Nuevo acoso a la Universidad Nacional Autónoma de México

Desde la noche del viernes un grupo de 15 encapuchados tiene tomada la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Distrito Federal. El asalto se produjo alrededor de las 20.30 horas, cuando tras haber destrozado con mazos y martillos varios cristales del edificio, los jóvenes, que se identifican como estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), se adentraron en el vestíbulo. El grupo, que ya anunció que estaría ahí de manera “indefinida”, exige que se readmita a cinco estudiantes expulsados en el mes de febrero por haber golpeado a varios administrativos del centro cuando impedían la entrada a un estudiante borracho. Con este ya son seis los ataques perpetrados contra la Universidad en lo que va de año, sin que haya habido hasta la fecha consecuencias penales para los implicados.

Las autoridades de la UNAM aseguraron este sábado que no entablarán un diálogo “en tanto prevalezca la violencia y la ocupación contrarias a la legalidad”. El abogado general de la Universidad, Raúl González, comunicó a los jóvenes por escrito que sus actos constituyen un delito, por lo que les pide que “depongan su actitud y desalojen las instalaciones”. En el texto se informó también al grupo de estudiantes de que se había interpuesto una denuncia penal por los hechos violentos y la toma de instalaciones el viernes, consideradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Después de recibir el documento de manos del abogado los jóvenes, en todo momento encapuchados, salieron a exigir al rector de la UNAM, José Narro Robles, a la directora del CCH, Lucía Laura Muñoz Corona y al abogado “el cese del hostigamiento” contra ellos, la retirada de las denuncias penales contra los compañeros, la readmisión de los expulsados y una fecha para el diálogo público con las autoridades. El grupo defiende no haber tomado la Rectoría, sino “estar haciendo un plantón dentro de las instalaciones”, sin bloquear la entrada ni el funcionamiento.

El domingo por la mañana, directores de 74 escuelas, colegios, facultades, institutos y centros de investigación de la UNAM exigían a los jóvenes a través de un comunicado que entreguen la Rectoría. “Reiteramos nuestro respaldo al rector en la conducción de la Universidad y en la solución de este problema”. También el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, admitía contactos con José Narro. Ya por la tarde, los estudiantes volvían a comparecer ante los medios para señalar que mantendrán “su plantón indefinido hasta que obtengan respuesta a sus demandas”.

Los ataques contra el personal y los edificios de la UNAM comenzaron el 1 de febrero. Ese día siete trabajadores del Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan fueron agredidos cuando impedían la entrada al centro de un estudiante en estado de ebriedad. El día 5 del mismo mes, un supuesto grupo de estudiantes lanzaba piedras, petardos y cócteles molotov contra el edificio. Hubo diez detenidos, entre ellos, el alumno al que no se le había dejado pasar. En la jornada del día siguiente los activistas protagonizaron una marcha hacia la Dirección General del CCH en Ciudad Universitaria. Con el rostro cubierto y unidos en fila empujaron a los funcionarios y académicos y rompieron los vidrios para tomar las instalaciones, exigiendo la readmisión de los expulsados. Tardaron casi tres días en comenzar a negociar con el centro. Dos meses más tarde, en la madrugada del 2 de abril, otro grupo de encapuchados tomó durante seis horas el edificio de Preparatoria 6 de la Universidad, colocando barricadas en los accesos principales para evitar la entrada del personal. En este caso exigían estacionamiento para bicicletas, servicio médico, acceso libre a las canchas y la retirada de las cámaras de vigilancia. Dos días después 20 jóvenes lanzaban piedras contra el plantel 5 de la escuela José Vasconcelos.

Todos estos disturbios tienen como antecedente el secuestro de la UNAM en 1999. El 20 de abril de ese año una minoría de ultras dentro del Consejo General de Huelga forzó el cierre de escuelas y facultades para protestar por la modificación del Reglamento General de Pagos. La huelga, que llevó a la paralización de la actividad académica durante casi diez meses, fue asunto de debate permanente en los medios de comunicación mientras duró el conflicto. En febrero de 2000, elementos de la Policía Federal entraron en la Universidad y detuvieron a alrededor de 700 estudiantes.