“Hay mucha gente marginada en el sistema de justicia en México”

Olga Sánchez Cordero pasa por ser uno de los ministros más progresistas de la Corte Suprema de México, el máximo tribunal del país. La jueza, con especial dedicación a los derechos humanos, ha revisado casos como el del indígena Alberto Patishtán, un maestro de escuela encarcelado desde hace 13 años en un proceso repleto de irregularidades que desnuda el kafkiano sistema judicial mexicano. “Muchísima gente en México no tiene acceso a un abogado altamente cualificado”, reconoce la ministra en una entrevista con EL PAÍS, que alerta de las “paupérrimas” condiciones con las que se imparte justicia en buena parte de la república.

El asunto ha llenado las cárceles de marginados que no tuvieron una defensa digna por ignorancia y falta de recursos económicos. La ministra ve primordial que el poder judicial acabe con el trato injusto que reciben millones de ciudadanos. “Tenemos que preocuparnos muchísimo dentro del gobierno para que las gentes tengan la posibilidad de tener a alguien que las defienda, que esté debidamente capacitado y que se entregue a su caso. Estas personas tienen que ser abogados de oficio remunerados adecuadamente “, dice.

"¡ Los abogados no van a trabajar de oficio si ganan tres pesos!"

De lo contrario, ocurre que los buenos letrados acaban trabajando por su cuenta. “¡No van a quedarse en una defensoría pública si ganan tres pesos!”, señala enérgica ante dos de sus asesores, que hace un rato le sugirieron sin éxito que se pusiera la toga para la entrevista. Ella es como esos médicos que ven ridículos a los compañeros que van a tomar café con bata y estetoscopio.

El caso del maestro tzotzil encarcelado en Chiapas, condenado con pruebas fabricadas en su contra y por la incompetencia de su primer abogado, llegó a la Corte por la insistencia del letrado especialista en derechos humanos Leonel Rivero, que se hizo cargo de la defensa del indígena apenas el año pasado. Presentó un recurso excepcional, el de reconocimiento de inocencia, un vericueto judicial que hasta ahora nunca se había tenido en cuenta en situaciones similares. Sánchez Cordero, en el Supremo desde 1995, atrajo el tema y convenció a un colega para reabrir el proceso pero la negativa de otros tres lo sepultó.

De prosperar ese recurso se hubiera abierto un precedente histórico en la justicia mexicana. “Es un precedente fortísimo. Es un precedente de un impacto impresionante en todos los juicios terminados. Sí, pudiéramos esperar (de haberse aprobado) una avalancha de juicios ya concluidos”, considera la ministra. A lo que se refiere es que todos esos condenados en circunstancias parecidas podrían exigir el mismo trato. Los jueces tendrían que revisar, uno a uno, juicios en los que se condenó a muchos inocentes –presuntos culpables- que hoy día siguen en la cárcel. Cuesta imaginar que algo así fuese viable con los medios disponibles. ¿Eso motivó la decisión de los otros ministros que no querían abrir la caja de pandora? “No lo sé”, dice.

Al continuar con el recuento de fallos, la ministra también ve un gran problema en las sedes judiciales de las regiones, desprovistas de medios y gente cualificada. Se han dado casos en los que un testigo podía ser intimidado dentro de los edificios públicos. Es posible contratar en algunos sitios el servicio de unos matones para que atemoricen a la otra parte en pleito. “Los Estados tienen unas defensorías paupérrimas”, ahonda Sánchez Cordero. Ese sentimiento se le agravó el día que habló con un gobernador –no quiere concretar cuál- que no sabía dónde estaba la defensoría pública y que desconocía incluso si dependía del gobierno o del poder judicial. “Le pregunté”, relata, “cuántas veces veía a su procurador (fiscal). ‘Lo veo diario, a veces hasta dos veces al día’, contestó. Obviamente lo hacía porque es el pulso de lo que está ocurriendo en el Estado en materia de seguridad, en problemas de criminalidad. ¿Y cuántas veces volteaba a ver a su defensor público?”. La respuesta es ninguna.

"Un gobernador no sabía dónde estaba su defensoría pública"

Sánchez Cordero ha revisado casos de indígenas encarcelados injustamente como el de Jacinta Francisca Marcial, una mujer de metro y medio acusada de secuestrar sin arma alguna a seis policías, o se ha posicionado a favor de la libertad de Florence Cassez, una ciudadana francesa considerada culpable de formar parte de una banda de secuestradores. En ambos casos las pesquisas policiales y el juicio estuvieron llenos de irregularidades y atropellos a sus derechos. En el caso de la francesa la ministra –que redactó el segundo proyecto de sentencia de ese caso– corría el riesgo de que la acusaran de malinchista, el sentimiento de que algunos mexicanos privilegian lo extranjero sobre lo nacional. “Se le violaron derechos fundamentales como debido proceso, presunción de inocencia, asistencia consular…”, recuerda.

La presión de su país de origen también ayudó a que Cassez fuese liberada o al menos a que el asunto no se olvidase. Esa suerte no la tienen muchos nacionales. Las organizaciones de derechos humanos se han encargado de rescatar las historias de estas personas indefensas y han presentado sus casos ante la Corte Suprema y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La ministra resalta el papel de estas organizaciones que sacaron a la luz casos cuyo destino era agarrar polvo en cualquier estante. Acusados que no conocen sus derechos (en el caso de los indígenas ni el idioma) con pruebas dudosas o directamente inventadas. Mujeres en la cárcel por no saber decir en español “yo no maté a mi hijo”. Líderes sociales entre rejas por haber incomodado a algún cacique local, como en el caso de dos indígenas condenados por un delito menor que escondía un conflicto por el agua. “Si no tienes un abogado especializado que lleve tu caso, quedas marginado del sistema de impartición de justicia”, sentencia Sánchez Cordero.

El escaso sueldo y preparación de los abogados de oficio fomenta la desidia de algunos de ellos y sirve de abono para la corrupción. “Directamente ves que su casa y su carro no corresponden con el sueldo que ganan”, puntualizará después un prestigioso abogado mexicano. En al menos 10 Estados los letrados ganan menos de 10.000 pesos (833 dólares) y ni siquiera es necesario que tengan el título para ejercer.

Patishtán es uno más dentro de este sistema viciado pero él ya ha agotado las vías judiciales. Le restan 47 años en una prisión de San Cristóbal de las Casas. “Yo soy inocente”, dijo a EL PAÍS cuando fue a conocer su situación en prisión. La propia ministra considera imposible, tal y como está redactada la sentencia, que este hombre matase a siete policías federales él solo. Los testimonios que le sitúan en otro lugar a esa hora no fueron tomados en cuenta. El único testigo que le sitúa en la balacera lo reconoce a pesar de que supuestamente llevaba un pasamontañas.

Existe la posibilidad de que el presidente Enrique Peña Nieto le conceda el indulto al maestro chiapaneco. ¿No deja eso en mal lugar a la Corte? ¿La gente no entendería que quien tiene que impartir justicia no la imparte y la deja en manos de un decretazo del Gobierno? “Están agotadas todas las instancias judiciales. Tenemos un marco constitucional y penal que respetar”, insiste Sánchez Cordero.

Y es cierto, pero dentro de ese marco solo están los más favorecidos, los que pueden pagarse un buen abogado, o al menos uno no tan malo, y de ello es consciente la propia Sánchez Cordero. A los demás no les queda más que estar al margen de la justicia. ¿Cuántos habrá como Patishtán sentados en el catre de una cárcel sin que nadie se acuerde de ellos porque no tuvieron un defensor en toda la extensión de la palabra? ¿Cuántos son Patishtán en México?