Ninguno sembrará el petróleo

Gane quien gane las presidenciales del 14 de abril, Venezuela seguirá siendo la nación parasitaria de los ingresos petroleros que denunció su intelectual más notable, Arturo Úslar Pietri, en el editorial Sembrar el Petróleo, publicado el 14 de julio de 1936, en el diario Ahora. El candidato oficial, Nicolás Maduro, volverá a consumir millonadas en mantener a flote el paternalismo de Estado concebido por su fallecido mentor, Hugo Chávez, mientras que el contendiente de la oposición, Henrique Capriles, anticipó hace meses que no sólo respetará los subsidios del oficialismo sino que los ampliará si alcanza la jefatura del gobierno. América Latina y el populismo, como cebo, son primos hermanos desde el siglo XIX, pero sólo Venezuela ha podido sufragar el corruptor maridaje hasta sus últimas consecuencias porque el maná petrolero le permitió despilfarros imposibles en otros países.

El repentino agotamiento de los yacimientos de crudo del Orinoco o el desplome de su cotización en los mercados internacionales condenaría a los venezolanos casi a la indigencia pues el modelo productivo nacional es esencialmente rentista: el precio del barril determina la cuantía de los ingresos, el bienestar y los escandalosos derroches de los gobiernos de turno. El populismo bolivariano fue sectario y clientelar durante sus 14 años de vigencia, dirigido “al pueblo”, a la base electoral que sostuvo el chavismo, pero también los dos grandes partidos tradicionales, Acción Democrática, socialdemócrata, y COPEI, democristiano, fueron populistas y clientelares durante sus cuatro decenios de alternancia en el poder. La corrupción imperante durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-79), sultán de la Venezuela Saudita, fue épica.

El líder de la oposición anticipó que no sólo respetará los subsidios del oficialismo sino que los ampliará si llega el gobierno

El modelo, financiado por los yacimientos del subsuelo, seguirá vigente tras la nueva investidura presidencial, pues ni Maduro ni Capriles ofrecen en sus programas un esquema diferente al que llevó el déficit fiscal hasta el 18% del PIB, con el consiguiente endeudamiento público, y obligó a una reciente devaluación para reducir el índice en cuatro o cinco puntos. “Se acabó la regaladera”, prometió, a beneficio de inventario, el ministro de Finanzas, Jorge Giordani. El histórico despilfarro nacional, asociado a una elevada inflación, no acabará, y menos con un régimen intervencionista, sostenido no tanto por la convicción ideológica de sus electores como por el carisma del difunto fundador y por las disponibilidades de caja. La abundancia de bienes y servicios gratuitos o vendidos a precios políticos, desde la cesta básica, al whisky y vehículos de alta gama de las elites civiles y castrenses, es ya derecho consuetudinario en Venezuela. Quien intente cambiarlo probablemente sucumba en el intento. La sociedad está más acostumbrada a consumir que a producir y no renunciará a una gasolina más barata que el agua mineral gracias a los cerca de 10.000 millones de euros anuales en subvenciones.

Henrique Capriles no podría captar votos entre los compatriotas pobres y chavistas, mayoría, si su oferta renunciara a la prodigalidad arbitraria, al clientelar reparto de dinero, cargos, lavadoras y frigoríficos, e incidiera en la cordura: en la puesta en marcha de una economía más productiva y diversificada, menos dependiente del crudo, alejada de las ayudas improductivas. Pero no ha habido presidente que no haya sucumbido a la tentación de redistribuir a su antojo, a la medida de sus ambiciones políticas e ideología, una riqueza nacional de surtidor, recaudada sin esfuerzo, sin haber sido sembrada. Úslar Pietri pedía que en lugar de ser el petróleo una maldición “que haya de convertirnos en un pueblo parásito e inútil”, fuera la palanca de la productividad y el progreso.

Los buenos deseos del intelectual venezolano quedaron en afán incumplido. La abultada chequera del Estado permitió al último gobernante de Venezuela, al caudillo Hugo Chávez, aumentar los ingresos de los más pobres y ejecutar benefactores programas sociales, pero al cargo de ese populismo multimillonario nació una casta burocrática y empresarial, oportunista y corrupta. Creció el tamaño del Estado y el número de empleados públicos pasó de 1,3 millones a 2,4 millones. Los bolivarianos se agolparon frente a la ventanilla de empleo oficial blandiendo el carné del partido, y la vieja divisa nacional recobró entonces fuerza y vigencia: “No me des, ponme donde haiga”.