El proceso de paz colombiano, a contrarreloj

Un aire de optimismo se respira en las conversaciones de paz que el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC mantienen desde hace ya casi cuatro meses en La Habana. Portavoces de ambas partes han hablado en las últimas semanas de avances sustantivos, principalmente en el problema agrario, epicentro del conflicto armado que sufre este país desde hace décadas. Sin embargo, el optimismo de los negociadores contrasta con el escepticismo de una opinión pública que, según las encuestas, no ve cerca el final del túnel y no asimila que se hable de paz sin que exista un cese el fuego.

El representante del Gobierno en las conversaciones, el ex vicepresidente Humberto de la Calle dijo recientemente que ya se han llegado a acuerdos sobre el primer punto de la agenda, el tema agrario, y las FARC han precisado que en ningún intento de paz anterior se había avanzado tanto como ahora. En concreto, los avances tienen que ver con el acceso y uso de la tierra, con las tierras improductivas, con la formalización de la propiedad, la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva. No hay más detalles debido al hermetismo de las partes.

Sin embargo, el optimismo de Cuba está lejos de sentirse en Colombia. La última encuesta realizada por Gallup el pasado febrero revela que el escepticismo crece entre los colombianos. Preguntados si creían que se iba a llegar a un acuerdo de paz con las FARC, el 65% respondió que no, y el 67% afirmó que el manejo de la situación por el presidente Juan Manuel Santos está empeorando. A favor del desánimo de la opinión pública juega el contraste entre el silencio del Gobierno sobre lo que sucede en La Habana y el despliegue mediático de la guerrilla. Además, los colombianos no acaban de asimilar que se negocie en medio de la guerra y se resienten cada vez que la guerrilla ataca, como ocurrió en enero cuando secuestró a dos policías y un soldado.

Tampoco ayuda el hecho de que Santos un día habla de que la paz está cerca y el siguiente amenaza con levantarse de la mesa si no hay avances. Para el parlamentario liberal, Guillermo Rivera, que forma parte de la Comisión de Paz del Congreso y que ha estado abanderando leyes a favor de víctimas de la violencia, esta actitud del presidente daña al proceso. “Las encuestas le han convencido de que esa ambigüedad es una estrategia equivocada. El Gobierno tiene que jugarse sus restos por el proceso de paz y eso implica no solo que salga el acuerdo, sino que la opinión crea en el proceso”.

Santos se dirige a los que apoyan los diálogos de paz pero también a los que se oponen, encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe, quien afirma que la seguridad en el país se ha deteriorado. Por esa razón, si no es Santos, es su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el que recuerda con insistencia que no habrá un alto al fuego.

El analista Juan Carlos Palou de la Fundación Ideas para la Paz, un centro de pensamiento independiente creado por empresarios, opina que “persiste una actitud un tanto vergonzante de Santos frente al proceso de paz, debido al pánico que le genera la oposición uribista. Esa actitud implica que se pierden oportunidades para mostrar las ventajas de un resultado exitoso de la negociación”.

El camino para poner punto final a la guerrilla más antigua de América Latina es largo. Tras el problema agrario habrá que avanzar en otros puntos como la participación política, el fin del conflicto, el narcotráfico y las víctimas. Pero el tiempo corre en contra. Santos ha insistido en que hay que ponerle más ritmo a las negociaciones y su hermano Enrique, que jugó un papel clave en la etapa exploratoria de este proceso, ha llegado a afirmar en un foro en Washington que el futuro de los diálogos depende de la reelección presidencial porque es incierto que otro presidente los apoye.

En marzo de 2014 se elegirá nuevo Congreso y en mayo, nuevo presidente. Hace una semana una comisión de cinco congresistas, entre los que estaba el presidente del Senado, Roy Barreras, viajó a La Habana autorizada por Santos para recordarle a las FARC que para que el Congreso actual ratifique los posibles acuerdos a través de una reforma estatutaria, deben tener en cuenta ese calendario.

“Gobierno y FARC tienen entre marzo y julio para firmar el acuerdo de paz. O la paz se hace ahora o no se hará por las inevitables circunstancias de tiempo”, dijo Barreras. Según estos cálculos, la reforma estatutaria tiene que ser presentada al Congreso a más tardar en agosto, si es que las FARC quieren participar en política el próximo año.

Si esto no ocurre, los críticos de las negociaciones, que están abogando por una lista al Congreso encabezada por Uribe, podrían tener su oportunidad en el futuro Parlamento e impedir la ratificación de un posible acuerdo de paz. ¿Tendrán en cuenta las FARC los tiempos electorales? Tradicionalmente la guerrilla ha rechazado las presiones coyunturales. Sin embargo, Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC, aseguró el miércoles que harán “todo lo posible” por concluir las negociaciones este año.