, quien mantuvo informado al país sobre y durante la enfermedad del presidente Hugo Chávez gracias a información de fuentes privilegiadas, fue forzado a marchar al exilio tras claros indicios de que el Gobierno se proponía acusarlo ante la justicia penal. Diversos voceros del oficialismo han acusado a Bocaranda de supuesta instigación para cometer ataques contra dispensarios médicos oficiales que, según alegan, habrían ocurrido tras el desconocimiento por parte de la oposición de los resultados de las elecciones del 14 de abril pasado.

En la Asamblea Nacional, paralizada desde que su presidente, Diosdado Cabello, retiró el derecho de palabra a los diputados de oposición, y desde que se produjo una trifulca con saldo oficial de 11 heridos hace dos semanas, las autoridades del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han impuesto nuevas limitaciones a los reporteros, impedidos de ingresar al Hemiciclo desde 2007.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela), una organización no gubernamental que registra los casos contra la libertad de prensa en el país, reportó que sólo en el recién finalizado mes de abril ocurrieron 64 ataques o limitaciones contra medios, casi la mitad del número de incidentes similares en todo el año 2012.