Capriles acusa directamente a Maduro de haber robado las elecciones

Henrique Capriles Radonski cruzó esta noche de miércoles su Rubicón: “La verdad del tamaño de este país”, señaló al liderazgo chavista en una declaración, “es que ustedes se robaron las elecciones”. Hasta ahora, los portavoces de la oposición venezolana, incluyendo al propio candidato presidencial, se habían limitado a expresar su solicitud de un recuento de los votos de las elecciones presidenciales del 14 de abril para “asegurar el resultado oficial”. Pero la afirmación, claramente premeditada, del también gobernador del estado de Miranda, rompe ese velo y configura una escalada en la grave crisis política de Venezuela.

El candidato, de 40 años, hizo también un emplazamiento al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que el jueves inicie el proceso de auditoría, que las propias autoridades electorales aprobaron hacer una semana antes. Pero desde entonces, los rectores del organismo, controlado por el oficialismo, se han empantanado en una red de galimatías técnicas que hasta el momento impide, siquiera, definir el protocolo del proceso.

Ante el paréntesis institucional —que se sigue prolongando mientras, al tiempo, se consume el plazo legal de 15 días para impugnar los comicios—, Capriles aseguró que, de no haber respuesta en 24 horas, anunciará “las acciones legales e internacionales que tomaremos”.

Mientras Capriles ofrecía su rueda de prensa, que sólo cubría un canal local de televisión —Globovisión, un canal 24 horas de noticias, en trance de ser adquirido por capitales privados progubernamentales—, el gobierno de Nicolás Maduro forzó a todos los medios a conectarse a una cadena nacional de radio y TV. El canal emitía un corte ya exhibido ayer, de unos cinco minutos de duración, donde se atribuye a Capriles la instigación de los desórdenes de la semana anterior, que tuvieron un saldo oficial, según informó la Fiscalía General, de nueve muertos y 78 heridos.

La transmisión obligatoria soliviantó a los seguidores de la oposición, que respondieron con el estruendo de un cacerolazo masivo en zonas del este y centro de Caracas, según reportes.

“No hay forma de que puedan torcer la verdad”, insistió Capriles, quien, ante las presunciones de que el gobierno intentará imputarlo como incitador de los disturbios, dijo no temer ninguna acción en su contra. “Aquí estamos”, retó el dirigente, quien ya en 2002 pasó cuatro meses en prisión, acusado como responsable del asalto a la sede de la Embajada de Cuba en Caracas durante el golpe que desalojó brevemente a Hugo Chávez del poder, en abril de ese año.

Once años más tarde, arrecia la campaña del joven gobierno de Maduro contra la figura de Capriles. La campaña no es sólo a través de los medios, preparando un clima propicio para justificar una detención que, sin duda, ofendería a una mitad del país. Los poderes públicos, con la Fiscalía a la cabeza, van estrechando el cerco en torno al líder opositor, con promesas diarias de que no consentirán la impunidad. Con más imprudencia que franqueza, la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, ofreció unas declaraciones el martes en las que adelantó, hablándole directamente a Capriles, que “ya te tengo preparada tu celda”, donde, garantizó, no le ocurriría ningún percance distinto a los que suponga su proceso de regeneración. “Vamos a ver si allí te quitamos ese pensamiento fascista y logramos rescatarte como ser humano”, ironizó, “primero con una rehabilitación que necesitas urgentemente, porque tienes un vicio y tú lo sabes”.

Todo esto contrastaba con los gestos conciliadores que el presidente Nicolás Maduro mostró casi en simultáneo. Por un lado nombró una comisión de alto nivel, presidida por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, para conversar con los “sectores democráticos de la oposición”, a los que diferenció de un núcleo “fascista” que todavía persistiría en los planes de asesinar al primer mandatario. Maduro también designó al diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Calixto Ortega, como nuevo Encargado de Negocios de Venezuela en Washington, a quien impuso la misión de restablecer el diálogo con el gobierno de Barack Obama “pero sobre la base del respeto”.

Pero todas estas maniobras parecen subsidiarias con respecto al conflicto central: el reconteo de votos de las elecciones presidenciales del 14 de abril.

Se trata de un conflicto que recrudece y amenaza con desestabilizar al país, a pesar de que el CNE pareció ceder a esa demanda opositora la noche del 18 de abril, vísperas de la juramentación de Maduro como presidente, y momento en el que los presidentes de las naciones sudamericanas se reunían en Lima para tratar la crisis venezolana. La reunión, en la que Maduro estaba presente, se tornó tensa, dadas las diferencias entre dos grupos de países que apoyaban o rechazaban el recuento como requisito para reconocer al nuevo gobierno de Caracas. El anuncio de que el CNE se avenía a practicar la auditoría, facilitó un acuerdo en la capital peruana.

Transcurridos siete días desde entonces, la auditoría –que tomaría un mes en completarse- no se ha iniciado, como tampoco se han definido los pasos a seguir para ejecutarla. El opositor Comando Simón Bolívar ha denunciado que todas las comunicaciones que ha dirigido al CNE para solicitar formalmente el proceso, se han quedado sin respuesta.

Este miércoles, los líderes del equipo técnico conformado por el comando de Capriles para participar en el eventual recuento, dieron una conferencia de prensa. Allí explicaron que, si bien el CNE se muestra dispuesto a revisar el desempeño del sistema computarizado de las elecciones, se niega, en cambio, a aceptar que se contraste el contenido de los cuadernos de votación y el registro de huellas dactilares.

“Que el CNE decida si es una auditoría o no lo es”, dijo Liliana Hernández, una de las jefes del equipo, echando mano a una analogía: “Con este CNE siempre se está medio preñado (embarazado)”.

Según trascendió, el Departamento de Informática del CNE ya ha preparado un plan técnico para abordar la auditoría, pero el directorio —conformado por cuatro rectoras cercanas al PSUV, y un rector vinculado a la oposición— no ha convocado a ninguna reunión para examinarlo. Sin embargo, este jueves es fecha para una junta regular. De allí el ultimátum de Capriles.

“Una auditoría no es una simple conciliación de papeles”, advirtió Capriles poco después. “Una auditoría implica la revisión de todos los instrumentos de votación. No aceptaremos ni una auditoría chucuta (trunca) ni una mamarrachada”.