El Congreso argentino aprueba la reforma judicial kirchnerista

Después de 20 horas de debate entre gritos y argumentos, la Cámara de Diputados de Argentina convirtió este jueves en ley dos de los seis proyectos de reforma judicial que planteó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. También aprobó con modificaciones otro proyecto que deberá volver al Senado. La reforma ha sido planteada por el kirchnerismo como un paso hacia la “democratización” de la justicia en un país donde muchos delitos quedan impunes y las desigualdades sociales también se manifiestan en los tribunales, pero la fragmentada oposición se ha unido para denunciar el presunto intento del Gobierno de acabar con la “independencia judicial”.

Con la mayoría de la oposición fuera del recinto en señal de protesta por el método apresurado de la votación, la Cámara de Diputados sancionó por 126 votos contra diez una ley que limita a seis meses las medidas cautelares de jueces contra normas del Estado, de modo que se deban expedir rápido sobre la cuestión de fondo de las causas. La norma solo exceptúa de esta restricción temporaria a los litigios que afectan a “sectores sociales vulnerables”, la “vida digna” o cuando se trate de conflictos laborales.

Sin embargo, distintas voces criticaron esta iniciativa, como el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que recordó el pasado domingo que las medidas cautelares son “necesarias para la defensa de la ciudadanía y los derechos humanos frente al Estado”. Pérez Esquivel coincidió con Fernández en la necesidad de una reforma que termine con la “corporación judicial imperante que hace tanto daño al pueblo”, pero disintió con el contenido de algunos proyectos oficiales.

Por 126 votos contra ocho se convirtió en ley la iniciativa que crea tres tribunales de tercera instancia en los fueros laboral, contencioso administrativo (los litigios que involucran al Estado) y civil y comercial. De este modo, quien apele fallos de segunda instancia en esos fueros no podrá recurrir directamente a la Corte Suprema.

Por 130 votos a favor y 123 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece que los jueces, abogados y académicos que integran el Consejo de la Magistratura (órgano de selección y destitución de magistrados) sean elegidos por el pueblo a través de candidaturas por los partidos políticos. Los opositores han criticado que los jueces tengan que alinearse con partidos y que la mayoría gobernante pueda acabar dominando los tres poderes del Estado. El exjuez español Baltasar Garzón, actual asesor de la Cámara de Diputados de Argentina, apoyó los proyectos de reforma judicial, pero sugirió que los candidatos al consejo pudiesen postularse también por fuera de los partidos.

Por petición de la Corte Suprema, esta iniciativa fue modificada por los diputados kirchneristas para que el máximo tribunal mantuviera el control presupuestario de la justicia y no se lo transfiera al Consejo de la Magistratura, como había votado el Senado. Por lo tanto, el proyecto volverá a ser debatido por la cámara alta. Otros tres proyectos de la reforma judicial, menos polémicos y que apuntan a transparentar el ingreso a la carrera judicial y a difundir las sentencias y los patrimonios de los funcionarios, se convertirán en ley el 8 de mayo, cuando sean discutidos por el Senado, donde el kirchnerismo y sus aliados también cuentan con la mayoría absoluta. 

El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, dijo que la reforma traerá una “justicia más cercana a la gente, que se ponga en el lugar de los humildes”. En cambio, un diputado de la Unión Cívica Radical (UCR, segunda fuerza parlamentaria) que en 1985 fue uno de los jueces que condenó a los máximos jerarcas de la última dictadura militar (1976-1983), Ricardo Gil Lavedra, calificó los tres proyectos que se discutían este miércoles como “el mayor retroceso desde la restauración democrática”. El diputado Felipe Solá, peronista disidente (tercera fuerza), consideró “triste que el Gobierno haya caído en esa actitud de que la justicia es para los otros, para los giles (tontos)”. Su par Victoria Donda, del Frente Amplio Progresista (FAP), la cuarta fuerza aunque en vías de extinción por sus peleas internas, advirtió de que “este proyecto democratiza la injusticia”. La diputada Laura Alonso, de la conservadora Propuesta Republicana (PRO, quinto grupo en número), lo calificó de “inconstitucional”. La oposición recurirrá a la Corte Suprema para solicitar que declare la inconstitucionalidad de las leyes de la reforma, una vez que sean sancionadas.

El debate de los tres proyectos de ley comenzó el miércoles al mediodía de Buenos Aires y diputados anticipaban que podría extenderse hasta las 9 de la mañana del jueves. Mientras comenzaba la discusión, gracias a que el peronismo kirchnerista consiguió 20 aliados para reunir el quórum necesario, dos de las cinco centrales sindicales protestaron afuera del Congreso contra la reforma judicial. El líder de una de las tres facciones de la peronista Confederación General del Trabajo (CGT), el exkirchnerista Hugo Moyano, deslizó sospechas de compra de votos en la Cámara de Diputados para aprobar las leyes.

Más tarde, partidos políticos opositores convocaron a otra manifestación contra las iniciativas del Gobierno, pero no consiguieron tanto éxito como la protesta organizada por ciudadanos desconocidos en las redes sociales hace una semana. O los partidos carecen de capacidad de movilización o la población no sale a la calle por una cuestión institucional como la justicia. El pasado jueves cientos de miles de argentinos se habían quejado ya de la reforma judicial, pero también de la corrupción, la inseguridad, la concentración de poder o la inflación. Esta vez alcanzaban los 10.000, según el periódico La Nación.