El fantasma de la compra de votos empaña la imagen de México

La marcha triunfal del Pacto por México fue detenida por un lastre que no se ha podido sacudir la democracia de este país y que quizá esté más extendida que nunca. La red de uso de los programas gubernamentales con fines electorales en el estado de Veracruz, desvelada la semana pasada por el Partido Acción Nacional (PAN) y por la que la oposición ha pedido la destitución de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, es tan solo una muestra de una actividad arraigada en el país desde el siglo pasado, aseguran investigadores del tema.

La compra de votos a través de programas sociales en México es una práctica que ha generado conflictos en los procesos electorales recientes y ha sido ejecutada por todos los partidos políticos, coinciden los estudiosos.

Javier Osorio, investigador de Ciencias Políticas de la Universidad de Notre Dame, señala que a partir de la fundación de los partidos políticos actuales la compra de votos se ha extendido en la cultura política mexicana sin que las autoridades electorales y penales controlen este fenómeno. “Hay una falta de sanción por parte de la autoridad encargada, que en este caso es la Procuraduría General de la República por medio de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Procuraduría históricamente ha sido un actor manco, sin dientes, sin capacidad de sancionar cualquier tipo de acto clientelar electoral. A pesar de las evidencias no hay ninguna consecuencia legal, ni jurídica, ni financiera, ni mucho menos política para los partidos que hacen esto”, comenta.

Las autoridades electorales han reconocido que la atención de los delitos electorales es aún insuficiente. Alfredo Figueroa, consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) advierte que son también los ámbitos sociales y de ejercicio de los puestos públicos los que deben transformarse para disminuir las prácticas clientelares. “No solamente tiene que ver con la materia electoral, sino con la rendición de cuentas, con el uso de recursos públicos, con la transparencia que fortalezcan la vida democrática”, explica a este diario.

La ausencia de castigo a quienes compran votos no es el único factor que contribuye a que esta práctica continúe, también están las condiciones socioeconómicas de la población y la forma en que las instituciones de Gobierno distribuyen sus recursos. Ciro Muyurama, académico en Economía de la UNAM, asegura que los ciudadanos han adquirido una postura de beneficiarios de los programas gubernamentales cuando en realidad son individuos con derechos sociales. “Los derechos sociales no necesariamente se cumplen y lo que deberían de ser servicios y bienes públicos universales, al no estar garantizados, se convierten en ingredientes de programa de Gobierno que pueden ser utilizados de forma clientelar”, argumenta en entrevista con EL PAÍS.

La compra y coacción del voto en México en algunas ocasiones está condicionada por la oferta de puestos de trabajo en el Gobierno, sin embargo, ha encontrado un nicho importante en la entrega de dinero o beneficios inmediatos a través de programas sociales principalmente entre los más pobres que suman un 46% de la población del país, señala Muyurama. “Hay un problema estructural de distribución del ingreso en México de desigualdad de pobreza extrema que favorece este tipo de prácticas. México es un país con tal nivel de pobreza y desigualdad que no falta quien quiera lucrar políticamente con estas carencias”, sostiene.

Según Sergio Aguayo, académico de El Colegio de México e investigador del tema, entre 2000 y 2003 existió un descenso a nivel federal de la compra de votos que coincidió con el inicio de la alternancia después de que el PRI estuviera a cargo de la Presidencia de la República durante 70 años. Para 2006, estas prácticas volvieron a presentarse notablemente en todas las fuerzas políticas y en algunos casos se han transformado en versiones más sofisticadas para el intercambio de dinero por voto.

“Con la alternancia no hubo cambios ni en la cultura política ni en los métodos para frenar la compra y coacción del voto. Eso se combinó con que los partidos reciben ríos de dinero público y privado. En lugar de que los partidos de oposición combatieran la práctica, se sumaron a ella. El PRI fue derrotado en la presidencia pero ganó en la cultura política”, expresa a este diario Aguayo. En su investigación, el académico de El Colegio de México ha detectado que los partidos políticos recurren más a la compra de votos cuando el margen de competición es muy corto, mientras que cuando las preferencias electorales son claras pueden, incluso, evitarlo.