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Dos asesinatos recuerdan a México que Chihuahua es aún un dolor de cabeza

Ciudad Juárez registra menos violencia, y han descendido los homicidios con respecto a 2010, pero la situación empeora al sur del Estado

El asesinato durante la madrugada del sábado en Chihuahua, estado fronterizo al norte de México, de los dos hijos de los periodistas Martha González Nicholson y David Páramo ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la violencia en esa zona de la República mexicana. “Cuando el Gobernador, César Duarte, opina que la violencia se terminó son buenos deseos, y se lo agradecemos, pero nada más. La violencia no ha cesado, solo se movió de territorio”, asegura Gustavo de la Rosa, abogado experto en Derechos Humanos, quien reconoce que ahora “ya no hay picos de muertes tan elevados” en municipios como Ciudad Juárez.

Según los datos del Sistema Nacional de Seguridad publicados por la fiscalía estatal, en los primeros tres meses del año se registraron un total de 427 homicidios dolosos en Chihuahua, lo que supone una disminución del 62% con respecto a 2011. Sin embargo, si bien la mayoría de los municipios refleja una disminución de los asesinatos, la zona sur sufre un repunte en relación con el mismo periodo de 2012, con 114 muertos frente a los 102 de hace un año. Este aumento contrasta enormemente con la tendencia a la baja registrada en la zona norte, donde se encuentra Ciudad Juárez. Allí los homicidios pasaron de 327 en el primer trimestre de 2012 a 117 este año. “La situación en Juárez mejoró porque el cartel de Chihuahua se desplazó al sur. Ahora dos tercios de la plaza están controlados por la banda de Sinaloa y la situación se ha estabilizado”, explica De la Rosa. En este sentido, Sandra Rodríguez, periodista de investigación en El Diario de Juárez entre 2003 y 2012 y autora de La Fábrica del Crimen cree que la disminución de la violencia “se debió más a un arreglo entre grupos, incluyendo policías y Ejército, que a la intervención de las autoridades”, pero alerta que el resto del Estado “no ha experimentado un proceso de pacificación” similar al de la ciudad fronteriza.

Pese al descenso en el número de muertes violentas Chihuahua es la tercera entidad del país con más homicidios, según el informe ‘Evolución de la violencia. Reporte Trimestre 2013′, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), solo por detrás de Guerrero y el Estado de México. El director de Seguridad del organismo, Alejandro Hope, señala que las cifras siguen siendo muy altas: “Venimos de haber sufrido alrededor de 6.000 homicidios en 2010, y se estima que en 2012 fueron unos 2.500, así que se han reducido, pero aún así, este último dato sería equivalente al número de muertes violentas registradas en Francia, Reino Unido y España juntos; y Chihuahua tiene alrededor de cuatro millones de habitantes”. Hope reconoce que la mejoría se concentró donde había más problemas, en las grandes ciudades, pero las zonas rurales pegadas a Durango y Sinaloa siguen siendo las más peligrosas”. Localidades como Camargo, Delicias, Meoqui, Saucillo o Cuauhtémoc están en el foco. En esta última en marzo, dos estudiantes universitarias fueron halladas sin vida y semidesnudas al día siguiente de haber desaparecido.

Aunque sigue siendo un problema ignorado, si bien los feminicidios en Ciudad Juárez han disminuido a la par que el total de muertes en la zona norte –ocho de enero a marzo-, la situación ofrece características muy diferentes cuando uno mira hacia el sur. La directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña, califica de “preocupante” las condiciones en las que viven las mujeres en la Sierra Tarahumara. La responsable del centro explica que la violencia de las ciudades no tiene nada que ver con la que se da en el contexto de las poblaciones indígenas, donde muchas veces, la violencia intrafamiliar forma parte del día a día. “Era normal que las encontráramos con la cara cortada por un hacha. El problema es que al llevar a estas mujeres al albergue de Chihuahua, en un entorno absolutamente diferente al suyo, se encontraban con problemas de adaptación pues ni sabían español, ni cómo usar los baños”. Por este motivo el instituto ha abierto un refugio en la sierra. “Tenemos un programa para capacitar a mujeres indígenas y ellas son las encargadas de dar la información a sus propios municipios”.

Alejandro Hope opina que parte de los enfrentamientos en el sur ya no puede ser atribuido a los grandes carteles, sino a grupos más pequeños. “El problema es que en este Estado la violencia se ha normalizado. La sierra de Chihuahua ha sido escenario desde hace décadas de cultivos ilícitos de amapolas y marihuana, lo que convierte a esta zona en territorio de conflicto, que puede que se haya acrecentado en los últimos tiempos”.

“Pasamos de una guerra de alta intensidad a una guerra de baja intensidad”, señala el abogado De la Rosa, quien se muestra preocupado porque las autoridades no estén mirando hacia los más jóvenes. Al no ser ahora la situación de las bandas tan peligrosa como hace unos años, las autoridades no son conscientes de que tan solo en Juárez hay “20.000 jóvenes reclutables para la guerra”, una cifra que en todo el Estado se amplía a 40.000. “En Juárez sabemos dónde viven, podríamos identificarlos por nombre y el único proyecto que tiene como objetivo evitar que acaben en las bandas es un programa que impulsa la mesa de seguridad con recursos propios. El Gobierno no lo financia porque los programas de intervención social tienen que dar votos, y estos jóvenes, de entre 12 y 16 años, no votan, así que no interesa”.

Por su parte, el Gobierno se defiende. “Nadie lanza las campanas al vuelo. La violencia no ha terminado”, asegura Carlos González, portavoz de la fiscalía estatal. “Pero hay mayor colaboración entre corporaciones, profesionalización de los cuerpos de seguridad, y más implicación ciudadana a través de las denuncias”. Algo diferente a lo expresado por el Gobernador al presentar su segundo informe de Gobierno, quien, según lo recogido en el diario La Jornada el 1 de octubre de 2012 señalaba: “Chihuahua logró superar la crisis de seguridad y reducir en 51% los delitos de alto impacto. No lo digo yo, lo dice el Sistema Nacional de Seguridad’”.