La investidura de Maduro se produce en un clima de incertidumbre

Vencer sin convencer. Es lo que hasta ahora logra Nicolás Maduro, quien este viernes se juramentará ante la Asamblea Nacional como nuevo presidente de Venezuela.

A Maduro le tomó poco más de cuatro meses cumplir el deseo expreso del fallecido Hugo Chávez de que fuera su sucesor. Se puso al frente del Gobierno, primero, de facto, debido a la agonía del "Comandante Supremo de la Revolución" —como ahora se llama a Chávez en la jerga oficial—; y luego, por el derecho, gracias a dos decisiones del prochavista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le permitieron, el 9 de enero, prolongar el gobierno en funciones, del que era vicepresidente, y el 8 de marzo, ya fallecido el líder revolucionario, encargarse de la presidencia de modo interino mientras, simultáneamente, se preparaba para competir como candidato presidencial.

Convirtió las melodramáticas exequias del comandante en su primer acto de campaña electoral. Durante sus giras proselitistas, hizo uso y abuso de los recursos del Estado. La propaganda lo bautizó como el “hijo de Chávez” y aseguró que su cometido de gobierno era dar curso al programa del exoficial de paracaidistas. Pero todo, como se vio el 14 de abril, fue a costa de malbaratar el capital político.

En las elecciones presidenciales del domingo, Maduro fue declarado vencedor con una ventaja de poco más de uno por ciento, un resultado oficial que la oposición y su candidato, Henrique Capriles Radonski, cuestionan por diversas irregularidades y se niegan a reconocer hasta tanto no se acuerde un recuento de todos los votos. Es, además, un margen muy delgado que la revolución bolivariana y sus pretensiones hegemónicas difícilmente le consientan a su candidato presidencial.

Así llega a su investidura: débil ante sus camaradas, cabezas de diversas facciones del oficialismo, que empiezan a preguntarse si no había opciones mejores que Maduro para conservar el poder. Y con un resultado bajo impugnación. La bancada opositora ya ha anunciado que no asistirá a la jura en la Asamblea Nacional. Mientras tanto, un exmagistrado del TSJ, Perkins Rocha, presentó ante la más alta corte un recurso de amparo que pretendía lograr que se suspendiera el acto de investidura, recurso que fue rechazado con rapidez.

Pragmático, Maduro se ha dedicado a consolidar posiciones. El nuevo presidente se mueve como un pez en aguas internacionales. Después de todo, ocupó durante casi siete años el cargo de Canciller y fue punta de lanza del activismo regional del chavismo, protagonista, incluso, durante las crisis políticas en Honduras y Paraguay que dieron al traste con las presidencias de Manuel Zelaya y Fernando Lugo, dos aliados hemisféricos. A pesar de las reticencias de Estados Unidos y Canadá, hasta el momento se sabe de ocho presidentes de América Latina que han asegurado su asistencia al acto de investidura, programado para este viernes a las once de la mañana (hora local de Caracas). Luego de la ceremonia, Maduro presenciará una parada militar y encabezará una marcha con sus seguidores por calles del centro de la capital venezolana.

En su afán de presentar hechos consumados, frente al reclamo opositor de una auditoría “voto a voto” de las urnas electorales, el gobierno calcula que la calificada presencia internacional desalentará a sus adversarios.

La oposición, en todo caso, convocó para el viernes su cacerolazo diario de protesta de modo que coincida con la ceremonia de juramenta, aún si no hay seguridad de que su sonido llegue hasta el recinto donde los presidentes extranjeros se encontrarán.

Pero la diplomacia que Maduro practica hacia el exterior, hacia lo interno se convierte en la “mano dura” que exigió para desbaratar el golpe de Estado que, a su juicio, se desarrolla enmascarado bajo la solicitud opositora de recontar los votos.

Desde el miércoles arrecian las denuncias de purgas en organismos del Estado de aquellos empleados de los que se sospecha pudieron haber votado por Capriles Radonski. Reporteros que cubren la fuente policial supieron han informado sobre la incautación y revisión de los teléfonos móviles de detectives, en busca de signos de simpatía por la oposición. En el estado de Lara, en el centro occidental del país, un juez rector fue destituido tras vérsele en compañía de dirigentes locales de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Sindicatos oficialistas y gerentes de las acererías de Guayana, corazón de la industria pesada en Venezuela, pidieron al grito de “¡Limpieza, limpieza!” el despido de quienes coqueteen con la disidencia. Un funcionario de segundo rango de la chavista gobernación del estado de Zulia, Leonet Cabezas, fue brutal en su advertencia de que, una vez recibido el informe del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para identificar quiénes de su dependencia –la Secretaría Regional de Deportes-  podrían haber votado por Capriles, “los vamos a botar”.

La violencia parecía este jueves haber abandonado las calles y quedar confinada al enfrentamiento simbólico de cacerolas opositores contra fuegos artificiales progubernamentales, luego de los desórdenes públicos que por poco más de 24 horas mantuvieron en vilo al país, a comienzos de la semana. Sin embargo, el gobierno, que achaca los disturbios a Capriles y su comando por el llamado a la protesta —si bien pacífica—, sigue demonizando a los opositores a través de sus medios mientras tira del poder judicial para estrechar el cerco en torno a ellos.

El expediente para hacerlo es el saldo de destrozos y ochos muertes que los desórdenes produjeron. Versiones de prensa vienen poniendo en duda por estos días el relato gubernamental acerca de esos hechos. Una de las más importantes organizaciones de derechos humanos en Venezuela, Provea, encontró que los dispensarios médicos que el gobierno aseguraba habían sido destruidos, seguían intactos en apariencia. Coberturas de la agencia alemana de noticias, DPA, y del corresponsal en Venezuela de The New York Times, al menos, sugieren que dos de los asesinatos podrían o no haber sido cometidos por opositores o haber estado vinculados a la delincuencia común.

Este viernes, cuando se cumplen 203 años del inicio de la revolución independentista de Venezuela contra la Corona española –con la conformación de una Junta de Gobierno criolla en Caracas-, de nuevo en la misma ciudad se cumple un acto que puede marcar una ruptura, a la postre violenta, o el inicio de una etapa de remiendos en una sociedad gravemente dividida. Maduro asume la responsabilidad.