A por todo

Hace justo un año, el jueves 26 de abril de 2012, tres jueces de la Cámara Federal de Buenos Aires apartaron al juez Daniel Rafecas del caso de la imprenta Ciccone, en el que se encontraba y se encuentra involucrado nada menos que el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou. Sobre él pesaban y pesan imputaciones por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. El vicepresidente llevaba meses acaparando las portadas de los periódicos más críticos contra el Gobierno. Muchos pensaban que la presidenta, Cristina Fernández, le había soltado la mano y lo estaba dejando caer. Hasta que el sábado 6 de abril de 2012 Boudou apareció sonriente y relajado en una conferencia de prensa en la que no admitió ni una sola pregunta, pero fue disparando sin pausa contra el fiscal que lo investigaba, el juez que llevaba el caso y el fiscal general.

Boudou denunció un "brutal ataque a las instituciones que llevan adelante las mafias y sus esbirros". "Mafias cuyos principales referentes en este país son el señor [Héctor] Magnetto [consejero delegado del grupo Clarín] y tiene actores menores que llegan hasta el poder judicial". Si hubiese sido un pistolero, Amado Boudou habría soplado sobre el cañón de su revólver y se habría tendido a contemplar cómo caían, una por una, sus tres víctimas judiciales. Cuatro días después presentaba su renuncia el fiscal general, Esteban Righi, un peronista de 73 años que ejercía el cargo de procurador general desde que Néstor Kirchner se lo ofreciese en 2005. A las semanas siguientes eran apartados de la investigación el fiscal Carlos Rívolo y el juez Daniel Rafecas.

Dos meses antes de aquella escabechina, la presidenta del Gobierno Cristina Fernández asistió a un acto público para festejar la creación de la bandera argentina en la ciudad de Rosario. Fue el 27 de febrero de 2012, sólo cinco días después del accidente ferroviario de la estación de Once, donde murieron 51 personas. Mientras hablaba la alcaldesa de Rosario, la opositora del Partido Socialista Mónica Fein, a Fernández exclamó unas palabras que, por su fuerza sintética y premonitoria, quedaron grabadas para algunos analistas y muchos opositores: “¡Vamos por todo, vamos por todo!”.

En junio de 2012, dos meses después de la renuncia del fiscal general, el Gobierno propuso como candidato para la sucesión a Daniel Reposo, un funcionario que había tardado ocho años en terminar su carrera de derecho, aunque demostró gran rapidez, soltura y eficacia a la hora de escribir tuits en los que apoyaba al vicepresidente frente al acoso de los medios de comunicación. Era tal la mofa y el escándalo que despertó aquel nombramiento en el Congreso que Reposo tuvo que retirar su candidatura, antes de que la vetara el Congreso. El Gobierno se vio obligado a presentar, esta vez sí, a una fiscal de prestigio y siguió adelante con sus planes sobre la justicia.

Un empresario próximo ideológicamente a Cristina Fernández –y que ha tenido la oportunidad de tratarla en varias ocasiones- afirma que ella siempre se quejó de que a menudo los presidentes ven muy mermados y limitados sus poderes por obra de unas cuantas corporaciones elitistas que no buscan otra cosa que el beneficio propio. “Ella cree en su épica”, sostiene este empresario. “Y cree que en la necesidad de reformar una justicia que considera a menudo elitista, vendida a los intereses de los grandes grupos”. O sea, a Clarín. Detrás de cualquier enemigo del Gobierno, siempre aparecerá Clarín.

El Gobierno le ofreció un ultimátum al Grupo Clarín para que acatase la Ley de Medios. O el grupo desinvertía voluntariamente antes del 7 de diciembre de 2012 o el Gobierno lo haría por el grupo. El Gobierno fue a por todo, llenó de publicidad los canales públicos con el habitual lenguaje épico, casi bélico: “Queremos que marques un día importante en el calendario: el 7 de diciembre”, rezaba el espacio publicitario. “O como vamos a llamarlo desde ahora, el 7-D. La d es de diciembre, pero también podría ser de diversidad o democracia”. Llegó el 7-D y no ocurrió nada. Porque un juzgado de segunda instancia falló a favor de Clarín. Pero el Gobierno siguió yendo a por más, a por mucho más.

A partir de entonces, Cristina Fernández comenzó a hablar de la necesidad de “democratizar” la justicia. Y emprendió su reforma. La medida más contundente es la que modifica la estructura del Consejo de la Magistratura, el órgano de Gobierno de los jueces, el que los nombra, les abre un juicio político y los destituye. Ya ha sido aprobada la norma en la Cámara de Diputados y el 8 de mayo, presumiblemente, lo será en el Senado. Con esta ley los miembros del Consejo pasarán de 13 a 19. Y una docena de ellos (tres jueces, tres abogados y seis académicos o científicos) deberán de elegirse por voto popular. Es decir, cada partido presentará a los suyos en las próximas elecciones legislativas. O sea: el ganador de las elecciones se lo lleva todo. Sería como jugar con Messi y Ronaldo en el mismo equipo y con el árbitro pitando a favor.

Puede que en lo más profundo de su ser Fernández crea que está democratizando la justicia, aunque hay quienes opinan que sólo pretende evitar la cárcel para cuando deje el Gobierno. En cualquier caso, sería interesante conocer su opinión si algún día cambiasen las tornas, el día –por ahora aparentemente lejano- en que un líder opositor consiga el rodillo de una mayoría aplastante en las presidenciales, en las legislativas y en el Consejo de la Magistratura.